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Red Internacional

Trabajadores de PAMI I denunciaron que la guardia covid del lugar se inundó luego de las fuertes tormentas que se registraron durante el fin de semana. No fue el temporal, es el desfinanciamiento de la salud pública.

El sábado pasado, el hospital público ubicado en calle Sarmiento amaneció inundado, siendo el área de covid la mas afectada. Trabajadores del lugar denuncian que desde hace más de 20 años que el edificio se encuentra en esas condiciones lo que hace que ante tormentas fuertes ocurran esto, afectando las condiciones de trabajadores y la atención de los pacientes.

Como se puede ver en los videos que llegaron a este medio, el personal del lugar evacuaba el agua en los lugares más afectados pero así mismo denuncian que persiste un olor nauseabundo; viéndose imposibilitados de evacuar a los pacientes ya que se trata de adultos mayores donde corren riesgo de caerse y sufrir fracturas, lo cual es riesgoso e insalubre. También plantean que el lugar está muy deteriorado y lleno de ratas.

Es inadmisible que luego de una pandemia donde se puso en cuestión las condiciones ambientales como un problema de salud pública, en un edificio del estado que alberga a adulto mayores, siendo un grupo etario de riesgo, se permita esto.

Pero esta situación no es aislada: desde que comenzó la pandemia se hicieron más visibles cuáles son las verdaderas condiciones de la salud pública. Una salud que se sostiene gracias a miles de profesionales y trabajadores de la salud que ponen el cuerpo cada día para atender en condiciones deplorables por la falta de insumos, medicamentos, y hasta de servicios básicos como el agua o el gas; hechos que también se ven con frecuencia en los centros de salud de los barrios más populares. Ni hablar de las condiciones de contratación. Por lo general, dichos contratos son bajo la modalidad de monotributo o directamente en negro, que se profundizó estos últimos años con contratos precarios para atender las guardias covid, vacunatorios o programas como el Detectar que emplean a cientos de jóvenes en condiciones precarias para que vacunen, hisopen o realicen tareas administrativas en medio de la emergencia sanitaria.

La deuda es con la salud pública

Después de meses de negociaciones, el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional anunciaron que llegaron a un acuerdo que se discutirá en el Congreso Nacional. Es por ello que cientos de organizaciones preparan una gran movilización para este próximo jueves 10 de marzo en distintos lugares del país, como medida elemental para rechazarlo y resistir este nuevo saqueo que implicará nuevos golpes no sólo al bolsillo de los trabajadores y los sectores populares que ya hoy sufren con la inflación, sino que también degradará aún más a la salud y la eduación públicas que verán recortado sus presupuestos.

Para defender el derecho a la salud, las conducciones sindicales tienen que estar al frente de esta pelea y convocar a asambleas en los lugares de trabajo y paro general el día que se trate.


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