Plan de Desarrollo Humano Integral: la ilusión de un “Plan Marshall criollo”

Movimientos sociales, sindicatos presentaron un plan que permitiría crear empleo a través de la obra pública. Se estima una inversión pública de 2,5 puntos del PBI por año, una suma similar a lo destinado en intereses de deuda.

Redacción

Miércoles 12 de agosto | 08:29

Este lunes se presentó el Plan de Desarrollo Humano Integral, un programa que apunta a la creación de empleo (4 millones de puestos de trabajo), mediante la obra pública, y desarrollo del transporte de cargas.

La propuesta es de Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien lo presentó como un “Plan Marshall criollo”, y fue acordada con los dirigentes sindicales como Gerardo Martínez (UOCRA), Pablo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (SMATA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento).

El plan lo conversaron con el presidente en mayo, y también con la vicepresidenta Cristina Fernández, informaron sus voceros.

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Grabois lo presenta como un “Plan Marshall criollo”, pero está lejos de esa magnitud. Dicho plan se implementó en 1947 y constituyó una enorme inyección de capital por parte del Estado norteamericano sobre las economías arruinadas de Europa. Estados Unidos destinó más de 13.000 millones de dólares entre 1948 y 1951, a valores de hoy serían 90.000 millones de dólares (un monto que es mayor todo lo que exporta Argentina en un año).

Principales puntos del plan

El programa incluye medidas como la realización de obras públicas, de cooperativas de recicladores y de circuitos de cuidado, la urbanización de barrios, la creación de colonias agrarias, y el desarrollo de polos textiles.

El Estado sería el empleador y se remuneraría con un salario social complementario, que hoy ronda los $10.000 por trabajos con una carga mínima de 60 horas mensuales. El plan propone reconocer a los inscriptos en el Registro de Trabajadores de la Economía Popular los aportes jubilatorios, obra social, Aseguradora de Riesgos de Trabajo, y el derecho a sindicalizarse. Se tratan de derechos elementales para un empleo formal y con un salario que es insuficiente para llegar a fin de mes.

Se detalla la creación de 4 millones de trabajos garantizados y 170 mil empleos registrados.

El plan proyecta que se destine desde el Estado 750 mil millones de pesos por año, que representa 2,5 puntos del PBI. Una suma que representa lo mismo que lo que se destinó al pago de intereses de deuda en el período 2000-2019 (promedio sin considerar los años 2002-2004).

Según explica la propuesta, “parte de la inversión se autofinanciará a través de programas ya existentes (Salario Social Complementario, Hacemos Futuro y Tarjeta Alimentar, cerca de 128 mil millones de pesos anuales)”. Lo restante se financiará “a través del retorno fiscal neto de la inversión de los programas actuales (el 36 %), más una afectación específica del Impuestos a los Bienes Personales, una pequeña reforma del Impuesto a las Ganancias, un aumento del Impuesto a las Bebidas Azucaradas y otra parte a través del esfuerzo fiscal adicional del Estado Nacional”. ¿Estará dispuesto el Gobierno a destinar esa suma a la obra pública? ¿Podrá avanzar en modificar dichos impuestos cuando hace meses que no presenta el proyecto de impuesto a las grandes fortunas?

Creación del Fondo Fiduciario Mugica “para financiar el desarrollo del plan y los módulos de trabajo comunitario asociados”.

Si la prioridad es la deuda ¿cómo se realizaría este plan?

La economía local se encuentra en una situación crítica. A pesar de la crisis por la pandemia, el Gobierno mantuvo las negociaciones de la deuda y alcanzó un acuerdo con los bonistas. En la pulseada cedió una suma millonaria con respecto a la primera oferta de abril.

Lo que se viene es la negociación con el FMI, y su historia con el país adelanta que exigirá reducción fiscal, y reformas como la laboral y previsional. ¿Cómo llevaría adelante el plan el Gobierno si acata las condiciones del Fondo?

Fernández podría otorgar medidas que apunten a mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador, pero para eso hay que dejar de honrar la deuda y afectar los intereses de la clase dominante, de los que más ganaron en los últimos años como los bancos, las privatizadas, las patronales agrarias, entre otros. Sin avanzar por este camino, es una ilusión hablar de un plan que impulse el empleo en medio de una crisis sanitaria, económica y social.

El Gobierno prometió presentar un proyecto a las grandes fortunas, pero aún no se presentó en el Congreso. Sólo la propuesta del Frente de Izquierda está en el parlamento y no se quiere tratar, que propone gravar sólo al 0,03 % de la población del país. Se podría recaudar unos 15.000 millones de dólares.

Con lo recaudado se podría otorgar un salario de $ 30.000 para cuatro meses para 8 millones de personas, adquirir material sanitario para 200.000 contagios (incluye camas, hospitales modulares, equipamiento médico y hospitalario, etc.), y la construcción de 100.000 nuevas viviendas.

Este proyecto es una medida de emergencia ante la crisis sanitaria del coronavirus y es parte de un conjunto de medidas, como el desconocimiento soberano de la deuda ilegal e ilegítima, planteadas dentro de la perspectiva de dar una salida de fondo a la crisis nacional.

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