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Red Internacional

Hace cinco años Paula fue a la fiesta de cumpleaños de su amiga, tenía 18 años. Con una bebida la drogaron y luego, fue violada por un grupo de varones adultos. Hizo la denuncia y reconoció a cinco, cuatro están detenidos y uno prófugo. El juicio tiene fecha recién para marzo de 2022. Pero Paula Martínez murió sin respuestas de la Justicia. Se presume que fue un suicidio.

Lunes 27 de diciembre de 2021 | 17:36

En diciembre del 2016 Paula fue a un cumpleaños. Luego de drogarla sin que ella lo supiera, la subieron a una camioneta y la llevaron a otra casa donde había más de diez varones, que participaron de la violación grupal. A la mañana siguiente, la dejaron en la esquina de su casa. Paula hizo la denuncia, aunque solo pudo reconocer a cinco de los agresores que, en ese momento tenían entre 29 y 40 años y vivían todos en el mismo barrio que ella.

Desde el inicio de la causa, Paula atravesó la revictimización de las instituciones del Estado. Primero, la policía estableció que se encontraba "alcoholizada" cuando ocurrieron los hechos. Luego, las pericias que incluían su revisión física fueron realizadas por un agente policial masculino, sin contemplar su pedido de que fuera una mujer quien la revisara. Mientras estaba declarando en comisaría, permitieron el ingreso de quienes la habían violado.

Es obvio que no se trata de errores involuntarios, sino de un entramado de complicidades para que el delito quedara impune; maniobras para amedrentarla amparadas por la policía Bonaerense. Especialmente porque uno de los
abusadores pertenecía a la Guardia Municipal de la localidad de Florencia Varela.

Estos años no fueron fáciles para Paula, que reclamaba el inicio del juicio que, finalmente, se estableció que será en marzo de 2022. Pero, lamentablemente, Paula ya no estará presente porque no aguantó más la violencia de la que seguía siendo víctima en reiteradas ocasiones por exponer públicamente su situación y denunciar a los agresores.

Constantemente, familiares y amigos de los acusados, la hostigaron y la amenazaron de muerte, y cada una de esas veces, Paula radicó las denuncias ante la justicia. Más de treinta denuncias que no impidieron que continuara la violencia, aunque mediaran algunas órdenes de restricción para los agresores. Porque, aunque la Justicia logró detener a los responsables a pocos días de lo sucedido, gracias a su enorme valentía y el esfuerzo por identificar a los violadores, la demora en iniciar el juicio dio rienda suelta a los hostigamientos cruentos que tuvo que soportar durante más de cinco años.

Sabemos que la violencia machista no se termina con una ley. Pero la muerte de Paula era evitable. Ministerios, secretarias, programas, fiscalías, cursos de género para funcionarios... pero las víctimas no son escuchadas mientras los entramados de complicidades de municipios, policías y jueces terminan con más tragedia para las víctimas.

Hoy, el delito de violación grupal fue seguido de muerte. De una muerte que se atribuirá, probablemente, a la decisión de Paula, pero que no es más que el último eslabón letal de una larga cadena de violencias. Los responsables no son únicamente los que perpetraron el abuso sexual grupal -que no fueron una "manada" de animales sin conciencia de sus actos-; desde el momento en que inició la peripecia para que sus agresores fueran condenados, fue revictimizada innumerablemente. Por eso, el Estado también es responsable.

Justicia para Paula Martínez.




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