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Red Internacional

Con motivo del mes de la Pachamama (Madre Tierra), distinguiremos la película documental “En el nombre del litio”, dirigida por Tian Cartier y Martín Longo, y la información proporcionada por su portal dada su vigencia e importancia actual.

Cintia VargasEstudiante de Historia UNJu

Jueves 5 de agosto | 20:03

Durante el film, que puede verse on line hasta el 9 de agosto, se nos relata centralmente la situación, que atraviesan las comunidades originarias de la cuenca de Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y la zona de Olaroz-Caucharí, ubicadas entre las provincias de Salta y Jujuy, ante la pelea por proteger de las multinacionales a los salares. Se trata de territorios codiciados, ya que contienen una de las mayores reservas de litio del mundo. A su vez, se presentan estudios y análisis que sirven de sustento al documental (y que pueden consultarse en su página).

Será el rostro de Clemente Flores, de la comunidad aborigen de Agosto en Salinas Grandes, Jujuy, el hilo conductor, quien lleve a los espectadores hacia los responsables políticos provinciales y nacionales, sociales y económicos de esta resistencia de las comunidades ante el inminente avance de las mineras.
Aunque el film nos resalta la predisposición de las comunidades a la lucha y resistencia para proteger sus territorios y decidir democráticamente qué acciones llevar a cabo, de igual manera se reflejan responsabilidades de una situación que no les es “nueva” sino que deriva de anteriores experiencias en el sector.

Clemente nos dice “Hoy nos encontramos en contacto con otras comunidades que han transitado por procesos similares como el caso de presas Peripa y el impacto en los bosques. Miramos con preocupación lo ocurrido en la Mina Aguilar (Jujuy). No estamos en contra de la minería, sino que queremos que se respete nuestra voz. En 2009 el Estado anunció que iba a explotar la mina Pirquitas, que tendría una producción por treinta años y hoy está cerrada. No duró más de seis años.”

Y respecto al “famoso” Cauchari de Gerardo Morales, detalla: “A 90 kilómetros, en la zona del salar Cauchari, están explorando litio y percibimos lo que está pasando: grandes perforaciones, vertientes secas, productores que se ven con la obligación de marcharse con sus llamas. Y nadie habla de ello.”

La conclusión a la que se nos lleva es que estos espacios físicos y culturales se transformaron en “zonas de sacrificio” para reducir el cambio climático, lo cual no solo resulta grotesco e incomprensible sino que argumenta la irracionalidad del capitalismo. A saber, el litio se extrae de rocas, arcillas o salmueras como en Bolivia, Chile o Argentina. Se extrae bombeando la salmuera que está debajo de la costra salina y se deposita en piletones, cuando se evapora el agua de salmuera se vuelve a rellenar con el agua de las comunidades lo que las deja sin agua, escasez expuesta en el documental.

Además, dado que las fuentes naturales de recarga de agua de los salares son la lluvia y los ríos temporales, la alteración y daño de la interfaz salina podría repercutir sobre las áreas de agua salobre y agua dulce, causando un desbalance hídrico. La afectación de estos humedales del altiplano y de ecosistema frágil, como la Puna, representaría una disminución del agua disponible para la flora y fauna, hasta el agua disponible para uso humano y que repercutiría en las actividades económicas primarias tradicionales como la ganadería, la agricultura y extracción de sal de la comunidad.

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No fueron solo Macri y Morales

La continuidad y afianzamiento se dio en plena pandemia, en 2020 con el Frente de Todos como presidencia. La Secretaría de Minería de la Nación publicaba el documento Hacia la construcción de una visión compartida sobre la minería en Argentina, dando inicio a un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino (PEDMA). Proyecto extractivo para los próximos 30 años con el objetivo de consolidar las condiciones para su desarrollo.

Dicho documento generó análisis críticos y alarmantes ante la posibilidad de concretarse. En síntesis, lo central a resaltar es que no sería más que una copia de los proyectos extractivistas del menemismo, que privilegia un desarrollo que no estaría claro en términos de su contribución al Producto Bruto Interno, al producto bruto geográfico o el empleo, y eso sin hablar de los indicadores económicos, sociales y ambientales, señalados por los movimientos sociales y ambientales opositores presentes en diversas regiones del país.

No habría un debate plural de enfoques y contenidos, solo se reafirman viejas costumbres y prácticas del sector minero del menemismo, pero en el marco de un nuevo pago al FMI, que auspicia el “cambio de modelo productivo” que anuncia el ministro de economía Martín Guzmán (y que en términos históricos, no ha variado), hacia la profundización de un sistema extractivista compulsivo para conseguir dólares.

Hacia la construcción de una visión compartida sobre la minería en Argentina, texto fundacional del Plan Estratégico de Desarrollo Minero Argentino (PEDMA), impulsado por el gobierno de Alberto Fernández en 2020.

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Pachamama, no los perdones, porque saben lo que hacen

Argentina ha sido llamado parte del “triángulo del litio”, porque en los salares se contiene más del 80% de las reservas mundiales de litio en salmuera. Delimitado por el salar de Uyuni (Bolivia) al norte, el salar de Atacama (Chile) al oeste, y la Puna Argentina al sur (el salar del Hombre Muerto, Salinas Grandes, cuenca Olaroz-Caucharí, salar del Rincón y Laguna de Tres Quebradas, entre otros).

Incluso existen 46 proyectos mineros de litio en el país, concentrados en su mayoría en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. Y en los últimos años la demanda global del litio se ha disparado, debido a la importancia de las baterías de litio en la industria electrónica, especialmente en el desarrollo de vehículos eléctricos y energías renovables.

Siendo el mayor reflejo de este auge el anuncio de mayo del 2021 sobre la firma del memorándum de entendimiento entre el Gobierno nacional junto con el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y la empresa china Ganfeng Lithium para la instalación de una fábrica de baterías de litio.

Mencionada tríada y en especial los actores nacionales y provinciales, anuncian con buenos augurios la política extractivista minera sin reparar en sus impactos socioambientales, ni en los derechos de las comunidades. Y del consentimiento previo, libre e informado (CPLI), el derecho por parte de los pueblos indígenas a dar o negar su consentimiento a todo proyecto que los afecte a ellos o a su territorio, se encuentra en constante atropello y vulneración. Iincluso el actual Rector de la UNJu (Universidad Nacional de Jujuy), presidente del CIN y reciente postulado a Diputado Nacional por el Frente de Todos, Rodolfo Alejandro TECCHI celebró un Convenio específico preliminar entre la Universidad Nacional de Jujuy y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (J.E.M.S.E) a espaldas de las comunidades de la zona.

Si bien el JEMSE es considerado un logro de la gestión de Gerardo Morales, de boca de los medios masivos de comunicación y la suya propia, Gastón Remy, economista, docente de la UNJu y diputado provincial electo (proscripto por el gobierno provincial) sostiene que “en realidad el negocio lo hacen empresas privadas. En el caso de Sales de Jujuy, es propiedad de la australiana Orocobre y la japonesa Toyota, y opera la extracción de litio en común acuerdo con el Estado provincial, que se ubica como socio menor de la multinacional con el 8,5 % del paquete accionario, a través de JEMSE. Y como se desconocen los ingresos del Estado provincial, que genera la sociedad de JEMSE con Sales de Jujuy, solo guiándonos por un cálculo aproximativo, el pago de impuestos del conjunto de las empresas mineras en la provincia es de un 0,9 por ciento del total de sus exportaciones. Las migajas no deberían ser motivo de festejo.”

En consonancia con la vulneración del derecho del CPLI, se suman los atropellos históricos a la educación, la salud y al trabajo hacia las comunidades originarias, que en este caso les sirve a las mineras para intercambios mínimos en servicios (luz, agua) con las comunidades.

Producto de esta situación, el film mismo nos muestra que las distintas comunidades están atravesadas, unas con los procesos de resistencia a la instalación de empresas de litio en su territorio y otras que han decidido autorizar la instalación de las empresas, como la zona de Olaroz-Caucharí; dejando entrever la existencia de grupos a favor y en contra. Siendo el impacto ambiental el precio a pagar para acceder a un empleo, bajo condiciones laborales muy duras. Esto minimiza la preocupación por la contaminación y neutraliza posibles reclamos a favor de la preservación ambiental. Aun así, las promesas de mano de obra que emplean las mineras sigue siendo mínima.

En síntesis, de acuerdo a lo comentado y los hechos que nos muestra el documental, las políticas empleadas por los gobiernos y las mineras son para dividir a las comunidades, ya sea con las promesas de empleo, otorgar algunos servicios, etc; así cooptan a algunos y a los que no, con persecución y causas judiciales intentan callarlos. Empero, los grandes ausentes del film son los mineros, los obreros que ponen en funcionamiento la actividad minera y que desde una perspectiva marxista son los posibles portadores de un cambio de fondo en la explotación de los recursos, el impacto ambiental y el destino de la riqueza generada; ya que todo plan que sea en función de las necesidades sociales exige de la unidad de los trabajadores mineros con las comunidades para dar pelea en conjunto.

Y por último, es importante resaltar que ante la postura de los gobiernos (nacional y provincial) y la situación de las comunidades en el norte de la provincia, la diputada provincial Natalia Morales sostiene, desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que “En lo inmediato, parte del programa del FIT es la prohibición de la megaminería y el extractivismo, dadas las incidencias medioambientales, como sucede en Jujuy, en específico por el agua. Sumado al atropello a los derechos de los pueblos originarios en relación al Consentimiento Previo Libre e Informado (CPLI). A su vez, hemos presentado un proyecto nacional con Nicolás Del Caño, que también vamos a presentar en la provincia, por la Prohibición de la Minería con sustancias contaminantes, para que sea un punto de apoyo para los sectores que luchan: los sectores ambientalistas, la juventud y los pueblos indígenas, exigiendo el CPLI. Y como solución de fondo entendemos, que por un lado el litio y los recursos estratégicos tienen que estar nacionalizados pero bajo control de trabajadores, los pueblos originarios y con la participación de especialistas que pongan la ciencia y la técnica al servicio de las necesidades sociales y ambientales; y no, en beneficios de multinacionales y la depredación capitalista neoliberal, que saquea y destruye el ambiente.”




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