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Entrevistas sobre los 70.Pablo Scatizza: “En los años previos al golpe ya había prácticas del terrorismo de Estado”

Doctor en Historia y profesor en la Universidad Nacional del Comahue, Scatizza coordina junto a Gabriela Águila y Santiago Garaño la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política.

Miércoles 24 de marzo | 00:00

¿Por qué te decidiste a estudiar esta etapa tan revulsiva de la historia argentina, particularmente poniendo el eje en el aspecto represivo? Además ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia estatal?

Podríamos decir que fui a los sesentas/setentas en busca de un origen, y me quedé ahí. Un origen que me ayudara a explicar y comprender las modalidades con las cuales los distintos gobiernos ponían en práctica distintas formas de violencia sobre la población bajo la forma de represión. Por entonces, aún cursando mis estudios de grado en la Universidad Nacional del Comahue a fines del siglo pasado y comienzos de este, me desvelaba la relación democracia/violencia estatal que tan clara quedó de manifiesto con el asesinato de Teresa Rodríguez en Cutral Có, el surgimiento de los fogoneros y los piqueteros como modalidad de protesta con la consecuente respuesta represiva por parte del Estado, y por supuesto el levantamiento del 2001. Buscando algún posible origen de ese accionar estatal fue que empecé a mirar los sesentas y setentas, en especial a partir del golpe de Onganía. Lejos de una búsqueda teleológica que pretenda explicar sin más el fenómeno en cuestión, quería buscar si había -y en tal caso cuáles eran- las continuidades que en los últimos 40 años me permitían pensar el problema en términos más bien estructurales, y como dichas permanencias se articulaban con las especificidades propias de cada período y forma de gobierno. Intuía -no era para nada original esta intuición, claro está- que había un punto de quiebre ya incluso con el golpe que derrocó a Perón en 1955, y que el onganiato terminó por consolidar. Quizá fue pereza intelectual no detenerme en “la Libertadora” -visto retrospectivamente-, pero el hecho de poner el foco en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, sobre todo en torno a las protestas que caracterizaron a la región a fines de los sesentas (el Rocazo, el Cipolletazo, el Choconazo, etc) me decidió a detenerme allí. Ello, además de ser en esos años cuando comienza la escalada represiva estatal y paraestatal contra las organizaciones políticas y sociales que llegaría a su punto más alto durante la última dictadura, entre 1976 y 1983. La idea, en síntesis, fue siempre analizar, explicar e intentar comprender el accionar represivo del estado, que es justamente una de las formas en las que puede materializarse la violencia estatal.

El concepto de “violencia” es amplio y necesita casi siempre ser adjetivado (violencia política, violencia social, violencia institucional, violencia simbólica, violencia machista, etc), y cuando hablamos de violencia estatal nos referimos mayormente a las prácticas represivas, (tanto coactivas como coercitivas) que alguna agencia del estado ejerce sobre su propia población, sea para debilitar o directamente eliminar a quienes considera opositores a las políticas de gobierno, o que son una amenaza al statu quo que los mantiene en el poder. Aunque no se restringe solo a ello, por supuesto.

¿Cómo definirías el papel que jugaron las Fuerzas Armadas y de Seguridad dentro del aparato represivo del Estado que funcionó en la década del 70? ¿Qué cambios y continuidades pueden encontrarse hoy respecto a la estructura heredada de la dictadura?

Bueno, el papel que jugaron fue fundamental, excluyente. Sin dudas. Y no solo a partir de 1976 -cuando parece obvio dado que son los protagonistas principales de la última dictadura- sino también en los años previos, incluso durante el tercer peronismo. Aún así, no debe considerarse toda la década en términos de continuidad, como si no hubiera habido rupturas o variaciones en el accionar represivo estatal en los años dictatoriales previos a 1973, durante el gobierno constitucional de Perón e Isabel, y luego del golpe de Estado de 1976. Si bien el aparato represivo no se restringió -ni se restringe- a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, dado que incluyó también a las policías provinciales, así como a un conjunto de leyes, decretos y directivas que se tradujeron en acciones coactivas y coercitivas sobre la población civil, fueron estas instituciones, y en especial las Fuerzas Armadas, las que constituyeron la dinámica represiva que comenzó en los sesentas y cristalizó luego del 24 de marzo.

Con relación a la segunda parte de tu pregunta, es claro que la estructura represiva no es la misma en la actualidad que durante la dictadura, básicamente porque las Fuerzas Armadas dejaron de ser un actor político de peso y de intervenir en conflictos internos, y las numerosas leyes represivas que estuvieron vigentes hasta el fin de la dictadura (algunas un tiempo más, incluso) ya no existen. Pero tampoco es tan diferente. La organización interna de las Fuerzas Armadas y de Seguridad no ha variado en todos estos años, como tampoco sus principios rectores, aunque sí se ha restringido a las Fuerzas Armadas su intervención en materia de Seguridad Interior (a pesar de los intentos de revertir eso por el gobierno de Mauricio Macri, bajo la excusa de la “lucha contra el narcotráfico”, por ejemplo). Por su parte, las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) sí continuaron actuando en materia de Seguridad Interior y siguieron siendo los ejecutores materiales de la represión estatal. Y esto ha ido incrementándose de manera sistemática en la última década, en especial desde la implementación del Proyecto X de Gendarmería, con el endurecimiento de los ataques represivos hacia trabajadores/as, activistas sociales y opositores de los gobiernos, llegando incluso a protagonizar las acciones que terminaron con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, y el asesinato de Rafael Nahuel, por ejemplo, entre muchas otras acciones represivas. En tal sentido, no diría que la estructura represiva en su conjunto ha sido la misma entre la dictadura y la actualidad, pero sí es evidente que hay prácticas y modalidades del accionar de estas fuerzas que se mantienen.

Uno de los debates centrales que cruzó los estudios de la década del 70 -partiendo de diferentes fundamentos y enfoques- es si se desarrolló, o no, una guerra civil en nuestro país. ¿Cómo te ubicas frente a esta discusión?

Si algo caracterizado históricamente a las guerras civiles a lo largo de la historia, principalmente, es la presencia en un mismo territorio en conflicto de dos fuerzas claramente polarizadas y antagónicas (más allá de la composición no homogénea hacia su interior) con iguales o equiparables potencia de fuego, la unidad política y militar de esas fuerzas (profesionales, o con un alto grado de profesionalización), el control de parte del territorio en disputa, y una población que toma partido por uno u otro bando, participando una numerosa parte de ella de los combates -abiertos- que constituyen el conflicto. Es lo que uno observa cuando analiza cómo se desarrollaron guerras civiles como la rusa entre 1917 y 1922, o la española entre 1936 y 1939, por ejemplo, en los cuales esas características que mencionaba recién se evidencian claramente, más allá de las dinámicas propias de cada uno de los conflictos. En este sentido, no veo la presencia de esas características al analizar lo que sucedió en Argentina en la década del 70, y por lo tanto no considero que haya sido una guerra civil. En tal caso, y de manera sintética, se trató de un proceso insurgente -que también podría caracterizarse como revolucionario- que emerge en el contexto de una Guerra Fría y de avance de regímenes de derecha y/o dictatoriales en América Latina, y que fue reprimido por los gobiernos de entonces con toda la fuerza de sus agencias estatales y paraestatales. Si analizamos el caso argentino de comienzos de los setentas, el poderío militar de las organizaciones guerrilleras estaba lejos de ser equiparable al de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y las policías provinciales en su conjunto, ni tenían un control territorial significativo, como tampoco se produjeron combates abiertos de los cuales participara deliberadamente la población civil (más allá de que sí les afectó tanto ciertas acciones guerrilleras como, mayormente, las acciones represivas del estado).

¿Qué características tuvo el aparato represivo durante el período constitucional de 1973 a 1976? ¿Qué continuidades pueden observarse a partir de la imposición de la dictadura militar?

Arranco por la segunda parte de la pregunta. Actualmente son numerosos los trabajos historiográficos que dan cuenta, desde distintas perspectivas teóricas y escalas de análisis, que la represión desplegada durante la última dictadura militar no comenzó el 24 de marzo de 1976, y que dan cuenta de la existencia de prácticas represivas propias del terrorismo de Estado ya en los años previos al golpe, tanto por el accionar de fuerzas paraestatales y de la derecha peronista, como por la aplicación de leyes específicas que habilitaron a las fuerzas “legales” (léase Fuerzas Armadas, policiales y de Seguridad) a perseguir y reprimir toda actividad considerada “subversiva”. En este sentido, sin dejar de tener presentes las especificidades propias que caracterizaron a las dinámicas represivas antes y después de aquella fecha, son claros los elementos que habilitan a pensar a toda la década en términos de continuidad en materia de persecución política de opositores al statu quo vigente. Y quisiera ser más preciso al respecto: cuando hablo de continuidad entre la dictadura y los años previos, me refiero especialmente a las cuestiones de fondo -más bien sustanciales- que constituyeron la dinámica represiva, más que a aquellas cuestiones de forma que, si bien también compartieron, presenta características propias. Me refiero con aquellas a los fundamentos ideológicos, políticos y económicos que subyacieron en la violencia desplegada por el Estado, al tipo de enemigo a combatir que se propusieron y al modelo de sociedad al que aspiraban. Asimismo, y en lo que respecta a la instrumentalización de la represión, en todo el período hubo secuestro de personas, aplicación de tormentos, asesinatos e incluso desapariciones. Continuidades que se evidencian a lo largo de todo el período en cuestión.

Sin embargo, como decía -y yendo a la primera parte de tu pregunta-, en esos tres años de gobierno constitucional el accionar represivo, su puesta en práctica, tuvo características distintivas respecto al gobierno de facto que lo sucedió. En primer lugar, por el tipo de acciones que llevaron a cabo la Triple A y otros grupos paraestatales o parapoliciales, como la CNU, el Comando Libertadores de América en Córdoba o el Comando Moralizador Pío XII en Mendoza. Incluso, podríamos poner en este grupo a miembros de la derecha peronista que actuaron obedeciendo la orden de depurar internamente al peronismo de la infiltración marxista, tal como pregonaba el “Documento reservado” dado a conocer por el Consejo Nacional Peronista en octubre de 1973, días después del asesinato de Rucci. En general, estas eran públicas y ostentosas, tanto cuando daban a conocer las amenazas de muerte y difundían sus “listas negras” con los nombres de sus objetivos, como cuando atenta contra algún dirigente político acribillándolo a balazos o bien colocando una bomba en su automóvil, dejando cadáveres calcinados en las calles y autos incendiados. La clandestinidad como naturaleza de la violencia política estatal se convertiría recién con la dictadura en el eje vertebrador de la represión, no aún. Una particularidad que le daría forma al dispositivo que por antonomasia caracterizó a la última dictadura: el centro clandestino de detención, y a la desaparición sistemática de personas como principio rector.

Por otro lado, hubo en estos años de gobierno constitucional un conjunto de leyes que avalaron el despliegue represivo de las fuerzas policiales y de Seguridad, así como la persecución y detención de dirigentes y militantes políticos. La más emblemática de ellas fue la ley 20840 “de actividades subversivas”, sancionada en septiembre de 1974, a través de la cual miles de personas fueron detenidas en todo el país. Asimismo, no nos olvidemos de que en noviembre de ese año fue declarado el estado de sitio -que se mantendrá en vigencia hasta el fin de la dictadura-, ni de los “decretos de aniquilamiento” sancionados en octubre de 1975, que habilitaron a las Fuerzas Armadas a intervenir en materia de Seguridad Interna con el objetivo de “aniquilar el accionar subversivo”, disponiendo para ello que todas las fuerzas policiales y de seguridad pasen a estar bajo control operativo de aquellas.

Generalmente la “cuestión militar” de los años 70 se estudia asociado al rol de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; o a los “hechos armados” de las organizaciones político militares como ERP o Montoneros. Pero ¿cómo es abordada esta problemática desde el punto de vista de las organizaciones de masas del movimiento obrero y del movimiento estudiantil?

Ha sido menos abordada en ese sentido, claro. Sobre todo porque lo que mencionás como “cuestión militar” hace referencia, justamente, bien a la represión estatal y a la violencia paraestatal, como al accionar guerrillero de las organizaciones político militares. En este sentido, tanto el movimiento obrero como el estudiantil han sido analizados como actores fundamentales de este período, pero más en su rol insurgente, contestatario y político que desde un punto de vista militar. No sé si cuando te referís a “esta problemática” aludís a esto, o más bien a cómo han sido analizados estos movimientos en este período. Si es esto último, hay trabajos muy interesantes que dan cuenta de la capacidad organizativa y militante tanto de obreros como de estudiantes, lo cual explica de alguna manera por qué la mayoría de víctimas y desaparecidos/as de la dictadura fueron integrantes de estos colectivos. Pienso en los trabajos de Ruth Werner y Facundo Aguirre (Insurgencia obrera en la Argentina 1969-1976), por ejemplo, o en los de Pablo Pozzi y Alejandro Schneider (Los setentistas. Izquierda y clase obrera 1966-1976), así como en los trabajos de Mónica Gordillo, entre muchos otros.

Lectura sugerida.

Entre muchas otras publicaciones y para ser breves: Pilar Calveiro, Política y/o violencia (Norma, 2005) y Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina (Colihue, 2006); Marina Franco, Un enemigo para la Nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976 (FCE, 2012); Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina (FCE, 2007); Paula Canelo, La política secreta de la última dictadura argentina 1976-1983 (Edhasa, 2016); Gabriela Águila, Santiago Garaño y Pablo Scatizza (coords), Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina. Nuevos abordajes a 40 años del golpe de Estado (2016; disponible en https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/63) y La represión como política de Estado. Estudios sobre la violencia estatal en el siglo XX (Imago Mundi, 2020).

Cuando hablo de continuidad entre la dictadura y los años previos, me refiero especialmente a las cuestiones de fondo -más bien sustanciales- que constituyeron la dinámica represiva más que a aquellas cuestiones de forma (...) Me refiero con aquellas a los fundamentos ideológicos, políticos y económicos que subyacieron en la violencia desplegada por el Estado, al tipo de enemigo a combatir que se propusieron y al modelo de sociedad al que aspiraban.

Acerca del entrevistado

Pablo Scatizza es Licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Comahue y Doctor en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella. Profesor Adjunto Regular de Teoría de la Historia y del Seminario de Técnicas de Investigación Histórica, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue. Coordina junto a Gabriela Águila y Santiago Garaño la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política (RER). Entre 2008 y 2014 formó parte de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Neuquén, como investigador en la instrucción de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Es autor del libro Un Comahue Violento. Dictadura, represión y juicios en la Norpatagonia argentina (Editorial Prometeo, 2016), así como de numerosos artículos (en revistas científicas y de divulgación) referidos a las modalidades represivas que caracterizaron a la década del setenta, así como sobre la violencia política y sus representaciones. En coautoría con Gabriela Águila y Santiago Garaño ha publicado Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente Argentina. Nuevos abordajes a 40 años del golpe de Estado (FaHCE-UNLP, 2016) y La represión como política de Estado. Estudios sobre la violencia estatal en el siglo XX(Imago Mundi, 2020.




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