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Red Internacional

La introducción de la objeción de conciencia en el proyecto de legalización del aborto, reclamada por las instituciones con ideario religioso, vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de que Iglesia y Estado sean asunto separado.

Pablo Herón@PhabloHeron

Miércoles 9 de diciembre de 2020 | 23:05

El proyecto que llega a la Cámara de Diputados fue modificado en el plenario de comisiones que emitió dictamen, incluyendo entre sus artículos la posibilidad de que la totalidad de profesionales de una institución sean objetores de conciencia.

Este artículo, sumado a último momento, está claramente hecho a la medida de las iglesias y constituye un cambio sustancial en comparación al proyecto que obtuvo media sanción en Diputados hace dos años que sentenciaba expresamente: “Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario”.

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¿Qué implica esto? Instituciones de la salud que pertenecen a la Iglesia Católica y otros credos podrían negarse a practicar interrupciones legales del embarazo. En localidades de todo el país, donde a diferencia de las grandes ciudades el sistema sanitario es mucho más reducido, miles de mujeres y personas con capacidad de gestar verán obstaculizada la posibilidad de acceder a un aborto. Como sucede en Uruguay, podrían tener que viajar a otras localidades para realizarse la práctica.

Este tipo de limitaciones ligadas al “ideario” ya se encuentran en otras leyes como la de Educación Sexual Integral, sancionada en el 2006, cuyo artículo 5 le permite en los hechos no aplicarla por “respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.

Iglesia y Estado: asunto separado

La injerencia de la Iglesia en la legislacion pública tiene su fundamento en la obligación establecida en la Constitución Nacional de sostener al culto católico. Pero no son solo relaciones políticas.

Se estima que en los últimos años del presupuesto nacional se destinaron aproximadamente 130 millones de pesos anuales en asignaciones para un total de 140 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1.200 seminaristas. Según lo que informó a principios de 2018 el jefe de gabinete del macrismo, Marcos Peña, las asignaciones para los obispos diocesanos rondaban los $ 46.800, y la de los auxiliares los $ 40.950.

Este financiamiento estatal tiene origen en decretos-ley emitidos durante la última dictadura cívico, eclesiástica y militar que podés leer detalladamente en esta nota. Ninguna de estas leyes fueron derogadas bajo los gobiernos electos desde 1983 en adelante.

Pero además, la institución cuenta con múltiples lazos a nivel nacional con gobernadores, intendentes, diputados y senadores. Desde la votación del aborto hace dos años viene conquistando paso a paso cada vez más injerencia en el Estado, junto a las iglesias evangélicas.

En 2018 Verónica Magario creó una subsecretaría de culto en La Matanza. El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, llegó a declarar la provincia como “pro-vida”. Durante la pandemia, desde Chaco Jorge Capitanich impulsó el programa “Cristianos a Ayudar” en coordinación con las jerarquías evangélicas, para que 1.500 personas recorran hogares en barrios pobres. En Formosa se dan clases religiosas en los colegios públicos sin autorización de las familias.

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A principio de año las Iglesias, junto a los movimientos sociales, se sumaron a las mesas de crisis que impulsó el ejecutivo por la pandemia y la debacle económica.Desde el Gobierno recientemente afirmaron que a pesar del tratamiento del aborto, se busca mantener buenas relaciones con la institución. El dato no es menor, en medio de la crisis y posibles estallidos sociales, la necesita como aliada clave para la contención social de los más pobres.

Es en este marco es que el proyecto de legalización del aborto llega a la Cámara de Diputados con concesiones hacia las instituciones religiosas. Por eso se vuelve urgente retomar las calles por la separación de la Iglesia del Estado.




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