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Red Internacional

Reproducimos una denuncia que nos acercó un trabajador tercerizado telefónico, contando cómo sufren las condiciones laborales ante la crisis sanitaria.

Viernes 20 de marzo de 2020 | 23:21

Con el decreto del gobierno, las empresas contratistas ya dieron muestras de que no se harán cargo de dar las garantías para que los trabajadores podamos cuidar nuestra salud y mantener los salarios, como si ambas cosas fueran cuestiones contrapuestas.

Esta es la situación en la que nos encontramos los trabajadores subcontratados de la empresa Movistar, a quienes nos obligan a continuar con los trabajos de instalación y reparaciones, no solo en la calle, sino también adentro de las casas de los usuarios. No existen medidas de seguridad mínimas. Parece broma, pero solo contamos con un papel (un formulario que debemos imprimir y llevar a cada cliente para que firme) donde declare que no se encuentra infectado por el virus.

Inmediatamente después del decreto, la incertidumbre y las dudas inundaron los grupos de whatsapp de mis compañeros de trabajo. En el discurso había más incógnitas que certezas, cuáles serían las excepciones, cuáles son los servicios considerados esenciales. Lo que quedó claro desde el primer momento para nosotros, es que si no podíamos salir a trabajar no íbamos a cobrar un peso, porque nos pagan por instalación. No es suficiente que tengamos que costear cada uno nuestras propias herramientas, elementos de seguridad y vehículo, o que en días de mal clima no podamos trabajar.

Finalmente, nos confirmaron que los técnicos podríamos circular y seguir trabajando valiéndose del articulo N°6 del decreto donde se explicita que “quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia” y en el apartado 14 se incluyen “actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales”. Pero no recibimos ningún elemento de seguridad para entrar en casas de los abonados. Exponiéndonos a nosotros y a nuestras familias.

Incluso la empresa utiliza este contexto para flexibilizar aun más nuestro trabajo, bajando el tiempo límite de duración de cada instalación, nos obligan a trabajar más rápido. Como siempre que hay crisis la responsabilidad recae en los más precarizados.

Frente a la pandemia del Coronavirus y la crisis sanitaria desencadenada por un sistema de salud que arrastra décadas de desfinanciamiento, el Estado, lejos de ser un garante de derechos para salvaguardar la integridad de los trabajadores, ha tomado numerosas medidas para proteger las ganancias de las empresas.

Telefónica, con ganancias millonarias es perfectamente capaz de afrontar todos los costos necesarios para garantizarnos a los trabajadores seguridad y a los usuarios un mejor servicio. El servicio de internet y telecomunicaciones es considerado esencial, ya que permite el acceso a la información y la comunicación, especialmente en situaciones de crisis como la actual.

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El ministro de Educación, por ejemplo, anunció que mediante la plataforma digital todos los chicos podrían continuar con el proceso de aprendizaje desde sus casas, pero sin embargo alrededor del 30% de la población no tiene acceso a internet.

Telefónica-Movistar debería proveer de manera gratuita su servicio de internet a los jubilados, desocupados y extenderlo a las zonas que se encuentran excluidas. Por otro lado, tenemos que conformar por zonas, comisiones de seguridad e higiene entre trabajadores efectivos y tercerizados, para poder regular el funcionamiento del servicio, en beneficio de los usuarios populares.




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