Sociedad

TRIBUNA ABIERTA

Pandemia, educación y neoliberalismo. Mendoza: un caso testigo

Hablemos de educación. Educación en tiempos de crisis pandémica y emergencia sanitaria. Aunque nos centraremos en el caso de la provincia argentina de Mendoza, donde el autor vive y trabaja como docente, mucho de lo que se analizará a continuación tiene proyección nacional, regional e internacional. Mendoza no es otro planeta. Mendoza es parte de Argentina, parte de América Latina, parte del mundo (un mundo capitalista hiperglobalizado). Lo que aquí y ahora está sucediendo con la escolaridad, puede ocurrir pronto en otros lugares –si es que ya no está sucediendo– por causas coyunturales o estructurales parecidas, y con riesgos no muy diferentes de cara al futuro.

Federico Mare

Historiador y ensayista

Lunes 12 de octubre | 08:00

Foto: Paula Bendoiro

El radicalismo mendocino, encabezado por el gobernador Rodolfo Suárez y su secretario general de Escuelas José Thomas, ha estado apurando en este último tiempo, a todo vapor, la sanción de una nueva Ley Provincial de Educación (LPE). Lo ha estado haciendo con espíritu de cruzada y sin licencia social, revelando una obstinación, una desesperación de vida o muerte, que no auguran nada bueno.

Flexibilización laboral, ajuste, privatización y mercantilización de la enseñanza. Una reforma a la chilena, modelo que el oficialismo no se cansa de elogiar a pesar de sus desastrosos resultados, y del repudio masivo de estudiantes y docentes –y del pueblo trasandino todo– en las calles de Santiago y muchas otras ciudades, en la que ha sido, sin duda, la mayor revuelta contra el neoliberalismo en la historia reciente de América Latina (una «minucia» que Suárez y Thomas no registraron).

El caballo de Troya sería la sanción de una ley marco: la nueva LPE. Luego –ya lo anunciaron– buscarían complementarla con una batería de normas más específicas. Normas cuyos detalles, desde luego, omiten precisar, dejando todo en la nebulosa de la retórica: bellas generalidades, declaraciones de buenas intenciones, etc.

Primero, la cabeza de playa. Después, la invasión profunda, total. Si cometemos ahora la imprudencia de permitirles el desembarco, ulteriormente será difícil resistir la ofensiva final. ¿El presente griego? Lo que han dado en llamar, con cinismo y aspavientos, «Congreso Pedagógico Mendoza 2020».

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Un sinfín de alumnos y alumnas que, en una Argentina donde la pobreza ha superado la barrera del 40% por la coronacrisis (guarismo que trepa al 56,3% si hablamos de infantes, según el INDEC), se cayeron de la escolaridad: dificultades tecnológicas, pedagógicas, económicas, afectivas, laborales, de salud, familiares o de otra índole. Maestras y profesores que no dan más –literalmente– por la sobrecarga de labores de teleenseñanza y exigencias burocráticas, los rumores de cierre de cursos y los anuncios contraproducentes u oscilantes de la DGE: agotamiento, incertidumbre, confusión, estrés, angustia, miedo. Sueldos congelados y pulverizados: 21 largos meses sin una paritaria salarial firmada, en un país con altísimos índices de inflación. Aguinaldos a cuentagotas o diferidos. Conectividad externalizada: wi-fi y abonos de celulares a costa de los bolsillos de docentes y familias. Una obra social saturada y encarecida. Y hay más: cursos multitudinarios, ítem aula, suplencias eternas, cargos sin efectivizar, retrasos en la emisión de bonos de puntaje, déficit en infraestructura edilicia, escuelas sin recursos ni mantenimiento, instituciones abandonadas a su suerte…

Y no nos olvidemos del meollo del problema: un presupuesto educativo que, por ley, no debiera ser inferior al 35% (eso estipula la LPE vigente en su art. 161), y que ha caído a menos del 24%. “Estamos hablando de una deuda de miles de millones de pesos con el sistema educativo”, denunció Sebastián Henríquez, secretario general del SUTE, en su reciente columna de opinión Disculpe las molestias: estamos pensando en otra cosa, publicada por MDZ el 21 de septiembre. Esa deuda “ha condenado a las escuelas a la beneficencia y a la autogestión: hoy, con los fondos que envía el gobierno a las escuelas, se compran algunas resmas de papel. El resto, sale de cooperadoras, donaciones, rifas y el propio bolsillo nuestro”. Quienes trabajamos en la escolaridad provincial, sabemos que tiene razón, aunque la DGE asegure lo contrario.

En otra columna publicada por MDZ, intitulada Proponer una reforma educativa en plena pandemia es irracional, Enzo Completa señaló: “En la provincia de Mendoza entre 2016 y 2019 se registró uno de los ajustes estructurales más grandes del país en materia de presupuesto educativo. […] Alfredo Cornejo redujo a casi la mitad (45 puntos porcentuales) la inversión por alumno de gestión estatal”. El autor agrega otro dato revelador: “En 2015, cuando el peronismo entregó el gobierno, el área Educación alcanzó el 29,8% del (mal llamado) gasto público. Cuando Suárez asumió ese número se había derrumbado a 18,4%”.

Esta es la realidad. Pero el gobierno radical no vive en la realidad. Vive encerrado en una plácida burbuja: los palacios virtuales que les encargó a los medios hegemónicos que le construyeran, pagándoles fortunas en concepto de pauta publicitaria. Desde la restauración democrática, ningún oficialismo gozó en Mendoza de un blindaje mediático tan escandalosamente unánime como el de Cornejo y Suárez: Los Andes, MDZ, Uno, El Sol, Memo, Canal 7, Canal 9, Radio Nihuil… (las anécdotas de bajada de línea, presiones, censura y autocensura que cuentan off the record sus periodistas y trabajadores son casi surrealistas).

Pero hay un problema con esa elección política: tarde o temprano, el gobierno se termina creyendo su propia mentira, la mentira que pagó. Y cuando un gobierno se cree su propia mentira, pierde el termómetro de la realidad, se envalentona y empieza a hacer apuestas demasiado arriesgadas. Y un día, la realidad le estalla en la cara, como con la 7722, o ahora con la reforma educativa.

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Ingreso al portal del «Congreso Pedagógico» Mendoza 2020, que el gobierno ha convocado con bombos y platillos para dar una pátina de legitimidad democrática, de vocación pluralista, a una reforma educativa que en realidad ya tiene cocinada, y a la que no quisiera hacerle más que unos pocos retoques, los mínimamente necesarios para montar un simulacro de consenso a través de la prensa que le es adicta. Allí leo: “Uno de los consensos más firmes que une a nuestra sociedad es la educación como la herramienta transformadora más poderosa, que abre la puerta a todos los debates que la Provincia de Mendoza debe afrontar”. ¿Cuáles son todos esos debates? Sospecho –y eso me intranquiliza– que el gobierno tiene in mente debates muy diferentes a los que muchxs consideramos necesarios, empezando por la megaminería a cielo abierto, con la que volverá a la carga.

Sigo leyendo: “las normas vigentes en el ámbito nacional, como en nuestra Ley Provincial de Educación de 2002, deberían adecuarse a los nuevos tiempos que transitamos. Es por eso necesario rediscutir y debatir un nuevo marco normativo”. ¿En medio de lo urgente –la pandemia en su pico de contagios y muertes, con una escolaridad que atraviesa una coyuntura crítica– el radicalismo mendocino se acuerda de lo necesario? ¿Se acuerda de lo necesario ahora, cuando antaño, en varias ocasiones donde era oposición y el peronismo trataba de sancionar una nueva LPE (no mucho mejor que la pésima que hoy día se propone), adoptó una política obstruccionista supeditada a sus mezquinos intereses facciosos de corto plazo, sin tener motivos reales e importantes de disenso como sí podía tenerlos –y de hecho tenía– la izquierda?.

La perorata no se detiene: “en este sentido es clave contar con propuestas de todos los integrantes de la comunidad educativa porque la idea es generar una ley con el aporte de todos/as. A tal fin se habilitarán diferentes canales de participación, que tendrá como marco el Congreso Pedagógico Provincial Mendoza 2020”. Si es clave la participación desde abajo, ¿por qué tanto apremio? Apremio en las dos acepciones de la palabra: prisa, apuro, pero también conminación, es decir, presión desde arriba. ¿Por qué tanta obcecada despreocupación por las circunstancias y condiciones que harían posible, viable, serio, ordenado, transparente, constructivo, enriquecedor, deseable, satisfactorio, el proceso de debate y consenso? Something is rotten in the state of Denmark, “algo huele a podrido en el estado de Dinamarca”, diría Marcelo, el personaje shakesperiano de Hamlet.

Tal es el hedor, la podredumbre que se siente, que la comunidad educativa toda está movilizada y en pie de lucha, sin grietas, como hacía mucho tiempo no acontecía. Parecía que el milagro no iba a ocurrir, que el letargo docente era irreversible. Pero la primavera llegó. La apatía, la resignación, el quietismo, el derrotismo, la mansedumbre, quedaron arrumbados en el sótano del invierno. La sed de justicia ha vuelto a florecer. Se respiran aires de esperanza.

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No fue un rayo en un cielo sereno. Esta reforma educativa se veía venir. Cornejo nos dejó un cielo cargado de nubarrones: la legalización del fracking, el nuevo Código Contravencional en versión distópica (estado policial), las infames rebajas impositivas a las petroleras, el desquicio del Mendotran, la criminalización de la protesta… Y también –no lo olvidemos– el ítem aula, conculcación flagrante del derecho de huelga tutelado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Suficientes cumulonimbos en el firmamento como para no relajarse, como para esperar lo peor.

Muchas personas en Mendoza la vimos venir, como también habíamos visto venir la ofensiva del extractivismo minero contra la 7722, la Ley Guardiana del Agua. Muchas personas, sí. Miles. Pero no las suficientes, a juzgar por el resultado de las elecciones del año pasado, que hoy sufrimos.

Cornejo quería hacer la reforma educativa, y lo dijo. Las líneas maestras de su plan se conocieron grosso modo, y no eran distintas a las del preproyecto de ley hoy en danza. La debacle nacional del macrismo le impidió ir a fondo. Prefirió desensillar hasta que aclare.

Suárez es la continuidad de Cornejo. Continuidad partidaria, pero también –y sobre todo– ideológica: UCR reelegida, derecha perpetuada. No siempre los razonamientos lineales son correctos, pero en este caso se imponen con la contundencia de una verdad de Perogrullo, infinidad de veces corroborada en la práctica. Suárez es lo mismo que Cornejo, y lo que el rey saliente no pudo hacer –o no se atrevió a hacer– el delfín coronado tratará de hacerlo, convencido de que la reelección de su partido es un cheque en blanco de la sociedad para ir por todo.

¿La Reforma Universitaria? ¿La primavera alfonsinista? Piezas de museo, adornos retóricos... A la UCR le sobra la R. Si alguna vez tuvo algo de radical (¿Con Yrigoyen acaso? ¿Pero cómo olvidar los miles de obreros masacrados en la Semana Trágica, La Patagonia Rebelde y las huelgas de La Forestal?), lo perdió hace rato: de Macri, de De la Rúa, no se vuelve. El radicalismo del siglo XXI es un radicalismo totalmente derechizado, más a la derecha del espectro político que nunca.

Y si el peronismo hubiese ganado en Mendoza el año pasado, ¿estaríamos a salvo? Sería temerario afirmar algo así, considerando lo que fueron, en general, y a nivel educativo en particular, las gestiones de Jaque y Pérez durante 2007-2015, cualquier cosa, menos progresistas. ¡Si hasta intentaron erradicar el principio de laicidad escolar en la legislación provincial! ¡Si hasta apelaron el fallo de la jueza Ibaceta que declaró inconstitucionales los actos religiosos en las escuelas públicas mendocinas! Su oscurantismo clerical quedará en los anales del oprobio. Ni hablar de la etapa 87-99 (Bordón, Gabrielli y Lafalla), signada por el menemismo, huevo de la serpiente neoliberal que hoy todavía nos emponzoña… Por lo demás, las recientes declaraciones del senador provincial Lucas Ilardo –jefe del bloque justicialista– tampoco invitan al optimismo contrafactual. Al contrario: hacen pensar, de inmediato, en la traición a la 7722 del año pasado, que desilusionó y enfureció a un sinnúmero de militantes y simpatizantes kirchneristas, sobre todo luego de que salieran a la luz los detalles del toma y daca con el radicalismo lacayo de las mineras. Pero volveremos a Ilardo oportunamente.

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Todavía no hablamos del funcionario estrella del momento. Allá por diciembre de 2018, un año antes de convertirse en director general de Escuelas, José Thomas anticipó su reforma flexibilizadora. Entrevistado por Radio MDZ, afirmó sin pelos en la lengua, sin anestesia: “Chile, Colombia, Ecuador, Perú, la están haciendo. ¿Cómo hicieron el cambio? Ascenso según nivel de desempeño. Básico. Y nivel de formación del docente: no cursito, sino si tiene un título de grado, posgrado o doctorado. Promoción horizontal, o sea, vos en la misma carrera, siendo docente, podés ganar más plata si sos mejor, si tenés mejores resultados. Carrera directiva en paralelo a la carrera docente. Y, sobre todo, que la estabilidad laboral queda supeditada a los resultados de cada docente”. Ese cancerbero de la «meritocracia» es quien hoy encabeza la DGE, y quien hoy propicia la sanción de una nueva LPE.

No hay, pues, ninguna sorpresa, aunque haya mucha gente sorprendida con lo que votó. Dijeron lo que harían, y lo están haciendo. Pero las tragedias preanunciadas –el mito de Casandra lo grafica– no son menos trágicas cuando llegan…

Una digresión, ma non troppo: para Thomas, la capacitación docente a través de cursos es una chantada, una vivada. Según él, las maestras de primaria y lxs profes del secundario solo hacen “cursitos” (incluyendo, al parecer, los que la propia DGE brinda o avala), en vez de realizar un master. Pregunta: ¿las escuelas son lo mismo que las universidades y el CONICET? Evidentemente no. ¿Acaso vamos a pedirle a una maestra rural del secano lavallino o a un profe de un CENS nocturno de una barriada de Las Heras, con lo poco que gana y lo mucho que trabaja, que pague y haga un doctorado en Harvard para poder progresar en su profesión? El discurso meritocrático de Thomas es absurdo e indignante. Extrapola estándares de «excelencia académica» a la escolaridad provincial en busca de un pretexto con el cual maquillar el deterioro salarial y la precarización laboral.

¡Cursito dijo! ¡Cursito! El desprecio que siente el director general de Escuelas por la docencia escolar no podría ser mayor. ¡Cuántas maestras y profes se rompen el lomo para tratar de capacitarse en medio de toda clase de dificultades y adversidades (laborales, familiares, económicas, personales, de salud, etc.), y Thomas, muy suelto de cuerpo, les espeta: tu esfuerzo no vale nada, porque no sos parte de la élite académica. Tenés el cargo y el sueldo que te merecés, por tu holgazanería y mediocridad. El cinismo de Thomas es indignante.

Tanto más cuanto que él dista mucho de ser un meritócrata. Su currículum, en formación académica y en antecedentes laborales, es de una pobreza franciscana. Cuando asumió el cargo, muchas fueron las voces de la comunidad educativa que se alzaron para denunciar o cuestionar su falta de idoneidad, de preparación, de experiencia. Thomas es el director general de Escuelas más flojo de papeles que se recuerda: un técnico en electrónica y electricidad, profesor de TIC, que se licenció en Tecnologías Educativas y trabajó de gerente en un instituto privado. Su trayectoria docente es escasa; su experticia pedagógica, prácticamente nula. Su lema pareciera ser: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago…

Al haberlo designado como director general de Escuelas, el gobernador dio un mensaje muy claro a la comunidad educativa y la sociedad en general: quiero una DGE mandada por un técnico, por un manager, alguien que sepa de informática y estadística, que venga del sector privado, mucho más «eficiente» que el sector público. Señoras y señores, la pedagogía y la didáctica están muertas. Son cosas del pasado. La elevación de Thomas a la cúspide de la DGE, con la bendición de Suárez y Cornejo, resume a la perfección el carácter rabiosamente tecnocrático y filisteo del radicalismo mendocino.

El neoliberalismo no defiende la meritocracia, aunque se llene la boca hablando de ella. Lo que defiende es un mercado laboral de competencia desleal, al servicio del capitalismo, basado en ventajas y desventajas de clase. Si Suárez y Thomas fueran meritócratas de veras, liberales sinceros y consecuentes como Belgrano o Moreno, lejos de hacerle la guerra a la educación pública, la apoyarían con entusiasmo, pues sin ella lo que termina prevaleciendo no es el «mérito» burgués del self-made man o de la self-made woman, sino el privilegio burgués de la riqueza heredada desde la cuna. Este gobierno incita a las personas pobres a que participen de la gran carrera por conseguir un empleo, pero, al desfinanciar las escuelas públicas, socava el principal mecanismo de hándicap que existe en las sociedades capitalistas: la posibilidad de estudiar sin pagar aranceles ni cuotas, derecho esencial de la civilidad democrática. Aunque no está de más puntualizar que ese mecanismo de hándicap resulta muy limitado, y que la mentada meritocracia termina siendo usada como una trampa cazabobos. Quisiera ver quiénes llegarían más lejos si no existieran los colegios privados, y si hubiera una política universal de becas, entre otras compensaciones reales.

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¿Por qué ahora? ¿Por qué tanta prisa? Quien haya leído el libro La doctrina del shock (2007), de Naomi Klein, tendrá la respuesta. Las catástrofes, las grandes calamidades, con sus dramáticas consecuencias psicosociales (conmoción colectiva, pánico y confusión de masas, aturdimiento y parálisis del pueblo), son la ocasión perfecta para que el neoliberalismo avance con sus planes antiderechos. Ya se trate de una crisis económica, una emergencia bélica o un desastre natural, las coyunturas de shock constituyen el caldo de cultivo ideal para la aplicación drástica de las impopulares recetas ortodoxas del FMI y el Banco Mundial.

La actual pandemia, por su inédita magnitud e intensidad, representa, sin lugar a dudas, una oportunidad inmejorable, de manual, para que las tecnocracias neoliberales implementen a fondo sus políticas de shock. De hecho, esta crisis, siendo un problema real en términos epidemiológicos y sanitarios (mal que les pese al negacionismo libertariano y la derecha anticuarentena acaudillada por Trump y Bolsonaro), ha tenido un altísimo componente de exageración alarmista, de morbo sensacionalista, de tremendismo cuasi-apocalíptico, que no parece tan casual ni inocente.

En un ensayo intitulado “Paranoia e hipocresía global en tiempos de capitalismo tardío”, publicado en Rebelión a fines de marzo, Ariel Petruccelli y yo advertíamos: “…el peligro de que se universalice el estado policial es real. No debiéramos negarlo o minimizarlo, por mucho que nos preocupe la salud pública. No debiéramos porque, como bien lo ha explicado Naomi Klein en La doctrina del shock, los mayores retrocesos de la historia reciente en materia bienestar social y derechos humanos han estado asociados, por lo general, a situaciones de conmoción pública y pánico colectivo no tan diferentes, en varios aspectos, a la de estos días. El terror paraliza, desalienta y disciplina a la sociedad. Es la más eficiente fábrica de quietismo, resignación y obediencia. El poder lo sabe, y lo explota”.

Volvamos a Mendoza. Esta suerte de Blitzkrieg, de guerra relámpago contra la escuela pública y los derechos laborales de quienes enseñan en ella, ¿qué otra cosa es, sino un ejemplo práctico más de la doctrina del shock? Suárez y Thomas quieren aprovechar el momento de conmoción, e ir por todo, como un boxeador enardecido resuelto a noquear, a puñetazos limpios, en una pelea a un solo round. Saben que un rival grogui no puede defenderse. Y saben, también, que el aturdimiento provocado por un golpe certero no dura demasiado. Por eso tanta prisa, por eso tanta urgencia. Saben que la crisis pandémica no será eterna. Quieren la nueva ley aprobada cuanto antes. No les importa el consenso. Lo único que les importa es salirse con las suyas, de cualquier forma y a cualquier precio.

El radicalismo mendocino teme, además, que el debate se magnifique, que entre en una dinámica tipo bola de nieve imposible de parar, como ocurrió con la 7722. Su trauma con aquella reforma abortada, donde retrocedieron en chancletas luego de todo tipo de bravatas, debe ser nuestro faro. Debemos hacer realidad aquello que tanto temen: una ola masiva de movilizaciones de protesta en toda la provincia, que incluya y exceda a la comunidad educativa: docentes, estudiantes, el pueblo todo. Una tromba marina capaz de perforar el blindaje mediático. Ese es nuestro desafío. Esa es nuestra carta victoriosa.

Hay razones para hacerse ilusiones. El lunes 28 de septiembre fue una jornada histórica: en el plenario provincial del SUTE, casi mil escuelas votaron por unanimidad el rechazo al borrador de LPE, tanto a su contenido como al momento en que se lo ha presentado (algo que se presagiaba en los grupos de WhatsApp de las escuelas y en la encuesta del diario oficialista Los Andes). El martes 29 y miércoles 30, dos caravanazos multitudinarios hicieron «arder» la provincia, mostrando que las brasas encendidas en diciembre del año pasado con la protesta antiminera no estaban del todo apagadas.
El gobierno, pretendiendo descomprimir la explosiva situación, anunció primero (29/9) que postergaba el inicio del «Congreso Pedagógico» a la segunda quincena de noviembre, y que estaba dispuesto a corregir algunos de los aspectos más cuestionados del preproyecto de ley. El propio Suárez lo hizo. Pero como el estado de movilización no decayó, cinco días después (domingo 4 de octubre) anunció que aplazaba tanto el «Congreso Pedagógico» como el tratamiento parlamentario del proyecto de LPE hasta el segundo semestre del año próximo, concretamente, hasta que se realicen las elecciones en el SUTE, para que así –pretextó con hipocresía y malicia, chicaneramente, victimizándose ante la opinión pública– la interna del gremio no «desvirtúe» el debate educativo. Las elecciones están previstas en principio para julio de 2021, aunque la crisis pandémica podría ocasionar retrasos.

Aunque considerar esto un triunfo completo y definitivo sería ingenuo, amén de peligroso (volveremos sobre esta cuestión), resulta indudable que hay dos cosas positivas: 1) un cambio en la correlación de fuerzas entre el gobierno y los gremios docentes a favor de los segundos, tras muchas derrotas acumuladas respecto a salarios e ítem aula; y 2) que Suárez y Thomas están preocupados. Esta parece ser la situación actual, aunque –como se sabe– las pujas siempre resultan muy dinámicas.

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Hace un mes, la diputada justicialista Silvia Stocco, presidenta de la Comisión de Educación de la cámara baja, habilitó la creación de la bicameral de Educación a los efectos de avanzar con el proyecto oficialista de una nueva LPE, requiriéndole al Poder Ejecutivo Provincial que convocara un Congreso Pedagógico. Stocco estaba alineada con Suárez y Thomas. ¿La crisis pandémica y la emergencia sanitaria? ¿La oposición de los gremios docentes y toda la comunidad educativa a debatir en este contexto tan complicado? Nimiedades que le tenían sin cuidado… Aislada en su torre de marfil, desconectada de la realidad social, se dio el lujo de reducir la comisión parlamentaria que preside a una escribanía del gobierno, subordinándola a la vieja lógica politiquera del rosqueo.

“Esto salió por unanimidad en la comisión”, destacó Stocco en una entrevista a Los Andes del 6 de septiembre. No solo eso: también dio a entender que estaba de acuerdo con la implementación de la evaluación externa, otro de los caballitos de batalla de la reforma privatizante del tándem Suárez-Thomas, y que tan funestas consecuencias ha tenido en Chile y otros países latinoamericanos que la adoptaron. “Hay que pensar en la calidad educativa y los contenidos mínimos que deben incorporar los alumnos”, declaró la diputada peronista. “Hay que perderle el miedo al debate por la calidad educativa, a la capacitación y a la evaluación. Los docentes tienen que formarse todo el tiempo”. Stocco, igual que el gobierno, prefirió evitar las ideas claras y distintas. La racionalidad cartesiana no es lo suyo, no le conviene. Prefiere la ambigüedad. Pero como reza el refrán, a buen entendedor, pocas palabras… El neoliberalismo acecha como un zorro detrás de sus palabras.

La actitud del PJ en la cámara alta distó de ser mejor. “Estamos dispuestos a debatir, siempre y cuando nos tengan en cuenta, porque hasta ahora han hecho varias reuniones y al peronismo no lo han participado”, avisó y se quejó el senador Lucas Ilardo, jefe del bloque peronista, quien también se permitió opinar con sospechosa indulgencia sobre Thomas: “hubo un prejuicio al momento de su nombramiento por venir de la educación privada. Para mí será solo un prejuicio si demuestra vocación y buena voluntad por escuchar a los que conocen”.

Las palabras de Ilardo olieron a acuerdo non sancto cociéndose entre bambalinas. Recuérdese que hace menos de un año, según informaron varios medios de prensa locales y nacionales, él y la mayoría de su bloque transaron su apoyo a la enmienda de la 7222 a cambio de los votos mendocinos radicales en el Congreso Nacional, cuando se debatía el proyecto de ley de emergencia económica presentada por el gobierno de Alberto Fernández, y no se alcanzaba el quórum. Aquella vez, Ilardo pretextó que eran minoría en la Legislatura, y que, por lo tanto, no tenía sentido oponerse a la reforma prominera, siendo mejor negociar algunos retoques. Con el borrador de la nueva LPE, hizo exactamente lo mismo. El oficialismo “tiene los números”, se excusó con derrotismo. Y acaso –dio a entender– el preproyecto no sea tan malo y se lo pueda perfeccionar un poco… “Me preocuparía que [Suárez] quiera transformar la educación pública en una educación privada”, señaló con tibieza usando el modo potencial, cuando el borrador de la ley ya fue oficialmente presentado y difundido por la DGE, en medio de un tsunami de críticas y repudios.

¿Cuántas más certezas necesitaba Ilardo para darse cuenta que la reforma educativa es reaccionaria e impopular? ¿Qué estaba esperando? ¿Un comunicado de prensa del oficialismo admitiendo expresamente que su preproyecto de LPE es ajustador, privatizador, mercantilizador y precarizador? ¿Recién ahí iba a estar seguro?.

A fines de 2019, en medio del conflicto por la 7722, con un pueblo mendocino masivamente movilizado en defensa del agua pura, protestando contra el uso del cianuro y el ácido sulfúrico en la minería, Ilardo declaró: “el peronismo tenía dos posibilidades. Tenía la posibilidad de hacer una política panfletaria. Era muy sencillo quedar bien con la tribuna. Era fácil decir que no. Era más difícil asumir otra discusión”. Y remató: “tuvimos la posibilidad de hacer los aportes correspondientes y que el gobernador definiera si los aceptaba o no. La política sirve para transformar la vida de los pueblos, para transformar vidas. No para recibir el aplauso de una barrita de diez, cien o mil”. Nadie tiene la bola de cristal, cierto. Pero nadie que defienda de veras la escuela pública puede confiar serenamente en lo que el peronismo vaya a hacer en la Legislatura, cuando se debata el proyecto de LPE. El fantasma de un nuevo pacto UCR-PJ, el espectro de una segunda componenda sotto voce contra el interés público, sobrevolará el recinto inexorablemente.

Y consumado el segundo beso de Judas en la Legislatura, Ilardo podrá volver a decir con sofistería: si la «tribuna» docente nos acusa de ser antipopulares y traidores, al menos el gobierno y la prensa hegemónica no podrán acusarnos de demagogia y obstruccionismo. En eso hay que darle la razón.

Pero el problema no es solo Ilardo y Stocco. El problema es el peronismo como fuerza política. Hay un dato profundamente esclarecedor: en los caravanazos no se vieron agrupaciones partidarias kirchneristas ni justicialistas. Estaban las organizaciones gremiales y los partidos de izquierda, pero PJ nada. Desde luego que había militantes kirchneristas o peronistas, pero a título personal, o como integrantes de colectivos sindicales. Igual que ocurrió con el Mendozazo del Agua, una gran parte de las bases justicialistas se sienten traicionadas o abandonadas por sus dirigentes, situación fácilmente verificable en las redes sociales. La sensación es: otra vez sopa. “El fantasma de la 7722”, me hizo notar con amargura un profesor colega peronista que fue al primer caravanazo. Tiene razón.

Con el correr de los días, debido a la presión popular y de sus propias bases, el peronismo fue modificando su postura, hasta darse vuelta. Claramente, acusó el impacto del histórico plenario del SUTE y de los caravanazos. Para el viernes 2 de octubre, el oficialismo ya se había quedado solo en su cruzada. El domingo 4, Suárez anunció la retirada hasta el año próximo.

El tardío vuelco del peronismo no fue por propia convicción e iniciativa. Fue algo obligado y calculado, producto del alud de críticas, invectivas y reclamos que recibió por su complicidad con el gobierno. Otro ejemplo más de camaleonismo demagógico, atribuible al fantasma de la 7722.

De hecho, se rumorea que la UCR y el PJ habrían sellado un pacto: el oficialismo esperaría que el peronismo recupere el SUTE –hoy dirigido por el FURS, una coalición de independientes e izquierdas– para volver a la carga con su reforma educativa, dándole una mano en esa recuperación a cambio de dos cosas: tregua sindical y apoyo parlamentario. Son rumores, cierto. Pero hay indicios que le dan verosimilitud, principalmente los antecedentes cercanos de contubernio y las llamativas declaraciones que hizo Suárez, enfatizando tanto la necesidad de aguardar a que se dirima la interna del SUTE. Podría ser solo una chicana difamatoria, desde luego. Pero bien podría haber detrás algo más… ¿Qué le impedía a Suárez, por ej., alegar con tono victimista que la postergación se debe a un SUTE demasiado «politizado» o «ideologizado», dominado por grupos extremistas que engañan y manipulan a la comunidad educativa para llevar agua a su molino? Sin embargo, el gobernador habló de interna. Es llamativo, sospechoso. Existe, de todos modos, otro indicio más: en el tercer caravanazo (jueves 8/10), realizado con posterioridad a que el PJ se diera vuelta como un panqueque, tampoco hubo presencia de agrupaciones partidarias justicialistas y kirchnerinistas frente a Casa de Gobierno, situación ya registrada en los dos primeros caravanazos.

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Que la educación pública mendocina arrastra graves problemas de larga data, resulta evidente. Que es preciso solucionarlos, también resulta evidente. Que se necesita una nueva y mejor legislación, tampoco se discute. Pero justo ahora, en medio de un contexto tan crítico y perturbador, con una enseñanza y un aprendizaje colapsados, con una realidad escolar que pide a gritos medidas urgentes y específicas de emergencia, ¿a Suárez y Thomas se les ocurre jugar a grandes estadistas sarmientinos, sacando de la galera una reforma a fondo del sistema educativo? ¿Lo estructural no puede ser atacado cuando esta dramática y excepcional coyuntura haya pasado? El desatino y el apuro con que el oficialismo ha improvisado un «Congreso Pedagógico» en formato virtual, inconsultamente, desentendiéndose de este trance acuciante, revelan cuán turbias son sus preocupaciones y metas.

A un gobierno de derecha como este, neoliberal en materia económica y neoconservador en materia cultural, ciertamente no le desvelan problemas estructurales como la desinversión, el déficit en infraestructura y tecnología, el deterioro pedagógico, la desigualdad, la precarización laboral, la caída del salario real por inflación, las dificultades en la implementación de la ESI y las transgresiones al principio de laicidad en las escuelas estatales. No solo no le desvelan, sino que, incluso, se podría afirmar que les parecen logros, o, en todo caso, males necesarios o imperfecciones irrelevantes, tal como se infiere de una lectura atenta del preproyecto de ley anunciado con fanfarrias. Un preproyecto que no busca remediar ni paliar nada de todo aquello, sino perpetuar e intensificar las lógicas que nos llevaron a donde estamos.

Se evaden olímpicamente de su responsabilidad política de darnos soluciones concretas y urgentes, proponiéndonos un gran cambio estructural para –vaticinan– los próximos 20 años. Y nos engañan al presentarnos ese gran cambio estructural como una panacea del progreso, cuando solo consiste en una reingeniería del retroceso. Cuidémonos del lobo con piel de cordero.

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Cuando un gobierno maquiavélico, pro mercado y enemigo de la educación pública finge respetar, por conveniencia, las apariencias democráticas, sin sincerar su esencia autoritaria y tecnocrática, sucede exactamente lo que sucedió en Mendoza, con el tándem Suárez-Thomas: una carrera contra reloj para aprobar una nueva LPE en medio de la crisis y el shock pandémicos, antes que termine una emergencia sanitaria que dificulta la organización y movilización de protesta, de prepo y a los ponchazos, instrumentalizando la jerga y la retórica de las pedagogías progres de moda, montando un patético simulacro de debate y consenso «no presenciales» con la ayuda venal de la prensa hegemónica. En una palabra, esta farsa.

Pero un congreso pedagógico de veras, auténtico, cabal; un congreso pedagógico para pensar, deliberar y acordar una reforma profunda e integral, a largo plazo, del sistema educativo provincial; un congreso pedagógico que garantice en serio la universalidad, gratuidad, calidad, igualdad y laicidad, y también el acceso a las nuevas tecnologías y un mejor cumplimiento de la ESI, sin conculcar los derechos laborales adquiridos (salario digno, estabilidad, capacitación, etc.) de quienes hacen posible con su esfuerzo la enseñanza y la escolaridad; un congreso pedagógico así, genuino, que se haga cargo de lo que entraña su semántica, no puede ser una jugarreta oportunista y ventajera del gobierno de turno. No puede reducirse, sin más, a un trámite virtual y express de arriba hacia abajo, digitado por la DGE y aparateado por la Franja Morada. Por su espíritu y misión, un congreso pedagógico no tiene nada que ver, nada, con el circo que Suárez y Thomas inauguraron el 23 de septiembre, para legitimar la privatización, el ajuste, la mercantilización y la precarización de la educación pública, como se evidencia en el preproyecto de ley.

Sumemos otra crítica: ¿cómo debatir en serio una reforma estructural del sistema educativo de Mendoza sin un adecuado diagnóstico? ¿Cómo encarar algo tan complejo y delicado como la elaboración de una nueva LPE sin contar con información detallada y rigurosa sobre el estado en que se encuentran la enseñanza y el aprendizaje? Antes de convocar un Congreso Pedagógico, la DGE debería primero hacer un relevamiento exhaustivo (encuestas, censo, etc.) de nuestras escuelas e instituciones educativas, y confeccionar con los datos un extenso informe.

La metodología que ha implementado el gobierno en este «Pre Congreso» para recibir críticas y aportes al borrador merece un párrafo aparte. Se promueve claramente el comentario personal y privado, la participación atomizada y despolitizada, la doxa inorgánica. Se desalienta la aportación colectiva y pública a través de organizaciones gremiales, sociales, culturales, etc., que podría dar mayor potencia teórica y práctica a la crítica. Por supuesto que la virtualidad pandémica ha facilitado enormemente esta estrategia de fragmentación de la DGE, una cuestión que ya retomaremos. Baste ahora con decir que el individualismo es una de las notas más distintivas de la ideología burguesa neoliberal que el cornejismo tanto encarna, algo que se evidencia, por ej., en su fomento constante, casi maniático, del emprendedurismo como «panacea» del ascenso social en los barrios pobres del Gran Mendoza.

¡Y pensar que Suárez, en su carta de presentación al Documento para orientar el debate en el marco de la Ley de Educación Pública de la Provincia de Mendoza, había afirmado con ampulosidad: “Mientras más voces se escuchen en este debate educativo, no solo tendremos más posibilidades de sumar necesarias, nuevas y buenas propuestas, sino que también cumpliremos con el postulado democrático de generar los consensos básicos donde apoyaremos las bases de la futura, siempre pujante, Mendoza”! No se equivocaba Marx cuando hacía notar, en su libro El 18 Brumario de Luis Bonaparte, que es preciso distinguir siempre “entre lo que un hombre piensa y dice de sí mismo, y lo que realmente es y hace”. Hay un abismo entre la retórica de Suárez pour la galerie –muy democrática y pluralista– y su práctica concreta –autoritaria e intolerante– en relación al «Pre Congreso Pedagógico» y muchas otras cuestiones, empezando por la 7722.

A raíz del rechazo votado en el plenario provincial del SUTE el lunes 28, y de la masiva protesta del día siguiente, el gobierno informó que el «Congreso Pedagógico» quedaba diferido un mes. Pocos días más tarde (domingo 4 de octubre), luego de que el peronismo le soltara la mano, Suárez dio a entender que el evento quedaba aplazado hasta después de las elecciones del SUTE, en julio de 2021. Sin embargo, apenas 24 horas después, Thomas dijo en Canal 7 de Mendoza que, si bien el debate parlamentario se pospone al año próximo, el «Congreso Pedagógico» comenzará pronto, a fines de noviembre (!). Lamentablemente, estos vaivenes escandalosos del gobierno –que parecen una burla, una tomadura de pelo– han sido poco explotados por los gremios docentes, que tras la victoria del domingo 4 se focalizaron en el reclamo de recomposición salarial. Ojalá que el rechazo al «Congreso Pedagógico» vuelva a estar pronto en el centro de la agenda sindical, tal como ocurrió en el plenario del 28 de septiembre. De lo contrario, se estaría cometiendo un error táctico que se podría pagar caro.

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¿Qué hay de malo con el preproyecto de LPE, en cuanto a su contenido en sí, más allá de su escandalosa inoportunidad? Muchas cosas. Como suele pasar en estos casos, el problema no radica tanto en lo categóricamente proclamado, sino en la letra chica, las entrelíneas, ciertas ausencias y énfasis, muchas ambigüedades aquí y allá, algunos conceptos o términos sospechosos…

Toda ley tiene una letra, pero también un espíritu. Hay un contexto, circunstancias que imponen límites y presiones. Hay premisas, intenciones y objetivos que, aunque ahora no se expliciten y queden latentes, luego emergen en la interpretación y ejecución. Una cosa es lo que una maestra rural de Malargüe cree que tal palabra o frase puede significar, y otra es lo que esa palabra o frase significa para las autoridades que aplicarán la norma. Por ej., ¿qué se quiere decir exactamente con “todos los actores del sistema educativo, de acuerdo con su nivel de responsabilidad, son responsables por los resultados” (art. 24, inc. e)? Volveremos sobre esta cuestión.

Doy otro ejemplo: el borrador de la ley Thomas habla de «equidad» e «igualdad de oportunidades», pero nunca de «igualdad» a secas. Esa preferencia no es inocente. Tiene una fuerte carga ideológica: la ficción burguesa de la «meritocracia». Por lo demás, ¿se puede hablar en serio de igualdad de oportunidades mientras exista una educación privada en paralelo a la educación estatal? ¿Qué igualdad de oportunidades puede haber entre quienes estudian en el Colegio San Jorge de Chacras de Coria y una escuelita albergue del secano lavallino o un CEBJA de una barriada de Las Heras?.

Y aquí aprovecho para hacer una digresión: terminemos con la farsa de decir «escuelas públicas de gestión estatal» y «escuelas públicas de gestión privada», que heredamos del menemismo. Lo primero es casi un pleonasmo (en realidad no porque hay escuelas comunitarias o de gestión social, como las de los pueblos originarios). Lo segundo es un oxímoron, una contradicción en los términos: lo privado es, por definición, lo opuesto a lo público.

Por supuesto que el gobierno ya salió a excusarse diciendo que solo se trata de un borrador, no del proyecto que presentará a la Legislatura, y que está dispuesto a recibir aportes y hacer modificaciones. Precisamente por eso, aduce, ha convocado un «Congreso Pedagógico». Pero, más allá de tal o cual detalle susceptible de retoques gatopardistas, las líneas maestras de la reforma ya están trazadas, y ciertamente no invitan al optimismo.

Otro penoso pretexto esgrimido por Thomas ha sido decir que ciertas omisiones del preproyecto se advierten también en la ley actual, la 6970, sancionada hace casi dos décadas. ¡Como si los vacíos legales de larga data fuesen saludables, y debieran ser perpetuados cada vez que se vuelve a legislar! En lógica, esta falacia tiene un nombre: argumentum ad antiquitatem, apelación a la tradición. Si algo estaba, que siga estando porque debe ser bueno. Si algo faltaba, que siga faltando porque debe ser malo… Ridículo razonamiento.

El gobierno, asimismo, insiste en aclarar que se trata de una ley marco, por lo que sus lagunas serían –a su juicio– totalmente justificables. La promesa de un perfeccionamiento futuro envuelto en un limbo de incertidumbres (¿cuándo?, ¿qué?, ¿quiénes?) tampoco es convincente. Puede haber una mejora, pero puede no haberla. Es más: las leyes específicas ulteriores podrían acarrear un retroceso, como muchas experiencias históricas de neoliberalismo acreditan.

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Pero vayamos al grano: ¿qué se le critica al borrador original de la ley Thomas? No pocos puntos.

Ante todo, que no muestra ninguna preocupación por solucionar los problemas concretos y acuciantes de la escolaridad pública provincial: brecha socioeducativa, déficit edilicio, insuficiencia de materiales didácticos y herramientas tecnológicas, aulas superpobladas, dificultades de conectividad, impedimentos para ingresar a la docencia, falta de concursos, ausencia de paritarias, una OSEP desbordada, sobrecarga de horas y un largo etcétera. Es una ley abstraída de la realidad, solipsista.

Otra objeción no menos importante, que el SUTE históricamente ha planteado: en materia de presupuesto y financiamiento, la ley Thomas, igual que la actual, elude los compromisos concretos, desglosados por ítems (salarios, infraestructura, equipamiento, higiene, seguridad, etc.), con plazos determinados, quedándose en las generalidades, en las buenas intenciones. Crítica que se puede hacer extensiva al Sistema de Educación Digital (SED), muy grandilocuentemente presentado, pero sin que nadie sepa bien de dónde diablos saldrán los fondos para semejante modernización; descuido que hacer pensar en una digitalización a costa de los bolsillos de docentes y familias, que es, de hecho, la situación imperante en esta pandemia. Por otra parte, se tiende a legitimar y propiciar el autofinanciamiento educativo, una peligrosa arma de doble filo, puesto que le lava la cara al ajuste y la privatización de la enseñanza.

En tercer lugar, se le cuestiona que faculta y obliga al director general de Escuelas a “proponer la adecuación del Estatuto del Docente al espíritu de esta ley, la actualización, mejoras, según los adelantos jurídicos, técnicos y científicos” (art. 142), vaguedad que huele a precarización del trabajo. Recuérdese que el Estatuto Docente es la piedra angular de los derechos laborales de quienes se desempeñan en la enseñanza.

Inquietan sobremanera las menciones a la “evaluación externa de la calidad educativa”. Son menciones enfáticas, y a la vez muy difusas, de altísimo riesgo para el bien público y la autonomía del sistema escolar. Sabida es la idolatría que siente Thomas por el modelo chileno, un modelo donde la evaluación externa ha sido el ariete de la privatización y mercantilización. El art. 34 estipula: “el Gobierno Escolar podrá relacionarse en forma de red con otros sistemas de información y evaluación provincial, nacional o internacional, con grupos de investigación pertenecientes a otros órganos e instituciones, intercambiando instrumentos, metodologías y resultados”. El artículo siguiente prevé: “El Estado Provincial podrá crear organismos de evaluación educativa a fin de lograr los objetivos previstos en el presente capítulo”. Son disposiciones de una amplitud y vaguedad peligrosísimas en manos de un gobierno de derecha como este. Podrían derivar fácilmente en el rankeo de escuelas, asociado a la idea de culpabilizar a maestras y profesores por la crisis educativa; idea que parece subyacer también al ya citado art. 24, inc. e (responsabilidad por resultados).

Lo mismo cabe decir del art. 10, inc. g: lxs docentes tendrán derecho a “percibir una remuneración acorde a su responsabilidad, su compromiso y a la función social que cumplen”. En lugar de decir acorde a su cargo, cantidad de horas trabajadas, antigüedad, títulos, asignaciones familiares, etc., habla de entelequias como «responsabilidad», «compromiso», «función social»… ¿Qué entiende el oficialismo por esos conceptos tan vaporosos? ¿Cómo habrá de mensurarlos? Resulta muy difícil no relacionar esta indefinición normativa con la flexibilización laboral, estando Suárez y Thomas detrás.

¿Qué hay de la “descentralización operativa” que establece el art. 14, inc. b? Desde los tiempos del menemismo, el término «descentralización» tiene connotaciones siniestras… No sé ustedes, pero a mí esta laxitud normativa me da pavor, acaso porque, siendo historiador, me vienen a la memoria, en tropel, muchos precedentes aciagos de nuestra región, América Latina.

Recuérdese que el gobernador, en su discurso del 1° de mayo, había anticipado que elevaría a la Legislatura “un proyecto de ley para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Provincial de Evaluación de la Calidad Educativa”. Ya conocemos el cuento del tío de la descentralización, una de las niñas mimadas de los organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Mundial, BID): autonomía frente al Estado, promiscuidad con el mercado. “Actualmente existe un gran consenso internacional en cuanto a la necesidad de poder tener indicadores precisos, fiables […] para poder decidir políticas educativas pedagógicas que apunten a cumplir los distintos lineamientos políticos para nuestra gestión”, aclaró –¿u oscureció?– Thomas después del discurso de Suárez.

Pero hay otros guiños retro al neoliberalismo de los 90. El art. 15 proclama sin pudor, como “principios generales de administración del Sistema Educativo Provincial”, en primerísimo lugar, a la “eficacia pedagógica” (definida como “capacidad técnica de […] alcanzar los resultados y objetivos educacionales propuestos”), y en segundo lugar, a la “eficiencia económica” (definida como “capacidad operacional de maximizar y optimizar el rendimiento en la utilización de los recursos destinados a la consecución de los objetivos principales del Sistema Educativo Provincial”).

Recapitulemos: descentralización, eficacia, resultados, objetivos, eficiencia, maximización, optimización, rendimiento, recursos… ¡Thomas y sus colaboradores agotaron el léxico tecnocrático del neoliberalismo! Esto da urticaria.

En el tercer artículo, primer inciso, no hay una definición explícita de la educación como derecho humano fundamental. Es cierto que se la conceptúa como un “un bien público y un derecho personal y social, fundamentales para el desarrollo integral de las personas y de la sociedad”, pero la contundencia retórica y ético-filosófica del sintagma «derecho humano fundamental» se echa de menos, algo que también pasa con la LEN.

Genera suspicacia, además, que se prescinda del adjetivo «indelegable» cuando, a poco de comenzado el cap. 1, se define la educación como “una obligación del Estado provincial” (art. 3, inc. b). Téngase en cuenta que la LEN, a la cual las leyes educativas provinciales deben adecuarse, en su cuarto artículo estipula: “El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación”. No explicitar que algo es indelegable no necesariamente significa que se lo considere delegable, pero, ¿cómo no desconfiar de un gobierno neoliberal como el de Suárez y Thomas, con tan malos antecedentes?.

Otro boquete neoliberal al sistema educativo son los arts. 2, inc. b, y 3, inc. i, junto a los arts. 111 y 112. Abren las puertas de par en par a la municipalización de la enseñanza, en la vena del modelo chileno. La experiencia en América Latina ha sido desastrosa. Al menos en los países periféricos, municipalización ha sido en los hechos (al margen de todas las bellas promesas que se declamen) sinónimo de fragmentación y desfinanciación de la escolaridad pública. Por lo demás, el antecedente local de los SEOS tampoco resulta alentador. En ellos, la precariedad laboral siempre ha sido enorme: contratos chatarra, salarios que no cubren la canasta básica, imposibilidad de pasar a planta permanente, ausencia de recategorizaciones, presiones de punteros para hacer proselitismo en los barrios, etc.

No podía faltar, en el boceto de la ley Thomas, una cuota considerable de vigilantismo patronal. Con el antecedente de la reforma draconiana del Código Contravencional, era de imaginarse que el borrador de la LPE iba a incluir cercenamientos a la libertad de pensamiento y expresión. El art. 11, inc. k, prescribe que maestras y profesores deberán “hacer un uso responsable de sus redes sociales, conforme lo exige la profesión docente, teniendo presente en todo momento que son públicos los comentarios u opiniones que allí se realizan”. El inciso siguiente conmina, lisa y llanamente, a practicar la delación: “Comunicar ante la autoridad escolar cuando detecte o advierta que alguna persona miembro de la comunidad educativa esté haciendo un uso inconveniente de las redes sociales, con el objeto de promover su oportuno abordaje”. Thomas, a posteriori, trató de maquillar esta aberración alegando que se hacía referencia implícita a la problemática del bullying. El argumento –huelga aclarar– resulta demasiado endeble, debido a la extrema vaguedad en la tipificación, un defecto inexcusable en la elaboración de normas jurídicas, y que siempre ha estado asociado a la discrecionalidad del autoritarismo.

Tufillo a persecución ideológica emana también el art. 3, inc. g, donde se establece que la educación pública deberá estar “exenta de dogmatismos”. ¡Curiosa forma de garantizar el pensamiento crítico! ¿Qué sería dogmatismo? La disposición “exenta de dogmatismos” huele a «antipolítica» fascistoide, a anticomunismo y gorilismo.

Muy repudiado fue también el ninguneo de los Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT) y las Escuelas Artísticas Vocacionales (EAV). En verdad, toda la educación artística quedó muy relegada, seguramente por considerársela poco útil. La Asamblea de Trabajadores de las Artes Visuales difundió un comunicado sumamente crítico. Tal fue el malestar, que el propio gobernador anunció vía Twitter que habría una revisión del borrador. Promesas o concesiones puntuales de este tenor, arrancadas al poder por medio de la lucha colectiva, no debieran alimentar falsas esperanzas.

Hay otras invisibilizaciones, aparte de los CCT y la educación artística: juntas, servicios de orientación, preceptoras, celadores, organizaciones gremiales, centros de estudiantes… La Educación de Jóvenes y Adultos –mi campo de desempeño docente– apenas si está desarrollada, lo cual pone en evidencia el desprecio que siente el gobierno por los CEBJA y CENS, a los que tantas veces ha hecho recortes presupuestarios.

Este inventario dista de estar completo, pero a efectos ilustrativos creo que vale.

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Uno de los aspectos más tóxicos de la profesión docente en Mendoza es tener que soportar el coaching pedagógico-burocrático de la DGE, con toda su jerga hermética, chatura teórica y entusiasmo panglossiano. Conviene aquí dejar de lado los eufemismos con que algunas luminarias pedagógicas, encerradas en su termo negacionista-filoneísta, nos pontifican, como declarar tabú el término «educación a distancia», porque –alegan demagógicamente– no hay distancia, y si se habla de distancia, se crea distancia. Bla, bla, bla. ¡Sí hay distancia! ¡Claro que hay distancia! No es lo mismo enseñar y aprender en un mismo espacio físico, presencialmente, cara a cara, en cercanía, que hacerlo de lejos, a kilómetros, a través de medios puramente digitales. No es lo mismo, no. Ni en lo pedagógico, ni en lo emocional (si cabe hacer tal distinción analítica). Como tampoco es lo mismo ver un partido de fútbol o un concierto de rock por televisión, que en un estadio. La vibración, la química, la magia, la comunión del encuentro tête-à-tête, no puede lograrse virtualmente, y este no es un detalle menor.

Al principio, es cierto, gran cantidad de docentes creyeron inocentemente en la «panacea de la virtualidad» que la pandemia –según Thomas– había traído aparejada como «beneficio colateral», como progreso irreversible. Seis meses después de intensas experiencias en la trinchera, en la primera línea de fuego (donde Thomas y su think tank jamás están), cualquier maestra o profe de secundaria se da cuenta que tanto optimismo tecnológico fue un desatino, y que no hay que apresurarse tanto en firmar alegremente el acta de defunción del aula presencial, aunque haya lobbies que esperan ansiosamente cavarle la tumba en lo que resta del siglo XXI.

Algo parece claro a esta altura: una cosa es incorporar tecnología a la educación de manera gradual y criteriosa, selectiva y responsablemente, atendiendo a sus finalidades propias y necesidades específicas, comprendiendo y respetando la complejidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin afectar la calidad pedagógica ni agravar la brecha socioeducativa, y otra muy diferente es celebrar y fomentar con ligereza, globoludamente, la virtualización de la educación bajo las consignas el show debe seguir y el futuro ya llegó, sin evaluar las formas y consecuencias de una transformación tan delicada, como si se estuviera jugando al aprendiz de brujo de Goethe, Dukas y Disney. Por otro lado, una cosa es tratar de emparchar, de paliar transitoriamente el grave problema del cierre de las escuelas recurriendo a medios tecnológicos, hasta tanto se salga de la emergencia sanitaria, y otra muy diferente es aprovechar la coyuntura pandémica para intentar construir una nueva normalidad educativa.

Esto último es lo que se avizora en el borrador de la ley Thomas, donde hay un fortísimo acento puesto en el “Sistema de Educación Digital (SED)” (arts. 36 a 40) y la “Educación a Distancia (EA)” (arts. 113 a 115), que contrasta con el parco y desganado tratamiento de otras esferas menos afines a la racionalidad tecnocrática, como las ciencias sociales, el arte, la filosofía, la participación democrática de docentes y estudiantes, la representación gremial y los derechos humanos. “Las plataformas que usan hoy los docentes” a raíz de la emergencia pandémica “nos dan una capacitación en servicio obligatoria que hubiese sido imposible de otra manera. Eso va a colaborar con todo el sistema”, expresó el director general de Escuelas sin ocultar su entusiasmo, en una entrevista a Los Andes del 17 de mayo. “Cambiar el sistema es difícil pero la pandemia obligó a hacerlo”.

Poco tiempo antes, el 26 de abril, en una tragicómica encuesta que hizo Memo a “68 referentes” del establishment mendocino sobre “qué hábitos adquiridos durante la cuarentena se volverán parte de nuestra vida”, José Thomas, el n° 42 de la lista, opinó: “En la gestión pública, privada y comercio, la mixtura digital/presencial va a quedar presente en la vida de todos. En la educación se va a seguir trabajando a nivel presencial y no presencial. Se ha visualizado que hay gente a la que no les llegan las nuevas tecnologías, y tendrán que llegarles. […] Se está yendo sin retorno hacia la educación por proyectos y capacidad, con la autoevaluación y más autonomía del alumno, como asimismo la educación invertida, en donde el alumno trabaja y solo va hacia el docente a consulta. La gestión pública se va a volcar cada vez más hacia el expediente electrónico. Cambió, además, el reunionismo presencial: no se perderá, pero tampoco es necesario que vuelvan a hacerse reuniones mensuales presenciales. Eso ahorra y funciona con mayor eficiencia”. Sin palabras…

No todas las personas comparten el optimismo tecnológico-tecnocrático de Thomas. En el campo internacional de la filosofía, el grito de alerta lo lanzó Giorgio Agamben el 23 de mayo, en su escrito Requiem per gli studenti. Muchas voces se burlaron de él, simplificando y tergiversando su tesis como «ludismo» romántico, como «talibanismo» antitecnología, como humanismo senil y cerril. Aunque el texto incurre en exageraciones poco felices (como las predicciones apocalípticas sobre la pospandemia y el paralelismo forzado con la Italia fascista de Mussolini), lo medular de lo que allí plantea el pensador romano me parece correcto.

“Como habíamos previsto”, asevera Agamben, “las lecciones universitarias se dictarán a partir del próximo año on line. Aquello que para un observador atento era evidente, es decir, que dicha pandemia sería usada como pretexto para la difusión cada vez más invasiva de las tecnologías digitales, se ha puntualmente realizado”. Esto conlleva una “transformación de la didáctica, en la que el elemento de la presencia física, en todo momento histórico de suma relevancia en la relación entre estudiantes y docentes, desaparece definitivamente, como desaparecen las discusiones colectivas en los seminarios, que eran la parte más viva de la enseñanza”. Agamben prosigue: “Forma parte de la barbarie tecnológica que estamos viviendo la cancelación de la vida de toda experiencia de los sentidos y la perdida de la mirada, ya hace mucho tiempo encarcelada en una pantalla espectral”.

Pero “Más decisivo aún en lo que está sucediendo es algo de lo que significativamente no se habla, y, esto es el fin del estudiantado como forma de vida. […] Aquella del estudiante era […] sobre todo una forma de vida en la que era ciertamente determinante el estudio y la escucha de las lecciones, pero no menos importantes eran el encuentro y el asiduo intercambio con otros scholarii”, con pares. “Esta forma de vida ha evolucionado en modos diversos en el curso de los siglos, pero ha sido constante, desde los clerici vagantes del Medioevo a los movimientos estudiantiles del novecientos, la dimensión social del fenómeno”. Y concluye: “Quien ha enseñado en un aula universitaria sabe bien cómo, por así decir, bajo sus ojos se ligaban amistades y se constituían, según los intereses culturales y políticos, pequeños grupos de estudio y de investigación, que continuaban encontrándose también después de clase”.

Agamben fue demasiado lejos en su pronóstico tremendista. Tarde o temprano habrá una pospandemia, y en la pospandemia habrá una vuelta a la presencialidad. Con protocolos sanitarios, con cambios de distinta índole, pero habrá una vuelta a las aulas reales, al espacio físico de la escuela y la universidad. Esto parece obvio. No obstante, diversos indicios apuntan hacia una nueva normalidad donde la bimodalidad –la coexistencia de la educación presencial con la educación digital y a distancia– habrá sin duda avanzado muchos casilleros. Para delicia del filósofo Nick Land y sus seguidores, y de otros cenáculos aceleracionistas de distinta laya, transformaciones antes solo imaginables a largo plazo, ahora –pandemia de coronavirus mediante– no resultan tan improbables a corto o mediano plazo. La reforma educacional impulsada por el gobierno mendocino (la primera de Argentina en entronizar la virtualidad de un modo tan explícito y consecuente) constituye un claro ejemplo de cómo esta imprevista coyuntura de crisis global puede acelerar la fetichización de la tecnología y la expansión del capitalismo digital, hoy representado, fundamentalmente, por el poderoso oligopolio de las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft).

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De un tiempo a esta parte, Alexis Capobianco Vieyto, un intelectual y camarada del Uruguay, viene transitando un camino de escritura crítica por demás interesante y relevante: la educación virtual en tiempos de coyuntura pandémica, sobre el telón de fondo del capitalismo tardío y sus dinámicas macroestructurales. Sus textos, publicados en la revista Reactiva del país hermano, se destacan por su actualidad, rigor, amplitud, lucidez, claridad y humanismo, atributos que cada vez cuesta más hallar conjugados. No siendo conocidos en la Argentina, vale la pena citarlos en extenso.

En el primero de ellos, Teletrabajo y educación no «presencial», que salió a la luz el 5 de junio, Alexis ya nos alertaba sobre los riesgos del teleworking en la enseñanza: “El teletrabajo no es producto de la actual coyuntura, pero sin embargo ha tenido un impulso innegable en los últimos meses, dadas las diversas situaciones de confinamiento obligatorio o aislamiento social que se han adoptado en diversas partes del mundo”. Ahora bien: “este teletrabajo, por las peculiares condiciones en que se implantó en estos últimos tiempos, casi de la noche a la mañana, no lo hizo en general en forma negociada con los trabajadores, lo cual produjo una acentuación sustantiva de la tendencia desreguladora y de flexibilización laboral que ya mostraba previamente a la crisis y que tendió a aumentar aún más el grado de explotación”. Alexis se pregunta: “¿Y qué lugar ocupa en todo esto la educación? Hace ya tiempo que existe una fuerte presión por parte de diversos sectores del capital, algunos estados y fuerzas políticas a favor de la mercantilización de la educación”. No está de más recordar, añade nuestro autor, que “el presupuesto educativo constituye entre el 4,5 y el 5% del PBI mundial”, así que “Imaginemos lo apetitoso que debe ser para las empresas capitalistas ese importante porcentaje del PBI”. Con la pandemia, prosigue, “La teleeducación puede significar un salto cualitativo en un sentido mercantilizador y privatizador de la enseñanza, aumentando significativamente el control de la misma por parte de grandes empresas transnacionales, en particular de aquellas vinculadas a las tecnologías de la información” (las GAFAM básicamente).

En otro artículo, Fetiches y fetichismo –que salió a la luz el 9 de julio–, Alexis reflexiona en torno al fetiche contemporáneo de la tecnología. “Una versión de ese fetichismo tecnológico”, explica, “es lo que podríamos llamar el fetichismo tecnológico educativo. Este fetichismo supone que las tecnologías, particularmente las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), casi por su sola fuerza podrán producir una transformación educativa sustancial en un sentido positivo y «revolucionario», multiplicando las capacidades de los actuales educandos”. No solo eso: nos salvarían también “del esfuerzo, el aburrimiento y la desmotivación que implicarían las obsoletas «pedagogías tradicionales»”. La maestra o “el docente se transforma así en una figura cada vez más prescindible, en una de las tantas profesiones que se están volviendo progresivamente innecesarias”. Se espera que “su lugar sea ocupado cada vez más por «facilitadores» o «animadores» […], puesto que la relación principal será estudiante-máquina”. Claro que “Será necesario alguien que aporte elementos para facilitar esa relación, pero no alguien que transmita conocimientos porque ellos ya están todos ahí, «en la nube». En su relación con las TIC, el estudiante irá desarrollando todo lo que necesitan los «ciudadanos» del siglo XXI”. Puede decirse que “en sus versiones más extremas, y siempre existen versiones más extremas, las TIC serían algo así como la panacea universal que remediará todos los males que padece la educación y que nos permitirá por fin una educación sin esfuerzo, sin frustración, en el marco de un mundo sin dolores ni padecimientos”. Claro que “con la situación de pandemia y la generalización de la educación en entornos virtuales, el impulso a las TIC, y más específicamente a las EdTechs, […] ha tomado una inusitada fuerza”, todo eso siempre “en el marco de una discursividad fetichizadora”.

En el tercer artículo de su serie, Integración, segregación y fragmentación educativa en Uruguay y los dichos de un ministro, publicado el 14 de agosto, Alexis advierte: “La educación en entornos virtuales, y más como se produjo en los últimos tiempos, tiende a profundizar procesos segregadores, o incluso dar un paso más allá, hacia procesos fragmentadores en que la construcción de espacios comunes, de lo público, es cada vez más dificultosa”. Por otra parte, “En estos últimos tiempos los docentes hemos podido ver, más allá de las dificultades propias que supone lograr un compromiso educativo «a distancia» y en «entornos virtuales» con gran parte de los niños o adolescentes, que muchos estudiantes no contaban con las herramientas informáticas mínimas”.

Sobre la virtualización de la educación y la corporeidad ausente, del 16/9, versa sobre el principio pedagógico de integralidad, y sobre los riesgos que enfrenta en estos días. “La educación no es solo salones con bancos y un pizarrón”, apunta Alexis. “Es también laboratorios, gimnasios y talleres. No es solo trabajo con las mentes, es asimismo interacción y modificación del mundo material y trabajo con nuestro cuerpo. Esto que uno pensaría como algo evidente no parece serlo tanto”. La integralidad “no aparece en la mayoría de los discursos que más fuertemente se orientan en favor de la virtualidad, o solo aparece marginalmente”. No se debe perder de vista que “la educación es también salidas didácticas y trabajo de campo, en todos los niveles de la enseñanza”. Ella “no es solo intercambios docente-estudiante, sino también intercambios entre estudiantes”. Y además supone otra cosa: “ir más allá de un mero agregado de estudiantes hacia la conformación del estudiantado”. Todo esto “se ha visto severamente afectado o directamente imposibilitado en los tiempos de virtualidad educativa”.

Estas reflexiones críticas de Alexis Capobianco Vieyto son, pues, una invitación a tomar con pinzas el optimismo tecnocrático-tecnológico de estos días. Ese optimismo digno de un Dr. Pangloss –el personaje de Voltaire– se advierte muy fácilmente en Thomas y su borrador de ley. No se trata, insisto, de una antinomia River-Boca entre tecnología sí y tecnología no. La tecnología puede ser algo útil, positivo, para la pedagogía y la didáctica, y debe, por lo tanto, formar parte de la experiencia cotidiana escolar. Pero no se la debe idealizar ni sobredimensionar con ligereza, acríticamente. Es un medio, una herramienta. No un ídolo, no un fin en sí mismo, no un principio rector. Fuerzas subterráneas muy potentes operan a favor de la virtualización, mercantilización y fragmentación de los procesos de enseñanza-aprendizaje: las GAFAM, el capitalismo digital. El peligro que encierra este pulpo global para el porvenir de la educación pública nunca ha sido tan grande como ahora, con la pandemia.

La reforma de la legislación escolar que promueve con vértigo el oficialismo en Mendoza no se puede entender si se hace abstracción de todas esas presiones o condicionamientos estructurales de la economía-mundo capitalista en su fase tardía. Detrás del árbol está el bosque. El preproyecto de LPE, sépalo o no, quiéralo o no el gobierno radical, resulta funcional a los intereses de unas GAFAM que ambicionan más que nunca expandir el comercio educativo. La reforma de Suárez está saturada de fetichismo tecnológico, de endiosamiento de las TIC, de virtualismo pedagógico, de flexibilización teleworking... Si el proyecto de ley consiguiera sanción en la Legislatura, la férrea lógica del mercado y el utilitarismo filisteo habrán conquistado la escuela pública mendocina. Y de ese modo, el aceleracionismo de la tecnocracia neoliberal, el capitalismo digital, habrán conseguido otra baza más de cara al mundo pospandemia y la nueva normalidad.

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“Es crucial el involucramiento de todos/as los/as mendocinos/as porque se trata de la ley que regulará durante los próximos años la educación”, declama el gobierno en la página de inicio del «Congreso Pedagógico». Su acting democrático-pluralista no le impide reconocer una verdad: hay mucho en juego cuando se habla de una nueva LPE. Las consecuencias –a corto, mediano y largo plazo– de una reforma de semejante envergadura no son pocas, ni menores. Se dirime nada menos que el futuro de la educación pública mendocina (vía Twitter, un Suárez con aires proféticos de Nostradamus –y la autoestima de un Licurgo– reveló la vigencia exacta que debería tener la norma venidera: ¡20 años!).

El lunes 28 de septiembre fue –lo destacamos ya– una jornada histórica. En un plenario provincial del que participaron casi mil escuelas, se resolvió por unanimidad rechazar el “momento, metodología y contenido del proyecto de ley de educación presentado por el gobierno”, y exigir “paritarias ya”. También se acordó, por amplia mayoría, que el sindicato se abstenga de “participar del congreso pedagógico convocado por la DGE”, “Realizar jornadas propias del SUTE, con la comunidad, para debatir los problemas del sistema educativo”, y por último, “Convertir las jornadas institucionales que convoque la DGE en asambleas, para rechazar el proyecto de ley y por la apertura de paritarias”.

En lo inmediato, dos puntos se aprobaron como plan de lucha: “Caravanazos los días 29 y 30/09; acción en las redes sociales; campaña en los medios de comunicación y unidad con gremios, organizaciones sociales y comunidad” y “Plenario en sesión permanente”. Todo eso representa –se hace notar en el comunicado de prensa del SUTE– “un paso significativo en la construcción del paro como medida de lucha: desde el ítem aula nunca hubo tantos mandatos que trajeran esta u otras medidas similares como desconexión o retención de tareas. Tenemos la tarea de volver a las escuelas y construir un gran paro provincial si el gobierno insiste en esta política”. Por lo tanto, “Es fundamental que convirtamos las jornadas que convoque la DGE en espacios de debate y asambleas, para sostener el rechazo al proyecto y la demanda por #ParitariasYa”.

Contra el pronóstico agorero de algunos sectores, y a pesar de la alevosa invisibilización mediática, los caravanazos del martes 29 y miércoles 30 fueron multitudinarios. Las bases del SUTE, SADOP y ATE se movilizaron en auto o a pie en toda la provincia, igual que agrupaciones estudiantiles y partidos de izquierda (FIT, COR, etc.). La masividad de la protesta llevó al gobierno a anunciar la postergación del «Congreso Pedagógico» y modificar el borrador de la ley, a la vez que provocó fisuras en el operativo blindaje de la prensa hegemónica (no se puede tapar el sol con la mano, al menos cuando llega la primavera). No solo eso: muy poco después, Suárez y Thomas se vieron obligados a comunicar el aplazamiento del debate parlamentario hasta el año próximo. Un tercer caravanazo se llevó a cabo el jueves 8, demostrando que la protesta no está agotada. Todo indica que la lucha docente persistirá, puesto que la necesidad de una recomposición salarial es acuciante y unánimemente sentida.

Tenemos que ir al paro. Paro para exigir la reapertura inmediata de paritarias, una recomposición salarial urgente. Pero también paro en aras de reafirmar y robustecer el rechazo a una reforma educativa que el gobierno ha pospuesto, pero no abandonado, y que intentará hacer avanzar en el «Congreso Pedagógico», a partir de fines de noviembre. Ahora bien: tenemos que lograr –para que no nos pase aquello que nos pasó con el ítem aula– que la defensa de la educación pública mendocina se convierta en una gran causa popular, igual que con la Ley Guardiana del Agua. Los gremios docentes y el movimiento estudiantil son claves, desde luego, como lo fue, a comienzos del verano pasado, la brega incansable de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP). Pero la movilización deberá trascender el marco de las minorías intensas, la esfera de la militancia. Deberá devenir lucha de masas, como en el Mendozazo del Agua. Los caravanazos van en esa dirección.

Sin dejar tampoco, desde luego, que la dirigencia peronista domestique o desinfle la protesta, como intentó hacer a fines de 2019, cuando transó con el oficialismo y el lobby minero. La salida es siempre por debajo y a la izquierda. Nuestro hilo de Ariadna es el anticapitalismo. Como socialista libertario, tengo discrepancias con el trotskismo. Pero la gravísima coyuntura reclama unidad en la lucha, y el FIT mendocino ha tenido una coherencia y un compromiso notables, que nadie puede negar, dentro de la Legislatura y en las calles. Los tuvo con la 7722, y los tiene ahora otra vez, frente a la reforma educativa. La tibieza, los zigzagueos y las defecciones de un Ilardo contrastan fuertemente –la verdad sea dicha– con la actuación de Lautaro Jiménez y Mailé Rodríguez, siempre en la trinchera con la clase trabajadora.

Habrá que seguir con atención lo que suceda en nuestra provincia, porque sentará un precedente a nivel nacional. Si en Mendoza la ofensiva neoliberal triunfa, otras provincias o jurisdicciones podrían tomar nota, y hacer lo propio. Tengamos plena conciencia histórica de todo lo que está en juego (Mendoza es un caso testigo). Deberemos unir nuestras voces, y gritar al unísono, una y otra vez, hasta vencer, «¡no pasarán!».

Ese futuro puede ser mejor o peor, de acuerdo al desenlace que tenga la lucha que acaba de principiar; lucha que no promete ser corta ni fácil. Si Suárez y Thomas se salen con la suya, la escuela pública saldrá perdiendo. Si la comunidad educativa y el pueblo trabajador triunfan, resisten con éxito la embestida tecnocrática de la derecha, se podrá volver a soñar y bregar, con optimismo renovado, por la utopía de una enseñanza-aprendizaje que haga plenamente posible la autorrealización humana en libertad e igualdad. Pero acaso sea hora de comprender que esa utopía, igual que las otras, no serán posibles dentro del capitalismo, independientemente de cuál sea su rostro.

Pero primero lo primero, lo urgente, lo inmediato: derrotar esta ofensiva del neoliberalismo contra la escuela pública mendocina. Que la alegre cantata del pueblo, en esta primavera que preludia al pie de los Andes, haga callar el triste réquiem del gobierno.

NOTA.— El presente artículo es una versión abreviada, corregida y actualizada del que fuera publicado en el semanario La Quinta Pata (Mendoza), el domingo 4 de octubre de 2020.







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