×
×
Red Internacional

En los últimos meses Axel Kicillof anunció la construcción de "nuevas" cárceles, intentando a tono con el discurso presidencial mostrar una cierta preocupación y ciertas acciones ante las inhumanas condiciones que sufren las casi 50.000 personas privadas de su libertad en cárceles, comisarías y alcaidías de la provincia. Sin embargo, la realidad vuelve a imponerse haciendo estallar en pedazos un relato que además oculta la criminalización y encierro desplegados contra la población que más sufre la crisis.

Martes 27 de julio | 11:16
Foto: Anred

La pandemia por coronavirus volvió a dejar al desnudo como en las cárceles y comisarías del país se tortura y mata todos los días. Tras discursos punitivistas, de mano dura, que no sólo envalentonan a las fuerzas de "seguridad" y a todo el sistema penal, incluidos jueces y fiscales, se tejen los mecanismos para que en especial durante las crisis sociales y económicas, el poder represivo del estado se despliegue en todas sus expresiones.

Gatillo fácil, violencia policial, detenciones arbitrarias, causas armadas, son parte del combo con el cual responden los distintos gobiernos ante necesidades básicas negadas por políticas deliberadas, que favorecen a un puñado mientras empobrecen a las mayorías.

Te puede interesar: TITULOPunitivismo. Debate: cárceles y sistema penal desde una mirada marxista

Esta semana la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su decimoquinto informe anual 2021, respecto al que con razón denominan "El sistema de la crueldad". En el documento el organismo señala: "La dirección de la política de seguridad es atributo del poder ejecutivo, y está dentro de sus atribuciones la orientación del accionar policial".

El gobernador Axel Kicillof mantiene los lugares de encierro de la provincia en las mismas condiciones inhumanas que los gobiernos anteriores. Pero además eligió para estar al frente del Ministerio de Seguridad bonaerense a Sergio Berni, que volvió a estar en escena tras la brutalidad policial que dejó en grave estado al músico Chano Charpentier, justificando una vez más el accionar criminal del uniformado que efectuó el disparo.

Lo cierto es que más allá del relato, Kicillof puso a Berni que al igual que Patricia Bullrich mientras era la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, viven de la campaña mediática contra la inseguridad y no dudan en ordenar a la policía que meta preso a un pibe por no tener los papeles de la moto, o tener un porro en el bolsillo.

Para muestra un botón dice el dicho, y la candidatura a diputado del ex carapintada en la lista del Frente de Todos no hace más que refrendar a un personaje como Berni, que entre su extenso prontuario carga con espionajes ilegales a trabajadores, cientos de víctimas de gatillo fácil, desapariciones seguidas de muerte, entre otros crímenes estatales.

En el informe de la CMP los datos muestran la responsabilidad de Kicillof y el Ministerio de Justicia comandado por Julio Alak, al respecto.

Los menores de 25 años son el 45% de la población carcelaria y el 39% en comisarías

En el informe la CPM señala: " La conjugación de un esquema de control policial territorial con la opción judicial automática por el encierro deriva en una captación selectiva de jóvenes pobres para su ingreso al sistema penal. En 2019, las personas menores de 25 años representaban el 20% en el SPB y el 26% en comisarías. A su vez, la intervención se concentra sobre presuntos delitos contra la propiedad, en un porcentaje cada vez mayor a medida que se avanza en la cadena punitiva: ellos representan el 39% de las personas detenidas en comisarías, el 40% de las investigaciones penales iniciadas por el poder judicial, el 42% de las prisiones preventivas concedidas y el 45% de la población carcelaria (valores correspondientes a 2019)".

Criminalización récord: En Buenos Aires se inician 106 investigaciones por hora

La rapidez para criminalizar dista enormemente de la adopción de medidas para paliar la pobreza, la crisis habitacional y tantos otros problemas estructurales que existen desde hace décadas en la provincia.

Tal es el nivel de persecución que durante 2019 el Ministerio Público Fiscal de la Provincia inició 928.450 investigaciones penales contra mayores de 18 años, lo que implica la apertura de 106 investigaciones por hora y una tasa récord de 7.500 investigaciones cada 100.000 adultos/as, entre ellas 3.000 por presuntos delitoscontra la propiedad. Una parte importante de esas investigaciones genera privaciones de libertad. En 2019 se ordenaron 47.521 privaciones, partiendo mayormente de sumarios confeccionados en un 89 % por la policía, es decir que tan sólo el 11 % de las privaciones de libertad fueron hechas por orden judicial.

Vale mencionar la cantidad de causas y prisiones preventivas para quienes cultivan cannabis, como las causas armadas a los 20 jóvenes de Puan, sólo por nombrar algunos ejemplos.

Te puede interesar: Causa armada. Niegan la excarcelación a cultivadores de Puan detenidos por una denuncia falsa

Tres carátulas por día contra pibes de 16 y 17 años por "resistencia a la autoridad"

En este sentido es preocupante la expansión de las carátulas “resistencia a la autoridad” y “atentado contra la autoridad”, presuntos delitos que la policía utiliza como pretexto para demorar personas en comisarías y/o para encubrir malos tratos. En la Provincia se fijan por día tres carátulas de “resistencia a la autoridad” contra jóvenes de 16 o 17 años. Como refleja el informe, en 2019 se registraron 11.354 carátulas de este tipo en el fuero penal de adultos y 1.348 en el fuero penal juvenil, representando respectivamente el 1,2% y el 5% del total de investigaciones penales abiertas en cada fuero para el mismo año.

La contracara de esto es que las investigaciones por hechos de violencia estatal o policial son la excepción y viene desde hace años: Las causas abiertas entre 2014 y el primer semestre de 2020 por violencia institucional (en el marco de la ley 14.687/14) representan el 0,5% del total de investigaciones iniciadas, y 9 de cada 10 se resuelven mediante el archivo (66%) o la desestimación (24%). Otra porción de hechos ni siquiera se investiga bajo ese marco legal, como es el caso de las muertes producidas por agentes policiales en territorio provincial: entre 2018 y el primer semestre de 2020 la CPM relevó 336 casos y el Ministerio Público Fiscal sólo registró 36 carátulas de “homicidio agravado por ser miembro de fuerza de seguridad".

Otro de los datos que muestra que la política de criminalización y encarcelamiento se viene sosteniendo es el siguiente: Durante 2019 la policía bonaerense aprehendió a casi 280.000 ciudadanos/as mayores de 18 años, un promedio de 32 por hora. En 2020, las aprehensiones ascendieron a 410.088, es decir 130.000 más, un promedio de 47 por hora. De este total de aprehensiones, el 91% no contenían los elementos mínimos que justificaran una detención. Aún más: sólo el 4% de las aprehensiones derivaron en el encierro carcelario, considerando que durante el mismo año se registraron 15.249 ingresos al SPB.

¿Garantismo?. En la provincia más de la mitad de las y los presos lo están con prisión preventiva

Más allá del discurso que intenta mostrarse progre y de las afirmaciones de Alberto Fernandez que sostuvo que a un presidente se lo juzga por el estado de sus cárceles, más de la mitad de las personas privadas de su libertad lo está con la prisión preventiva: a diciembre de 2020 sólo el 47% de las personas detenidas a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense tenía condena firme.

Un dato que no puede dejar de mencionarse es que la leve disminución proporcional de personas procesadas entre 2015 y 2019 es producto de una aceleración de las condenas (por la expansión del juicio abreviado y el proceso de flagrancia) y no de una disminución en el uso de la prisión preventiva, que siguió aumentando. La relación entre ingresos al SPB y otorgamientos de prisión preventiva confirma lo anterior: a pesar del crecimiento en la utilización del juicio abreviado, la prisión preventiva continúa siendo una medida generalizada, al punto que explica el 88% de los ingresos al SPB durante los últimos seis años.

Esto significa que sólo el 12% ingresa a la cárcel con condena y en promedio las personas pasan detenidas 341 días hasta la sentencia de primera instancia (sin contar el tiempo hasta la sentencia firme, período en el cual aún se las considera legalmente inocentes). Según datos del SNEEP, de los detenidos con prisión preventiva a fines de diciembre, el 46% llevaban (al menos) un año encarcelados, el 53% más de un año, el 28% más de dos años y el 16% más de tres. De las 17.500 prisiones preventivas dictadas durante 2019, el 42% se funda en presuntos delitos contra la propiedad, el 17% en infracciones a la ley 23.737 de estupefacientes (dentro de “seguridad pública”) y el 9% en homicidios dolosos (dentro de “personas”). Una de cada 10 preventivas se dicta por robos y hurtos simples.

No fue solo el macrismo

Si bien durante el gobierno del empresario negacionista Macri se hizo un culto al gatillo fácil con la doctrina Chocobar y ocurrieron hechos gravísimos como la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, las cifras muestran como la criminalización y encarcelamiento son una política de todos los gobiernos, incluido el kirchnerismo.

Como muestra el informe de la CPM: “Entre 2013 y 2019 las condenas por juicio abreviado se duplicaron y las condenas por juicio oral se mantuvieron iguales. Tomando todo el período, 8 de cada 10 condenas se dictaron por juicio abreviado. En esta expansión juega un rol importante la defensa oficial, más inclinada al juicio abreviado que las fiscalías: entre 2016 y 2019 las fiscalías requirieron 13.580 procesos abreviados y las defensorías 37.542.

La prisión preventiva y el juicio abreviado son las principales herramientas jurídicas que sostienen la política de encierro bonaerense. Como contracara, el poder judicial mantiene en un plano excepcional las medidas alternativas al encierro, desconociendo las Reglas de Tokio y otras recomendaciones internacionales y locales. En 2019, cada 100 mil habitantes adultos/as había 398 personas encarceladas en instituciones (comisarías, alcaidías y cárceles) y 26 con arresto domiciliario. En cuanto a las personas con prisión preventiva, a fines de 2020 sólo el 8% esperaba la sentencia afuera de la cárcel (con monitoreo electrónico)”.

El encarcelamiento como disciplinamiento social

Desde diciembre de 2015 a diciembre 2019 la cantidad de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires creció a un promedio interanual de 9% y culminó con 51 mil detenidas en cárceles, alcaldías, comisarías y con monitoreo electrónico, representando una tasa general de 295 cada 100.000 habitantes, la más alta del país. Estas cifras están por encima de los promedios nacional y mundial (en 2018 181 personas cada 100.000 habitantes).

La ex gobernadora María Eugenia Vidal asumió con una tasa de encarcelamiento de 306 personas detenidas cada 100.000 habitantes, y cuando dejó la función había ascendido a 415. Luego durante 2020 se registró una reducción de la población penitenciaria y en paralelo un pico de detenidos en comisarías que no se registraba desde 2005; con un récord de hacinamiento en plena pandemia. Si bien 2020 interrumpió la tendencia ascendente iniciada en 2014 mientras todavía Cristina Kirchner era presidenta, la tasa actual es 55% más alta que hace diez años.

Te puede interesar: TITULOMaltrato. En una comisaría de Lanús los calabozos alojan 37 detenidos en un espacio para diez

En plena pandemia, sobrepoblación récord en cárceles y comisarías

En la provincia de Buenos Aires aumentaron las detenciones desde la gestión del gobernador Ruckauf hasta la actualidad, y las comisarías fueron colapsadas agravándose en 2020 desde la asunción de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad de la provincia. Entre 2012 y 2015 alojaron a un promedio interanual de 1.640 personas, durante 2016-2019 a 3.510, y en 2020 el promedio anual fue 4.849. Como muestra el informe de la CPM el hacinamiento es récord, ya que las plazas disponibles en comisarías de la provincia es de 1.200 plazas, por lo que la sobrepoblación superó en plena etapa de “aislamiento” social, la alarmante cifra del 295%, un porcentaje mayor al promedio interanual durante la gestión de Cristian Ritondo.

Te puede interesar: Derechos humanos. Denuncian por torturas y desobediencia al Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense

El gobierno de Axel Kicillof es responsable

Como mencionamos antes, el poder ejecutivo es el responsable de la política criminal y de seguridad, pero además de los índices de pobreza que golpean a quienes viven en el conurbano de forma brutal, siendo los peores del país. Tan grave es la situación que en Buenos Aires la pobreza infanto juvenil alcanza a casi el 74% de los niños, niñas y adolescentes.

En lo que respecta a cárceles y comisarías existe una responsabilidad directa de Sergio Berni en cuanto a las cientos de detenciones sin orden judicial llevadas a cabo por la policía, la misma fuerza envalentonada desde la gestión oficial y que dejó decenas de pibes asesinados históricamente, en especial durante el 2020. Tal es el apoyo al ministro de seguridad, que fue premiado con una importante candidatura en las listas del Frente de Todos, lo que muestra como se prepara el gobierno de Kicillof ante la grave crisis social.

El hacinamiento, falta de alimentos y atención médica, las torturas y represiones desplegadas en cárceles y comisarías tienen también sus responsables con nombre y apellido, como el actual ministro de justicia bonaerenes, el nefasto Julio Alak. Vale recordar como en noviembre del año pasado el Servicio Penitenciario Bonaerense llevó adelante una represión que dejó más de 1500 heridos, cuando las personas detenidas reclamaban por derechos básicos.

Más allá del relato, la realidad muestra descarnadamente como en la provincia de Buenos Aires se criminaliza, encarcela y tortura todos los días.

Te puede interesar: Informe anual de la CPM. Pese al relato, en la gestión de Kicillof se encierra y tortura a más personas que antes




Comentarios

DEJAR COMENTARIO


Destacados del día

Últimas noticias