Economía

OPINIÓN

Políticas laborales y precariedad bajo el kirchnerismo

Desde el gobierno nacional se presenta la política laboral aplicada durante la última década como una reversión de la flexibilización y precarización. Sin embargo, el análisis a fondo desmiente este planteo.

Esteban Mercatante

@EMercatante

Miércoles 24 de junio de 2015 | Edición del día

Ilustración: Natalia Rizzo

En el balance que el propio kirchnerismo hace de estos doce años de gobierno, las políticas laborales ocupan un lugar destacado. El aumento del salario mínimo, la revitalización de las negociaciones colectivas son piezas centrales. En este balance positivo el gobierno incluye también la sanción de más de 50 leyes laborales desde 2003 hasta acá, como informaba el ministro de Trabajo Carlos Tomada en una reciente entrevista.

Reformas laborales que reafirmaron la precariedad

En los balances de la década y pico del kirchnerismo, es muy común que se busque hacer pasar la parte por el todo. Así ocurre también con la manera en que se presentan las reformas laborales de la década, como una reversión de la avanzada contra los derechos de los trabajadores ocurrida durante la década del noventa.

Pero si bien la nueva normativa modifico los aspectos relativos al derecho colectivo del trabajo, tendió a convalidar los mecanismos previamente establecidos en lo referente a los principales aspectos que constituyen la flexibilización laboral.

En el número 20 de la revista Ideas de Izquierda de junio, con un dossier dedicado al movimiento obrero y las “novedades” del accionar empresario -con apoyo sindical y estatal- para minar conquistas y atacar a los sectores del sindicalismo combativo de los lugares de trabajo, Clara Marticorena realiza un análisis de los rasgos centrales de la legislación laboral durante el kirchnerismo. Allí demuestra que “el gobierno del Estado dejó de promover leyes flexibilizatorias pero no revirtió el legado de la reestructuración capitalista, a través de reformas parciales en la legislación sancionada en los ‘90 y de la homologación de convenios y acuerdos colectivos que incluyen distintas modalidades de flexibilización horaria, contractual y en la organización de funciones y tareas, las cuales han operado en muchos casos como ’moneda de cambio’ de los aumentos nominales de salario logrados por los trabajadores en paritarias”. La autora agrega que “los cambios legales se vincularon fundamentalmente con las condiciones salariales y de contratación sin avanzar centralmente sobre la organización del proceso de trabajo”.

La precariedad de la fuerza de trabajo fue así preservada en varias de sus formas, permitiendo que se expandiera sobre los nuevos sectores que recuperaron el empleo. Con precariedad laboral nos referimos no sólo a su expresión más saliente, el empleo no registrado o en “negro”, que hoy afecta a un 32 % de la fuerza de trabajo (por debajo del 50 % de 2002 pero con un piso muy alto), sino también a una amplia gradación de condiciones de deterioro que se encuentran entre este extremo de precariedad y el contrato de trabajo por tiempo indeterminado con plenos derechos.

La precariedad en el empleo registrado

Los contratos “basura”, establecidos por un plazo determinado, se multiplicaron en los últimos años en todos los sectores de la economía: comercio, gastronomía, servicios, agroindustria, construcción. Estas variantes de trabajo precario pero formal alcanzan incluso a algunos de los sectores de más vigoroso crecimiento, como es el caso de la industria automotriz. Cuando esta comenzó a recuperar sus niveles de ocupación tras la abrupta caída del período 1998-2002, estableció para los nuevos ingresos a planta formas de contratación que se caracterizan por tener un plazo temporalmente limitado e “implican para el trabajador una situación de alta inestabilidad en su ocupación” (Gentile y Vidosa, 2013). Si tomamos por ejemplo el sector automotriz, allí sucesivos acuerdos del SMATA con las automotrices permitieron que “todas las innovaciones flexibilizadoras que introdujeron en los años ‘90 los convenios colectivos de las nuevas radicaciones empresariales, que, si bien no pudieron en este caso aplicarse al conjunto de los trabajadores, sí se establecieron para los nuevos trabajadores que se incorporasen a partir de ese momento” (Guevara, 2012). El resultado es que se avanzó aún más en la fragmentación “distinguiendo entre nuevos ingresos y viejos, sumándose a la diferencia entre contratados y efectivos” (Guevara, 2012).

El trabajo eventual, a través de las prestadoras como Adecco o Manpower, también siguió floreciendo durante esta década.

Junto con los contratos a término y otras variantes que florecieron en los noventa y siguieron creciendo, tenemos la tercerización o subcontratación, que “consiste en el encargo o la entrega de una determinada actividad periférica, eventual o secundaria, de una empresa principal para ser realizada de manera autónoma, por una empresa subcontratada” (Neffa, 2013). Aparte de que reduce costos e incrementa la flexibilidad para las empresas, la tercerización segmenta la fuerza de trabajo y contribuye así a favorecer la disciplina en el ámbito laboral. En algunos casos la tercerización permite incorporar trabajadores de otros gremios con sueldos de convenio más bajos, como ocurre en numerosas compañías petroleras, como PAE, que emplean trabajadores encuadrados en UOCRA. Como quedó destapado por la investigación del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra en 2010 a manos de la patota de la Unión Ferroviaria -comandada entonces por José Pedraza-, la burocracia sindical es activa participante en la tercerización, creando en todos los rubros numerosas empresas que lucran con la misma.

De esta forma, al mismo tiempo que durante los años del kirchnerismo se produjo las reformas de algunas leyes y el impulso de la negociación colectiva -en buena parte una respuesta a una presión “desde abajo” del movimiento obrero, que mostraba en 2004 una efervescencia que impuso la necesidad de dar respuestas para encauzarla-, se expandieron en el colectivo obrero las condiciones más degradabas de contratación, alcanzando a mayores porcentajes de los trabajadores registrados que en cualquier momento previo.

Política de Estado

No es extraño que la “lucha” contra el empleo precario arroje estos resultados al cabo de una década, cuando el propio Estado aplica a gran escala estas formas de contratación degradas. En el caso del empleo público, la contratación a término (10% de la planta nacional) convive con un sector no registrado (12% de los empleados públicos de todo el país), y con formas tercerización, así como el ocultamiento de la relación de dependencia bajo la contratación por locación de servicios. A nivel nacional la inestabilidad laboral afecta al 26,4% de los trabajadores estatales.

Fuentes

  •  Gentile, Julia, y Vidosa, Regina (2013), “Transformaciones en el mercado de trabajo y la estructura productiva en Argentina durante la post-convertibilidad: el caso de la industria automotriz”, Congreso ASET, Buenos Aires.
  •  Guevara, Sebastián (2012), “Reactivación de la movilización obrera en la industria terminal automotriz (2004–2011). Recuperación parcial del salario con persistencia en la flexibilización laboral”, Trabajo y Sociedad 19, Buenos Aires.
  •  Neffa, Julio César (2013), “La tercerización y la subcontratación como características del nuevo modo de desarrollo”, Congreso ASET, Buenos Aires.





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