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Red Internacional

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó ayer el 15° informe anual 2021 sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, niñez y salud mental de la provincia de Buenos Aires. Los datos muestran como el gobierno de Axel Kicillof mantiene una política de criminalización, encierro y tortura.

Jueves 22 de julio | 10:59

El organismo presidido por Adolfo Perez Esquivel y Dora Barrancos, cuenta con otros integrantes como Nora Cortiñas, Victor De Gennaro, entre otros y otras. En el texto señalan: "A pesar del descenso de los delitos, aumentaron exponencialmente las aprehensiones y la violencia policial, y las comisarías tuvieron la sobrepoblación más alta de los últimos 15 años.

Según el informe, durante el gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires se profundizó la tendencia de los últimos 20 años: reformas regresivas, discursos punitivistas y crecimiento sostenido de la población detenida.

Es decir, que si bien cuatro años de macrismo empeoraron la situación, desde hace dos décadas que quienes gobernaron la provincia y que son parte de la misma fuerza política que el actual gobernador Axel Kicillof, no resolvieron e incluso profundizaron problemas estructurales en los lugares de encierro: falta de alimentos y medicamentos en el sistema penitenciario, que de hecho recibió al actual mandatario provincial con una huelga de hambre de 16.000 personas detenidas.

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Según el organismo, el poder judicial se resistió a dejar de lado la política de encarcelamiento, asegurando que la excepción fue el fallo del Juez de Casación Víctor Violini, revocado por la Suprema Corte. En el texto la CPM asegura además que la gestión del ministro de seguridad Sergio Berni, consolidó las mismas políticas punitivistas de sus antecesores.

Pero cabe preguntarse, ¿por qué la responsabilidad es sólo de jueces y fiscales y en todo caso de un personaje como Sergio Berni, sostenido en su cargo a pesar de los innumerables casos de gatillo fácil, de la desaparición y posterior muerte de Facundo Astudillo Castro y tantos otros casos?. Berni no se manda solo, es parte de la política del actual gobierno de Kicillof.

Lo cierto es que Berni sigue bancado por el gobernador, al igual que el Ministro de Justicia Julio Alak, nefasto personaje proveniente del duhaldismo, responsable entre otras cosas de la brutal represión a los presos en noviembre de 2020 que dejó un saldo de 1.500 heridos.

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Pero además, el estado de cárceles y comisarías depende en forma directa del Poder Ejecutivo, en especial del Ministerio de Justicia, y como denuncia el informe: "Durante el 2020 los equipos de la CPM y del Punto Denuncia Torturas, realizaron 21.500 entrevistas a personas detenidas o sus referentes afectivos en las que se relevaron 34.500 hechos de tortura o malos tratos; casi la mitad de estas denuncias, más de 16.000, fueron por hechos de violencia o morosidad judicial. Esto confirma la sistematicidad de la tortura como forma de gobierno de la población encarcelada".

Como consecuencia de estas denuncias, el organismo presentó 16.200 escritos judiciales, entre ellos 3.200 habeas corpus individuales y 13.000 acciones urgentes. También se presentaron 120 acciones colectivas por hacinamiento, escasez de alimentos, falta de atención médica, falta de insumos de higiene, protestas, huelgas de hambre, represión, casos sospechosos o positivos de Covid-19.
Es decir, que del hambre, la falta de atención médica, las torturas y un sin fin de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, el gobierno de Axel Kicillof es responsable, más allá del relato.

El informe da cuenta de cual fue la respuesta estatal a los reclamos de presos y presas durante 2020, ante el hacinamiento y las condiciones de encierro a las que son sometidos: "Durante las protestas producidas los días 21 y 22 de abril en las unidades 10 de Melchor Romero y 23 de Florencio Varela y las ocurridas en nueve Unidades de toda la provincia el 31 de octubre y 1 de noviembre, los equipos de la CPM se constituyeron en todas ellas, realizando un seguimiento de las víctimas de la represión los días posteriores. El informe sobre este último hecho habla de la magnitud de lo ocurrido: más de 1.500 personas padecieron represión extrema, torturas y traslados compulsivos. Sobre este universo, en 516 personas se constataron judicialmente un total de 634 lesiones. En 113 casos las lesiones fueron provocadas por postas de goma disparadas contra la cabeza, lo que está expresamente prohibido; 17 personas perdieron un ojo, una ambos ojos y otra parte de su oreja, lo que produjo discapacidades permanentes. Las represalias se vieron incluso en los incendios intencionales provocados por los agentes penitenciarios en los centros universitarios de las cárceles 48 de San Martín y 31 de Florencio Varela.

Y continúa: "Antes de la represión, el Servicio Penitenciario Bonaerense ya había mostrado su accionar criminal provocando y fogoneando la protesta, incitando a los detenidos a subirse a los techos, sosteniendo las escaleras para que lo hagan o abriendo las puertas de los patios sin custodia. También cabe recordar que durante esos hechos falleció Joel Román Carretero por una “lesión sufrida por la caída desde uno de los techos” en la UP 46 de San Martín. En la represión de abril en Florencio Varela, Federico Rey fue asesinado por penitenciarios que dispararon con bala de plomo, a pesar de estar prohibido su uso en el interior de las cárceles".

Casi 9 de cada 10 personas fueron aprehendidas sin haber cometido delitos.

Otro dato alarmante y que refleja el empoderamiento de la policía en especial durante el aislamiento, es que: "Como el mismo gobierno reconoció, los delitos se redujeron en promedio casi un 30 % por efecto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio; sin embargo, crecieron exponencialmente las aprehensiones policiales: de 280.000 en 2019 se pasó a 410.088 en 2020, es decir 130.000 personas más. De estas 410.088 personas aprehendidas, apenas 37.607 (9,2 %) fueron privadas de su libertad por imputación de un delito y sólo 15.249 (3,7 %) ingresaron luego al Servicio Penitenciario Bonaerense porque se les dictó prisión preventiva o fueron condenadas. Es decir, casi 9 de cada 10 personas fueron aprehendidas sin vinculación con la comisión de delitos. Esa hiperactividad y arbitrariedad de las fuerzas policiales en el despliegue territorial tuvo dos consecuencias directas: el aumento de la violencia policial y la saturación de las comisarías como lugares de detención".

Insistimos en que de esto el gobierno bonaerense es responsable directo de esta situación. El informe continúa y señala: "Sólo la CPM registró durante el año 400 casos de violencia policial que involucran 577 hechos y 123 muertes por uso letal de la fuerza en territorio bonaerense. Los casos de gatillo fácil, que terminaron en la muerte de Lucas Verón, Ulises Rial y Ezequiel Corbalán, son una muestra de prácticas estructurales que se reiteran. A estos se suma la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, donde innumerables indicios dan cuenta de la actuación policial, no investigada por la justicia federal".

En las cárceles y comisarías bonaerenses, se tortura todos los días

El informe señala que: "Sobre las violaciones a los derechos humanos en comisarías, el incremento de personas detenidas en dependencias policiales alcanzó en noviembre el record de los últimos 15 años: 5.600 personas se alojaron en 1.221 plazas. El promedio anual fue de 4.849 personas, esto implicó una sobrepoblación del 295%, casi 80 puntos más que el año anterior. En ese contexto crítico, 18 personas murieron en comisarías bonaerenses durante 2020; la misma cantidad que en 2018 aunque tres personas menos que en 2019".

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Si bien la CPM denuncia que el Ministerio de Seguridad continuó incumpliendo con las órdenes judiciales de clausurar comisarías, incluso con una resolución del propio Tribunal de Casación provincial y también con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgó medidas cautelares sobre 21 dependencias, lo cierto es que ni el gobernador ni el Ministro de Justicia han hecho nada más que continuar con la política punitivista y represiva.

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Si bien el informe señala que la sobrepoblación del sistema carcelario descendió de 118% en 2019 a 106 % en 2020, el hacinamiento alcanza niveles récord. Como señala el texto: "Esto significa que todavía la mitad de los/as detenidos/as no tuvo espacio para dormir".

La pandemia dejó a la luz la profunda crisis sanitaria en lugares de encierro y el reclamo del pase de Salud Penitenciaria a la órbita del Ministerio de Salud, que ahora depende del Servicio Penitenciario. Durante el 2020 murieron 178 personas en cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires; 30 más que el año anterior. Esto es un promedio de 15 muertes por mes o una cada dos días. De las 178 muertes, 29 fueron por Covid-19; 152 fueron por cuestiones de salud no asistidas, en su mayoría cuadros que de haberse tratado a tiempo las personas hubieran vivido o al menos extendido su sobrevida.

Según el documento, el encarcelamiento de mujeres, de personas trans y travestis disminuyó levemente: "Al finalizar el año, había 2.028 mujeres privadas de su libertad en el SPB, esto es un 10,5% menos que el año anterior. Particularmente notorio fue el descenso de mujeres embarazadas o detenidas junto a sus hijos/as menores de 4 años: a diciembre de 2020, eran 33, un 57% respecto del año anterior. Por su parte, la cantidad de personas trans y travestis detenidas se redujo un 19 % pasando de 101 en 2019 a 82 en 2020".

Infancias y adolescencias encerradas

La pobreza infantil en la provincia de Buenos Aires es alarmante: tres de cada cuatro de los niños y niñas vive en la pobreza. La respuesta estatal no existe o llega tarde o termina en represión y encierro: "Sólo 245 de los 753 niños, niñas y jóvenes ingresados a dispositivos del OPNyA durante el 2020 tuvo algún contacto previo con el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas y jóvenes. Es decir, el Estado llega tarde y con respuestas punitivas a trayectorias marcadas por la vulneración de derechos".

El texto señala la situación respecto al fuero de responsabilidad penal juvenil: "La cantidad de jóvenes detenidos en dispositivos del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) se redujo de de 676 en enero a 503 en diciembre del año pasado, un dato positivo que redujo el histórico problema de hacinamiento. Sin embargo, se denuncia en este informe la muerte de dos jóvenes por falta de políticas adecuadas de prevención de los suicidios. Uno de ellos había sido víctima de torturas el día anterior. El otro dato preocupante que se sostiene en el tiempo tiene que ver con los jóvenes inimputables de 15 años o menos que ingresan al sistema de encierro; durante el 2020, fueron un 12% del total".

Si bien en el informe la CPM muestra como políticas diferentes a las del gobernador Axel Kicillof y el Ministro de Seguridad Sergio Berni, lo cierto es que los datos hablan por sí solos y muestran una realidad imposible de ocultar.

El estado bonaerense viola sistemáticamente los derechos humanos en cárceles, comisarías y otros lugares de encierro. Esto tiene consecuencias concretas como los crímenes ocurridos no sólo intra muros si no en la calle, con la maldita policía envalentonada por la política del gobierno provincial y sus funcionarios, tal como se vio especialmente el año pasado en la etapa más dura del aislamiento social, preventivo y obligatorio.




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