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LICENCIA PARA MATAR

Perú exime de responsabilidad penal a militares que repriman y asesinen personas durante la cuarentena

El fin de semana entró en vigencia en Perú la Ley Nº 31012, que exime de responsabilidad penal a los militares y policías que maten o hieran a la población "mientras patrullan las calles para hacer cumplir el estado de emergencia y el toque de queda" que rige en todo el país.

Cecilia Quiroz

Estudiante de Historia y militante de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores "CST"

Lunes 30 de marzo | 10:29

Foto: Diario Correo

El Gobierno de Martín Vizcarra en Perú ha venido tomando mediadas cada vez más autoritarias con la excusa de "combatir" el brote de cornoavirus. Primero decretó la cuarentena, luego sumó un estado de emergencia y toque de queda, y finalmente sacó a los militares a las calles "para que se cumpla". Como si esto ya no fuera suficiente, este fin de semana se agregó una normativa que permite impunidad absoluta a los miembros de las fuerzas represivas que asesinen personas en el marco de la cuarentena.

Con más militares en las calles y blindando a la policía nacional de toda responsabilidad penal ante "probables abusos", el Gobierno se prepara para encarar los siguientes 15 días del estado de emergencia

Este domingo entró en vigencia la Ley Nº 31012, la cual exime de responsabilidad penal a los policías que maten o hieran a la población mientras patrullan las calles para hacer cumplir el estado de emergencia y el toque de queda que impusiera en todo el país el presidente Martín Vizcarra desde hace 15 días. Así mismo, al Ejército se le otorgó la facultad para llamar a los licenciados del servicio militar de los años 2018, 2019 y 2020.

Con más militares en las calles y blindando a la policía nacional de toda responsabilidad penal ante "probables abusos", el Gobierno se prepara para encarar los siguientes 15 días del estado de emergencia. De esa manera el ejecutivo se vuelca a medidas represivas en lugar de implementar medidas complementarias a la cuarentena obligatoria, como el testeo molecular masivo y gratuito que permitirían tener un diagnóstico certero y científico, con lo cual se podrían implementar políticas sanitarias efectivas que ayudarían a combatir de mejor manera la proliferación de la pandemia.

La ya vigente ley 31012 se convierte así en un riesgo potencial para la vida y la salud del pueblo trabajador que, muchas veces por necesidad, se ve obligado a transitar más allá de las horas señaladas por el toque de queda, ya que – como han declarado algunos especialistas en derechos humanos - podría llevar al uso indebido de la fuerza por parte de la policía nacional, generándose así lo que en otros países se ha terminado denominando el “gatillo fácil”.

Con esto, lo que se buscaría al parecer es la disuasión, por la vía de la coacción y el miedo a la represión física, de toda posibilidad de cuestionamiento material a las medidas centrales del ejecutivo, todo esto en un contexto en el cual 15 días más de inamovilidad de la población podrían terminar generando el descontento de los sectores más pauperizados que viven del día a día y que, por tanto, la inamovilidad ya empieza a hacer estragos en sus bolsillos.

Para justificar estas iniciativas punitivas que no contribuyen a una solución integral de la crisis sanitaria provocada por el impacto del COVID-19, el Gobierno apela a fortalecer el sentimiento de unidad nacional haciendo pasar sus medidas como las únicas realistas y viables en estos momentos. Para ello, los grandes medios de comunicación y los opinólogos oficialistas nos dicen todos los días que los peruanos estamos en guerra contra un enemigo invisible llamado coronavirus, al cual solo podemos vencer si nos quedamos en casa y con la boca callada dejando que los “especialistas” del ejecutivo hagan su trabajo. De allí que el estribillo “yo me quedo en casa” se ha convertido en el emblema oficial de los últimos días.

Así pues, la priorización de estas medidas coadyuva también a fortalecer la idea que la responsabilidad de la inminente propagación del COVID-19 es individual y depende de nuestra responsabilidad para acatar la cuarentena. De esa manera se saca del centro de la discusión el tema de la precariedad del sistema público de salud (denunciada por los mismos trabajadores del sector) y la responsabilidad política que tiene este Gobierno ante la crisis, la cual se expresa, entre otras cosas, en la falta de pruebas moleculares para un diagnóstico rápido y eficaz.

Puedes ver Presidente del SINAMSSOP, detenido por denunciar la situación de crisis sanitaria, habla de la urgencia del testeo masivo->https://www.laizquierdadiario.com.bo/Presidente-del-SINAMSSOP-detenido-por-denunciar-la-situacion-de-crisis-sanitaria-habla-de-la]

Por ello, el objetivo real “de su guerra” hoy terminan siendo aquellas personas que salen a vender de manera ambulatoria a los alrededores de los mercados o en las vías públicas, así como quienes transitan “no respetando el estado de emergencia”, muchas de las veces obligados por las difíciles condiciones laborales que padecen.

Por ello, estas medidas terminan por fortalecer el régimen autoritario y neoliberal del 93’ y los aparatos represivos del Estado, así como el carácter bonapartista del Gobierno. Por otro lado, estas iniciativas legales, en un futuro próximo, podrían ser utilizadas para - impune y violentamente - reprimir las manifestaciones de trabajadores y trabajadpres y sectores populares que, probablemente terminen irrumpiendo en el escenario social, cuando la crisis económica en ciernes estalle.

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