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Red Internacional

Crisis social. Perú: Pedro Castillo decreta el estado de emergencia para reprimir a pobladores de zonas mineras

La medida durará 30 días y afecta a los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui. El objetivo es acabar con la justa lucha de las comunidades campesinas que se oponen a los abusos de la minera Las Bambas.

Jueves 28 de abril | 20:50

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) encabezada por Aníbal Torres y el presidente Pedro Castillo, oficializaron este miércoles 27 de abril la declaratoria de estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac -sur del país-. Esta medida que durará 30 días, permite la intervención del ejército y la Policía para facilitar la represión de campesinos que como último recurso y en defensa de sus derechos y el medio ambiente se encuentran tomando terrenos de la mina a cielo abierto de MMG Las Bambas.

El decreto antidemocrático y reaccionario del ejecutivo, responde a un pedido de la empresa minera, que ya había solicitado su intervención vía un recurso de "defensa de posesión extrajudicial". Según el Código Penal de Perú lo autorizaría a "(...) repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien y recobrarlo, si fuere desposeído".

Esto pone de manifiesto una vez más el carácter pro empresarial del gobierno, que mediante el Decreto Supremo 042-2022-PCM, hizo oficial el pedido de la empres. En su primer artículo decreta que “la Policía mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”. De esta manera, y así como lo viene haciendo con los integrantes de la comuna campesina de Torata-Moquegua, Castillo apela a la abierta represión para contener las demandas populares y congraciarse con los intereses de los grandes empresarios mineros.

En la zona donde se declaró el estado de emergencia, se venía desarrollando un conflicto social entre los miembros de las comunidades campesinas y el capital minero, el cual, con la complicidad del gobierno, se negaba a resarcir por los daños ambientales y económicos provocados a las poblaciones aledañas, como consecuencia de la actividad extractiva que les reporta grandes ganancias a los empresarios.

Por esta razón los habitantes -trabajadores rurales y campesinos de Fuerabamba, cansados de que el gobierno de Pedro Castillo mire para otro lado, desde el 14 de abril tomaron los terrenos de la mina MMG Las Bambas.

Como bien lo han manifestado los dirigentes de los comuneros (N.E.: en Perú adquieren ese nombre los integrantes de las comunas campesinas e indígenas), esta toma de tierras es por compromisos incumplidos por la empresa minera Las Bambas desde el 2014, año en que la compañía compró los terrenos de la comunidad para sus operaciones extractivas. Los dirigentes de Fuerabamba sostienen que son más de 100 compromisos de la minera todavía sin concretarse. Debido a esta medida de lucha, la empresa minera se vio obligada a paralizar sus actividades desde el 20 abril.

Durante el día miércoles se dio una violenta intervención de las fuerzas represivas con la cual se buscaba desalojar a los comuneros de los predios de la empresa minera. Mientras tanto, se calcula que un poco más de 200 habitantes de Fuerabamba permanecen aún en la zona y más campesinos continuaban sumándose.




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