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Red Internacional

Solicitan también anular la falta de mérito dictada en 2015 al antiguo dueño del diario "La Nueva Provincia", a la luz de pruebas que no se habían incorporado en aquel fallo y testimonios producidos en el marco de la causa Triple A. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos consideró que Massot "conocía abiertamente" la existencia y finalidad del plan de "aniquilamiento de opositores políticos, y realizaba aportes para su exitoso cumplimiento".

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Jueves 15 de septiembre | 22:10

En un dictamen firmado por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y el auxiliar fiscal Pablo Fermento, la Unidad Fiscal volvió a solicitar la anulación de la falta de mérito dictada en 2015 del antiguo dueño del diario La Nueva Provincia (ahora llamado La Nueva). Esto es algo que ya había planteado en 2020, junto con la ampliación de su declaración indagatoria y la producción de nuevas medidas probatorias que incorporaran pruebas que no estaban disponibles en aquel momento y en las audiencias de la causa Triple A.

En aquella ocasión ya señalaban evidencias que ahora resaltan los fiscales: en 2016, habían sido hallados, en el marco de la causa por la Operación Cóndor, documentos que enviaba a la DINA el ex servicio de inteligencia chileno Arancibia Clavel. Los memorandos muestran a Massot como su contacto y amigo, con quien intercambiaba información, coordinaba operaciones ideológicas y fraguaba supuestos enfrentamientos para justificar asesinatos de opositores políticos chilenos en Argentina. El ex agente de inteligencia había dejado asentado que Massot le había pedido información para una “campaña en los medios que él controla sobre la penetración soviética en América Latina”

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Durante la causa Triple A también quedó de manifiesto la profunda vinculación del diario con la sangrienta “limpieza” de curas tercermundistas entre los salesianos de Bahía Blanca. "Muchos de los que hoy se lamentan están recogiendo lo que sembraron (...) quien siembra vientos recoge tempestades", expresaba con contundencia el diario de Massot, reivindicando el asesinato de Carlos Dorñak, que era vicerrector del instituto Juan XXIII, junto a otros secuestros y ataques a religiosos progresistas. Las mismas palabras que usó el diario aparecían en una amenazadora carta a la semana de aquel asesinato, firmada anónimamente por “30 cristianos” que reclamaban “una buena limpieza” en el instituto salesiano.

En esta ocasión los fiscales vuelven a plantear la responsabilidad del empresario y su familia en los crímenes de los obreros gráficos Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich, secuestrados el 30 de junio del 76 y luego torturados y asesinados. Y expresan que Massot los consideraba parte de un “soviet enquistado en la empresa".

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Como a los nazis

También señalan con contundencia que Massot no fue blanco ni objeto sino sujeto activo del "plan estatal de acción psicológica": Fermento y Palazzani expresan en su dictamen que "conocía abiertamente su existencia y finalidad -el aniquilamiento de opositores políticos-, y realizaba aportes para su exitoso cumplimiento, los cuales eran voluntarios, conscientes, libres y bajo plena consustanciación”. También señalan que dos años antes de iniciarse la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, Massot se encargaba de coordinar estas operaciones con los servicios de inteligencia. Y esta información la valoran junto a la consideración de los vínculos de la familia Massot y su empresa de medios con autoridades represivas como los generales Suarez Mason, Acdel Vilas, y Osvaldo aspitarte o incluso con uno de los entonces jefes de la nefasta Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que también actuaba como jefe de seguridad del medio de los Massot.

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Los fiscales en su dictamen citan artículos del diario que son elocuentes respecto al rol que jugó este medio en el plan de represión y exterminio de opositores: “es preciso ganarles la guerra. Y ésta debe librarse en todos los campos donde se presente, sin descanso, ininterrumpidamente, hasta tener certeza de que han sido aniquilados” decía La Nueva Provincia el 25 de abril de 1976.

En definitiva desde la Unidad Fiscal consideraron que "la campaña mediática de La Nueva Provincia no puede calificarse ni como una mera labor informativa en ejercicio de la libertad de expresión, ni aún como un discurso de odio penalmente no punible, siendo lisa y llanamente un claro llamamiento al exterminio”, y de este modo fundamentan la aplicación de los precedentes del Tribunal de Núremberg en relación al juzgamiento de responsables de la propaganda nazi, y también el del Tribunal Penal Internacional para Ruanda para el juzgamiento del delito de "instigación al genocidio".

Siguen pasando años y gobiernos, y continúa la impunidad empresarial en relación a los crímenes de la Triple A y la dictadura genocida. La impunidad biológica alcanza a muchos responsables civiles y militares, en las instituciones represivas permanecieron en funciones muchos genocidas, algo que los gobiernos dejaron correr porque tienen cosas por ocultar, y hasta responsabilidades compartidas. También sigue sin conocerse el paradero de cientos de personas que fueron apropiadas cuando eran bebés o niñxs. Sigue siendo necesario pelear por la apertura de todos los archivos secretos que conservan el Estado, la Iglesia y distintos organismos represivos y de inteligencia.

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