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Red Internacional

Por la explotación laboral de 31 trabajadores y trabajadoras rurales, la fiscalía federal pidió el juicio oral para un empresario y otras siete personas, entre ellas dos gendarmes que actuaban como "seguridad" en el lugar. Una de las trabajadoras murió en 2019 por hantavirus debido a la gran cantidad de roedores que habían en el lugar, por lo que se pidió que el empresario sea juzgado también por homicidio. Esclavitud y crimen laboral en pleno Siglo XXI y en plena pcia. de Buenos Aires.

Viernes 22 de abril | 10:21
Foto: Chaco día por día

Tras los allanamientos realizados en diciembre de 2019 en la explotación avícola ubicada en la localidad bonaerense de Cañuelas, se dio a conocer como eran sometidas a trata laboral 31 trabajadores y trabajadores, en condiciones dignas de ser llamadas inhumanas.

Tal era la gravedad de la situación, que una de las trabajadoras murió por hantavirus debido a la gran cantidad de roedores que había en el lugar. Las víctimas no tenían
libreta rural, cobraban remuneraciones de miseria y no se les proveían ropa ni elementos de seguridad adecuados para el trabajo que realizaban.

Algunos de esos trabajadores vivían en un micro abandonado sin ningún servicio, mientras que otros habitaban viviendas con agua de pozo, gas y energía pero consumo era controlado por los supervisores del lugar.

La situación sanitaria del lugar era de terror, se encontraron gran cantidad de pollos muertos amontonados en la entrada de los galpones donde se criaban las aves, además de gran cantidad de roedores de cuales algunos estaban muertos y en descomposición debido a los agrotóxicos que se utilizaban para la fertilización de la tierra.

En el momento en que se allanó el lugar en 2019, las víctimas pudieron contar lo que vivían y los familiares de la trabajadora fallecida en octubre de ese mismo año denunciaron que ni siquiera los patrones se hicieron cargo del sepelio y el traslado del cuerpo a Paraguay, y que cuando regresaron a trabajar fueron despedidos.

Los fiscales federales Cecilia Incardona y Marcelo Colombo, titulares de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) respectivamente, le solicitaron al juez federal Luis Armella que envíe a juicio oral a las siete personas imputadas por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada en perjuicio de treinta y un trabajadoras y trabajadores. Solicitaron además que el dueño del predio sea juzgado por el homicidio de la trabajadora que falleció por hantavirus y que otra mujer lo haga por encubrimiento.

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Las otras siete personas que solicitaron sean juzgadas son dos hijas del empresario que eran administradoras del lugar, de varios colaboradores del mismo y de dos oficiales de la Gendarmería Nacional que prestaban servicios como "seguridad" en el lugar. La fiscalía determinó que pudo comprobarse la captación, recepción y acogimiento de los trabajadores, así como su explotación laboral.

La trata de personas con fines de explotación laboral existe en distintos lugares del país bajo el amparo estatal. En este diario publicamos este mismo miércoles otro caso en una ladrillera de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Las Heras.

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Es imposible que esto suceda sin que el Estado lo avale, si hasta pone gendarmes y otras fuerzas de "seguridad" a disposición de los empresarios explotadores. En el caso de Cañuelas como en todos los demás, las víctimas están años sometidas y cuando logran denunciar, pasan más años esperando hasta que los responsables, en el mejor de los casos, sean sometidos a juicio.

Por eso en el delito de trata laboral el Estado es responsable.




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