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Red Internacional

Renunciará el Jefe de la Policía, mientras se presume que dos uniformados abusaron a una chica de 14 años. ¿Qué política tiene el gobierno sobre la crisis policial? ¿Se puede reformar la policía? ¿Qué propone la izquierda?

Cecilia Rodríguez@cecilia.laura.r

Viernes 19 de agosto de 2016 | Edición del día

Diseño de imagen: Florentina Vivas

Bajo el gobierno de Bonfatti, los primeros escándalos narcopoliciales tomaron desprevenidos a los funcionarios de la Casa Gris. Sin medir la gravedad de las acusaciones que pesaban sobre el ex Jefe de la Policía Hugo Tognoli, lo defendieron encendidamente tanto en sus discursos como en la práctica: el estudio del hijo del radical Mario Barletta le puso el abogado defensor. Cuando el incendio avanzó, le soltaron la mano.

Desde ese momento hasta hoy, los Jefes policiales duran en promedio menos de un año. En los últimos cinco años, se cambiaron seis veces las cúpulas, con resultados iguales a sí mismos.

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Pero el gobierno fue perfeccionando una política de “reducción de daños”. Daños, claro está, a la imagen del ejecutivo. Primero empezó la fiebre de crear policías por doquier: la misma policía, pero con nombres más amigables como Policía Comunitaria, o que suenan más profesionales como Policía de Acción Táctica, cuyo debut en las calles terminó con el asesinato de Jonatan Herrera. Ahora está de moda hablar de “control político” de la fuerza, lo que parece reducirse a poder prever por donde vendrá el próximo escándalo y negociar una salida diplomática antes de que la chispa sea incendio.

Eso sucedió con Bruschi. Las dos alertas fueron la investigación por desvío de fondos públicos en el Departamento de Logística D4 (fondos que eran para reparar patrulleros y que se iban, aparentemente, a los bolsillos de policías y personal civil) y fraudes con las horas extras del personal policial. Antes de que la sangre llegue al río, el Jefe se tomó una licencia y eventualmente renunciará. Provisoriamente se encuentra Luis Amaya, que, llamativamente, era uno de los mandos medios que ahora elije el Ministerio de Seguridad directamente. Bajo su comando como Jefe del Nodo Rosario hubo 16 casos de gatillo fácil.

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Control político y reformas

Es justo decir que la política de los últimos dos Gobiernos hacia la crisis policial no entró siquiera en la categoría de reforma. Se limitaron a cambios cosméticos. Lo más audaz que intentó Lifschitz fue que la Legislatura refrendara la designación de los Jefes de la Policía, algo en lo que fracasó.

Una propuesta más desarrollada fue planteada por el Diputado Provincial Carlos Del Frade, del Frente Social y Popular. Su idea es que la designación de todos los jefes policiales pase al ámbito de la Legislatura provincial. De esta manera se garantizaría, según el diputado, un mayor control político porque cualquier escándalo afectaría a todos los bloques. Sin embargo, cabe preguntarse si una legislatura compuesta mayoritariamente por la derecha de Cambiemos, por el Partido Socialista que encumbró y defendió a Tognoli y por el peronismo que, durante el último gobierno, endiosó a la gendarmería como fuerza de choque y represión contra los trabajadores de la mano de Sergio Berni, tiene algún interés en controlar a la policía.

El problema de este tipo de propuestas es que parte de una visión ideal de la policía, como “protectora” de la “sociedad civil”. Por lo tanto, solo hay que controlarla para que no sea corrupta. El hecho de que esa visión “ideal” de la policía no se haya materializado en ningún país del mundo no parece advertir a quienes promulgan tales políticas de la inaplicabilidad de la vía reformista. Incluso han fracasado intentos de reformas más importantes, como la de León Arslanian en Provincia de Buenos Aires.

En realidad, el objetivo de la policía no es “proteger a la sociedad civil” sino defender la propiedad de los grandes empresarios, por eso COTO obtiene custodia policial para violar la Ley de Descanso Dominical que votó ¡la propia legislatura! Como consecuencia de este objetivo primordial está el objetivo de ejercer un férreo disciplinamiento social en los barrios populares, para evitar que ese contraste aberrante entre pobreza y torres de lujo -a lo que se agrega ajuste y tarifazo- se convierta en movilización social.

La corrupción es una enfermedad endémica de este esquema y se pueden rastrear casos en el Ejército, la Gendarmería, la Prefectura, es decir, en el conjunto de las fuerzas represivas. En el caso de la policía suelen ser más agudos por estar ligada al territorio urbano. Así, por intereses económicos y negocios, pero también como forma de control social, la policía organiza el narcotráfico, la trata de mujeres, los robos para quedarse con una tajada, los desarmaderos de autos, además de todas las vías de corrupción posible con los fondos del Estado.

A esto se le suman otros hechos, no necesariamente vinculados a negocios económicos, pero sí a la impunidad. Los policías son personas con poder, portan armas, son los primeros en la escena del crimen, son los que reciben la denuncias. Pueden “dibujar” un caso de gatillo fácil como un enfrentamiento, omitir elevar a la fiscalía denuncias por violencia de género o desapariciones de personas, protegerse entre sí en el caso de cometer ilícitos y atemorizar a las víctimas de los mismos para que no los denuncien. Mensajes mafiosos como los hallazgos de cuerpos en el Río Paraná, apelando a las peores reminiscencias de la dictadura genocida, son parte de este siniestro combo. En este ambiente se suceden hechos aberrantes como el secuestro y violación de una chica de 14 años cuando salía del Colegio: los familiares denuncian que los responsables son policías.

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El meollo del problema es que, incluso desde el punto de vista de los gobiernos que quisieran una policía menos delincuente para no pagar costos políticos, no se pueden atacar los negocios de la policía sin desnaturalizar su rol represivo, desprestigiándola ante las masas. Por eso las políticas estatales tienden a contener, disimular, controlar el escándalo, pero no atacarlo de raíz.

Es por eso que tampoco tienen cabida propuestas como la “elección por voto popular de los comisarios” que plantean también sectores del Frente Social y Popular o incluso fuerzas como Izquierda Socialista y el Partido Obrero, que integran el Frente de Izquierda junto al Partido de los Trabajadores Socialistas. Éste último no comparte la política de voto a los comisarios, que ya existe en EEUU sin que los policías dejen de asesinar, perseguir y detener a la población afroamericana solo por el hecho de tener un determinado color de piel o nacionalidad.

Y entonces ¿qué hacer?

Estas políticas de reformas no sirven para resolver las crisis policiales, pero sí sirven para generar la ilusión de que la policía es reformable. Y esta ilusión es la peor enemiga para resolver el problema, porque oculta los objetivos, contenidos y formas que adquiere la policía en nuestras sociedades.

Lamentablemente, no hay soluciones sencillas para un tema tan complejo y acuciante. En tanto no pueda reemplazarse la fuerza policial por organismos democráticos de los trabajadores y el pueblo, que, partiendo de atacar la desigualdad y la propiedad privada propia del capitalismo, organicen sobre otras bases la cuestión de la seguridad y la prevención del delito; en tanto ésto no esté planteado, de lo que se trata es de deslegitimar a las fuerzas represivas ante los ojos de los trabajadores. Lo más efectivo que se puede hacer es acompañar a los familiares que luchan contra el gatillo fácil, a las familias que denuncian a los policías violadores de adolescentes, a las familias que denuncian la complicidad policial con el narcotráfico.

También es necesario combatir el discurso que promocionan los medios de comunicación hegemónicos, como es el caso del diario La Capital de Rosario, que en el caso de Pichón Escobar tiene una marcada predilección por los policías y patovicas acusados de su asesinato y en el caso de la joven abusada vierte una seguidilla de versiones confusas tratando de desviar la atención sobre las más que probables responsabilidades policiales.




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