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Red Internacional

Crónica de una causa penal delirante, abierta en 2014 contra trabajadores y manifestantes. Un peligroso antecedente repudiado por numerosos sectores democráticos y organismos de derechos humanos. Este lunes se realizará una audiencia de apelación que definirá el destino de la causa judicial.

Myriam BregmanDiputada porteña PTS/FIT | CeProDH | @myriambregman

Matías AufieriAbogado | CeProDH

Domingo 7 de febrero | 21:34

La Justicia Federal de San Martín mantiene abierta hace seis años una causa por interrupción del tránsito a quienes fueron brutalmente reprimidos en julio de 2014 por manifestar contra centenares de despidos de una empresa multinacional sobre la Ruta Panamericana.

La Cámara Federal de Apelaciones de dicho distrito ya revocó por quinta vez los sobreseimientos dictados en primera instancia a las nueve personas imputadas, y denegó hasta el momento todos los recursos de sus abogados defensores.

En su última resolución, consideró que tras seis años la causa debe continuar abierta, aunque por el tiempo transcurrido corresponda su cierre, ya que uno de los imputados "podría" haber entorpecido la investigación durante todos estos años.

¿Por qué? Por haber sido empleado contratado transitoriamente en el sector público de otra provincia ajena a los hechos y a la investigación, en una interpretación delirante del artículo 67 del Código Penal de la Nación.

¿El debido proceso? Te lo debo

Es una abierta negación del principio constitucional supremo respecto al proceso penal: ante la duda, se debe resolver en favor del imputado. Aquí ni siquiera hay dudas, es claro que la persona encausada no hizo uso de influencia alguna (porque no la tiene ni la tuvo) en favor suyo o de las y los otros imputados en la causa. No importa, marche preso.

Con esta doctrina a cuestas, el presidente del tribunal, Alberto Lugones, ocupa la presidencia del Consejo de la Magistratura, alineado al oficialismo. Más de un ferviente enemigo del lawfare y de las persecuciones del Poder Judicial en los últimos años, debe preguntarse asombrado qué ocurre.

Según el tribunal, este empleado procesado y las cuatro millones de personas que trabajan en algún nivel del sector público nacional, provincial o municipal, pueden entorpecer las investigaciones judiciales, lo cual obviamente no sucedió en los más de seis años que lleva abierta esta causa.

Al contrario, las pruebas que aportó fueron rigurosamente ignoradas: imágenes de su detención, y de los apremios policiales sufridos a manos (y a palos) de quienes además son los únicos testigos en el expediente para mantener en pie la causa.

El criterio por demás increíble, abarca a otros tantos millones que pueden estar imputados en una misma causa junto a alguno de esos cuatro millones de empleados públicos. Y, por qué no, a millones de amigos y familiares de esos empleados públicos que podrían recibir en una causa los favores de esos millones de supuestos influenciadores.

Es decir, pocos habitantes del país quedarían fuera de semejante criterio para conservar el derecho a ser juzgados en un plazo razonable. El resto, queda expuesto a tener una causa abierta de por vida, mientras exista el Estado y los empleados que lo hacen funcionar.

Detenido por filmar, imputado tras ser molido a golpes

Pero el colmo total llega al ver las imágenes de la detención del empleado público que los jueces equiparan a un funcionario poderoso.

En el video que acompaña este artículo, puede verse el "poder de lobby" de ese empleado público, mientras ya detenido y esposado es apaleado en el rostro. También puede verse que no fue detenido por cortar la ruta, sino por intentar registrar la represión con su teléfono junto a periodistas. Es lo que le quieren arrebatar del bolsillo durante todo el video.

Esto ha sido denunciado sobradas veces en la causa a lo largo de todos estos años. El fiscal Jorge Sica, que apela todos y cada uno de los sobreseimientos que se dictaron en favor de las y los manifestantes, evidentemente no lee siquiera esas presentaciones, no mira los videos aportados, ni está preocupado en absoluto por averiguar la verdad de los hechos.

Castigadas por denunciar sus lesiones

El asombro no termina allí. Cuatro de las y los nueve procesados de esta causa oprobiosa, no fueron detenidos el día de la protesta ni fueron vistos interrumpiendo el tránsito, sino que están acusadas y acusados por el fiscal de la causa, por el mero hecho de presentarse en el juzgado a denunciar las lesiones sufridas por la represión de Gendarmería.

A la denuncia de mujeres apaleadas por gendarmes, fracturadas, o con sus tímpanos perforados por el furioso chorro de agua de un camión hidrante, el fiscal Sica contestó "ahh, ¿entonces ustedes estaban ahí? Imputadas también por cortar la ruta", aunque no haya ni una prueba de que lo hayan hecho. Así, llevan años procesadas, y con un pedido de elevación a juicio por parte del fiscal, aún cuando el procesamiento no está firme. Al parecer vale todo.

Ni siquiera han verificado que los imputados entorpecieron el tránsito, suponiendo que la protesta fuera un delito. Al contrario, se ha acreditado con las imágenes que acompañan este artículo, que Gonzalo (el trabajador estatal mendocino) no estaba cortando la ruta, sino que fue corrido junto a periodistas que registraban la represión desde el descampado lindero a la autopista, y luego detenido y molido a palazos en el rostro estando ya esposado en el pasto.

Contra esas pruebas, desde el Poder Judicial se responde que ese trabajador de planta transitoria de otra provincia, tiene una capacidad similar a la de un funcionario de gobierno, o policial, para dar órdenes e influenciar a jueces y fiscales en una investigación. Hasta ahora no parecería, ¿no?

A la par de ignorar las denuncias sobre el abuso policial, se dedicaron recursos a investigar dónde y entre qué fechas trabajó la víctima, a fin de utilizar su condición de empleado estatal para impedir el cierre de la causa para las y los nueve procesados, cuando su detención e imputación son parte de una enorme arbitrariedad.

No hay otra definición posible: esta causa debiera estar cerrada hace años. Es un escandaloso escarmiento a la protesta social. Desde el momento en que los reprimieron ferozmente hasta la actualidad.

Recordando al famoso "Gendarme Carancho”, acá también hizo de las suyas

El "testigo" principal de los hechos en el expediente, es el mismo gendarme "carancho" que semanas después en las mismas protestas se arrojaría encima de un auto que circulaba a paso de hombre, fingiendo ser brutalmente atropellado para detener al conductor. Ha sido impugnado como testigo por las defensas. Esa y muchas otras nulidades planteadas desde la defensa del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), deben tratarse en la audiencia del 8 de febrero.

¿Se convalidará el festival de arbitrariedad y persecución, o primará el tan ponderado “estado de derecho”?

Ese testigo,el “Carancho” Jorge López Torales, está procesado con varios cargos por su tristemente célebre actuación contra el mismo colectivo de manifestantes, en el mismo conflicto laboral de la multinacional autopartista Lear. Pero él y sus subalternos continúan como testigos válidos en esta otra causa abierta contra los manifestantes a los que reprimieron y apremiaron ilegalmente ese día.

A toda persona que toma conocimiento de esta causa, le cuesta creer que siga abierta. Es para estudiarla en las facultades como ejemplo de lo que llamamos "justicia de clase", de enemistad manifiesta por parte del Estado contra trabajadores o sectores populares. Un enorme ejemplo de nulidades múltiples, de todo lo que no debe suceder en una causa penal.

¿Pueden sostenerse en el marco de las más mínimas libertades democráticas, causas abiertas durante seis, siete o más años como castigo a la protesta social, sin pruebas, con "testigos" impresentables y para nada objetivos, que comandaron el operativo contra los manifestantes y tuvieron el demostrado nivel de saña hacia los detenidos?

El presidente del tribunal que mantiene abierta la causa es Alberto Lugones, un gran defensor del proyecto de reforma judicial del oficialismo. Junto a los vocales Juan Pablo Salas y Néstor Barral, el próximo lunes 8 de febrero deben pronunciarse sobre los procesamientos a los nueve imputados, que fueron apelados como parte de la defensa que ejercemos desde el CeProDH.

En tanto, numerosos sectores políticos, sociales, y de los derechos humanos se han pronunciado por el cierre de la causa penal. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha presentado un extenso amicus curiae en ese sentido, y aquí se reúnen centenares de adhesiones de importantes referentes como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Sergio Maldonado, Roberto Gargarella, Patricia Walsh, la CTA, entre muchos otros, por el cierre de la causa contra las y los nueve manifestantes perseguidos.




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