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BRASIL // CRISIS PETROBRAS

Petrobras propone la reducción salarial y de derechos laborales

Al día siguiente de la reducción en la calificación de la deuda brasilera el banquero Bendine, al frente de la presidencia de Petrobras, dio una señal al mercado: avanzar sobre los derechos de los trabajadores petroleros preparando el camino hacia su privatización y haciendo pagar a los trabajadores la crisis originada por la corrupción de sus altos directivos. La propuesta del gobierno de Dilma hacia los petroleros representa el mayor ataque a los derechos laborales que se tenga noticia, afectando incluso a la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT) implementada bajo el gobierno de Getulio Vargas. Este anuncio se da al mismo tiempo que Petrobras fragmenta el acuerdo colectivo entre las diferentes subsidiarias como BR Distribuidora, Transpetro, entre otras, buscando facilitar la privatización.

Leandro Lanfredi

Trabajador petrolero | Rio de Janeiro

Martes 15 de septiembre de 2015 | Edición del día

En una propuesta divulgada por mails a todo el personal Petrobras, la mayor empresa del país, destaca tres medidas centrales: la reducción de la jornada laboral con reducción equivalente del salario y derechos; la reducción en el valor de la hora extra y la institución del banco de horas. Diversos sindicatos, que tuvieron acceso integral a la propuesta, han publicado en sus sitios oficiales otros detalles de esta propuesta draconiana que incluye, además, recorte en las licencias de los dirigentes sindicales.

Disminuir salarios y afectar la Constitución

La primera propuesta jerarquizada por la empresa consiste en adoptar una reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas para aquellos trabajadores del régimen administrativo que tengan horario flexible (los que trabajan en sitios no industriales) junto a la reducción salarial y del aguinaldo y vacaciones que serían recortados en un 25%. Según la propuesta, esta medida sería adoptada mediante acuerdos individuales de cada trabajador y tendrá validez mínima de un año, prorrogable automáticamente salvo decisión del trabajador o la empresa.

La propuesta de la nueva dirección y del gobierno de Dilma es un ataque aún mayor al que propone el Plan de Protección al Empleo (PPE) que está siendo implementado en diversas montadoras. Mientras el PPE, propuesto por el Sindicato de los Metalúrgicos del ABC ligado a la Central Única de Trabajadores (CUT), tiene una discrepancia entre la reducción de la jornada de trabajo y el salario, siendo mayor la reducción de la jornada que la pérdida salarial, compensada por el pago a cargo del gobierno directamente al trabajador, en el caso de Petrobras la pérdida sería proporcional.

Y lo que es peor, mientras que en el PPE el contrato es celebrado mediante votación en asamblea y por tanto es colectivo, en este caso el acuerdo se firma individualmente multiplicando la presión sobre los trabajadores que no acepten la reducción salarial.

Esta propuesta que plantea los acuerdos de forma individual afecta las premisas fundamentales de las leyes de trabajo brasileras, volviendo a relaciones laborales del siglo XIX. Desde la implementación de la CLT en la década del 30, no existen los acuerdos individuales entre patrones y trabajadores, todos son acuerdos colectivos. En medio de la crisis que afecta a la empresa el gobierno quiere alterar los artículos 7° y 8° de la Constitución Federal de 1988 que reglamenta los derechos colectivos de los trabajadores, para volver a instaurar el poder discrecional del jefe y el patrón directamente sobre los empleados, esto en la empresa símbolo del país.

Eliminando derechos y conquistas

Otra propuesta planteada por Petrobras reduce las horas extras del 100% al 80% del salario. Frecuentemente los petroleros deben “duplicar” sus turnos debido a la política de no contratación en la empresa. Dada la frecuencia con la que realizan estas extenuantes jornadas de 16 horas, los petroleros ya cuentan muchas veces con estas extras como parte de sus ingresos y gastos. Ahora sufrirían un importante recorte, que no será acompañado de lo que todos los petroleros demandan: contratación de funcionarios para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo.

Otra propuesta divulgada por la empresa establece el banco de horas. Este dispositivo que actualmente permite a los empresarios burlar la obligación de pagar horas extras está prohibido expresamente en el Acuerdo Colectivo vigente para todo el sistema de Petrobras. En la nueva propuesta el banco de horas sería restituido especialmente para no pagar las horas extras de entrenamiento obligatorio que muchos petroleros deben realizar anualmente según la legislación. Entre estos entrenamientos están los que se vinculan a las brigadas de emergencia, trabajo de altura, trabajo en espacios confinados y otras situaciones de riesgo cotidiano.

Como norma estos entrenamientos son realizados los días de descanso de los trabajadores y como tal son remunerados como horas extras. Ahora la empresa pretende obligar a realizar el entrenamiento y no pagarlo como extras para que luego los trabajadores tomen su día de descanso cuando lo deseen. Afectando fuertemente el derecho constitucional al reposo remunerado.

Bendine y Dilma afectan leyes laborales y preparan la privatización

Otro “innovación” en la negociación de Petrobras este año fue hacerla dividida empresa por empresa dentro del sistema. Es sabido que tanto BR Distribuidora como una parte de los activos gestionados por la empresa de logística Transpetro están en la mira de la privatización. Al plantear que estas empresas tendrán convenios colectivos diferentes al de Petrobras están dando una señal ya desde el acuerdo coletivo que se pretende dar pasos para su venta, rebajando derechos haciéndolas más rentables a los ojos de capital extranjero. Si la propuesta del holding incluye afectar disposiciones constitucionales del derecho laboral, ni imaginar lo que Petrobras prepara para las negociaciones de sus subsidiarias, de las que tiene intención de privatizar.

Basta de confusión: o se defiende a los petroleros y a Petrobras o se está con el gobierno

En medio de este escenario, la principal Federación sindical petrolera, la Federación Única de los Petroleros (FUP) ha dado a las empresas del sistema Petrobras un preaviso de huelga por tiempo indefinido, aunque sin organizar con los trabajadores una fecha efectiva ni la preparación de la misma, convirtiéndola en una maniobra de amenaza de huelga por empresa y no a todo el sistema Petrobras. En las asambleas de base venden la idea de que este plan fue armado por Bendine y no por Dilma, y que buscarían reunirse con la presidenta para disuadirla de este plan privatizador.

Día a día decenas de petroleros tercerizados son despedidos en todo el sistema de Petrobras. Según estimaciones, incluyendo a aquellos que trabajaban en los astilleros y en la construcción de refinerías que se encuentran paradas, más de 100.000 trabajadores del sistema Petrobras han perdido sus puestos de trabajo este año. Este inmenso ataque hecho por Dilma y su banquero Bendine está siendo aplicado sin ninguna resistencia por parte de los sindicatos, especialmente los vinculados a la FUP.

E nivel de los ataques que está siendo orquestados, los despidos de tercerizados, la privatización y los intentos de afectar el derecho a la negociación colectiva dejan en claro que el discurso de la FUP sólo sirve para engañar a los trabajadores y blindar a “su” gobierno. No hay conciliación posible: o se elige estar del lado de los petroleros y por la defensa intransigente de la empresa contra su privatización o se defiende el “más recortes” de Dilma Rousseff.

Es urgente organizar una inmensa batalla de todos los petroleros a la altura del ataque en curso.

O la FUP rompe con el gobierno de Dilma y organiza una fuerte huelga desde las bases o los petroleros deberán superarla. Hay una tarea urgente, organizar un plan de lucha consecuente para enfrentar este ataque, que la FUP y FNP pongan todas sus fuerzas en defensa de los derechos de los petroleros, los tercerizados y contra la privatización de Petrobras.

Dinero para resolver la crisis de Petrobras no falta. La privatización, los despidos masivos de los tercerizados, y el recorte de derechos son decisiones políticas de Dilma y el PT. El dinero para resolver las cuentas de Petrobras debería provenir de la confiscación inmediata de los bienes de todos los corruptos y corruptores, de todos los políticos, gerentes, directores y empresarios involucrados en los escándalos de corrupción que afectan a la empresa.







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