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Red Internacional

Crisis política. Perú: nuevo pedido de vacancia contra Pedro Castillo

Después de pactar con un sector de la derecha parlamentaria y de anunciar públicamente que desde el gobierno renunciaban definitivamente a cambiar la constitución del 93, el gabinete presidido por Aníbal Torres logro el voto de confianza del Parlamento por una mínima diferencia de 6 votos. Sin embargo, la oposición de extrema derecha presentó una nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo y ahora anuncian nuevas censuras contra los flamantes ministros del gabinete Torres.

José RojasMilitante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores "CST" de Perú

Jueves 10 de marzo | 10:24

En el marco de la profunda crisis política que envuelve, tanto al ejecutivo presidido por Pedro Castillo como al Parlamento, el pasado martes 8 de marzo los representantes de estos dos poderes del estado volvieron a colisionar, esto, debido a que ese día se debatió en el Congreso de la República la posibilidad de otorgarle o no el voto de confianza al cuarto gabinete ministerial, el cual es presidido por el abogado y ex ministro de Justicia Aníbal Torres quien, como se sabe, es muy cercano al presidente Pedro Castillo.

Recordemos que desde que Castillo asumió el gobierno, el pasado 28 de julio del 2021, cuatro gabinetes ministeriales han caído como consecuencia de la fragilidad del ejecutivo y de la presión política ejercida por la derecha parlamentaria, la misma que le ha terminado poniendo la agenda al presidente y a Perú Libre, quienes, por mantenerse en el gobierno han ido cediendo terreno a los sectores más reaccionarios y neoliberales del país, al grado tal que hoy, a solo 7 meses de haber asumido la dirección del estado, ya nada queda de las promesas que enarbolaban Pedro Castillo y Vladimir Cerrón durante la campaña presidencial pasada.

Para terminar de congraciarse con la derecha parlamentaria y con los grandes empresarios, días previos a la votación de la confianza al nuevo gabinete, tanto Aníbal Torres como el mismo Pedro Castillo, declararon públicamente que desde el ejecutivo ellos se comprometían a no promover ningún cambio de la constitución fujimorista y neoliberal de 1993, ni mucho menos ningún proceso constituyente, y para hacer más creíble su compromiso de sumisión al régimen del 93, Castillo no tuvo mejor idea que reunirse con el neoliberal y pro imperialista Hernando de Soto, quien luego hizo público que el presidente realmente había adjurado de una de sus promesas más importantes de la campaña electoral: el cambio de la Constitución de 1993.

La vinculación del gobierno con sectores derechistas, neoliberales y conservadores también se expresa en la composición del nuevo gabinete, por eso destacan en el ministerio de Economía personajes como el neoliberal Oscar Miguel Graham o el macartista y “terruqueador” (el terruqueó es una práctica política de la derecha peruana donde cualquier atisbo aunque sea solo sea de discurso de izquierda, es asociado al terrorismo) Alejandro Salas Zegarra en el ministerio de Cultura, además de los ministros del Interior, de Defensa, de Salud, entre otros.

A ellos se suma el acercamiento a partidos de derecha como es el caso de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos Perú y Perú Democrático, este último liderado por el tristemente célebre ex premier Héctor Valer quien proviene de las filas del ultra reaccionario partido Renovación Popular y ha aglutinado en torno suyo a una serie de personajes provenientes de diversos partidos que apoyan al ejecutivo a cambio de “favores políticos”. Esto se expresó palmariamente en la votación que le dio la confianza al gabinete Torres, así pues, entre los 64 votos a favor se encuentran los 31 congresistas de Perú Libre, 12 miembros de Acción Popular, 6 de Perú Democrático, 5 de Juntos por el Perú, 4 de Alianza Para el Progreso, 3 de Somos Perú y 3 de Podemos Perú.

Cabe mencionar también que, más allá de las aparentes diferencias entre el ejecutivo y el legislativo, el ejecutivo se ha mostrado muy predispuesto a cogobernar incluso con los sectores más reaccionarios del Parlamento. Esto se evidencio con mucha claridad en las intervenciones hechas por el Premier Aníbal Torres al momento de pedir la confianza, aquí dejo en claro que la concertación y la unidad con las diversas fuerzas del Congreso (incluyendo la ultra derecha) “es la apuesta del Gobierno del Pueblo”. Torres también menciono en otro momento de su intervención que “tanto el Congreso como el Ejecutivo se necesitan y deben buscar siempre que se logre el equilibrio de poderes”.

A pesar de todas estas demostraciones de condescendencia y sumisión del gobierno y de los llamados a la unidad entre el ejecutivo y el legislativo hechos por Aníbal Torres y el mismo presidente Pedro Castillo, la ultraderecha parlamentaria ha anunciado que persistirá en su vocación destituyente y que no le darán tregua al nuevo gabinete, por esa razón, han presentado ante la mesa directiva del Parlamento una segunda moción de vacancia presidencial, la cual, en esta oportunidad, viene respaldada por 50 firmas de Congresistas de diversas bancadas, además de ello, ya han hecho público que en los próximas días estarán interpelando al ministro de Salud, quien se podría convertir en la primera baja del gabinete Torres.

Si bien es cierto que existen pocas posibilidades que – al menos por el momento - esta moción de vacancia prospere finalmente y logre los 87 votos necesarios para que Castillo pueda ser destituido de la presidencia de la República, pareciera ser que uno de los objetivos que persiguen también los promotores de la vacancia presidencial es presionar y desestabilizar aún más al débil gobierno de Pedro Castillo y empujarlo más a la derecha a fin de seguir asegurando los negocios de los grandes empresarios que son los que más se benefician con el piloto automático neoliberal que viene llevando adelante el denominado “gobierno del Perú profundo”. Mientras tanto, el descontento social y el descrédito en las instituciones sigue creciendo, como bien lo demuestran las últimas encuestas que le dan al congreso y al ejecutivo unos márgenes de desaprobación que bordean el 70%.




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