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Red Internacional

Crisis política. Organizaciones sociales de Perú convocan a nuevas protestas en rechazo al gobierno de Dina Boluarte

Para el próximo miércoles 4 de enero se han convocado a nuevas movilizaciones y acciones de protesta en diversas regiones de Perú en rechazo a la gestión presidencial que viene llevando adelante Dina Boluarte y en rechazo también a la violenta represión policial y militar que días atrás costó la vida de 28 personas y que dejo cientos de heridos cuando se realizó el levantamiento popular que cuestionó el golpe Parlamentario contra Pedro Castillo, el cual permitió la asunción de Boluarte a la presidencia de la República.

Frentes de defensa y organizaciones sociales y populares de regiones como Puno, Cajamarca, Arequipa, Cusco, Ayacucho, entre otras, después de llevar adelante reuniones regionales de coordinación entre sus afiliados, acordaron retomar las acciones de lucha y de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte que, en el corto tiempo de gestión que lleva al frente del ejecutivo, ya se ha cobrado la vida de 28 personas quienes fallecieron a causa de la violenta represión policial-militar, la misma que dejo también centenares de heridos y detenidos, sin que hasta la fecha haya ningún sancionado por estas acciones que vulneraron abiertamente los derechos humanos de los manifestantes y del pueblo en general.

Sin embargo, la CGTP, más allá de buscar centralizar las diversas iniciativas que se vienen gestando en las regiones del interior del país para retomar la lucha contra el gobierno represor y derechista de Dina Boluarte, ha optado por sacar de su agenda la demanda contra el gobierno de Boluarte, con lo cual, implícitamente terminan reconociendo a este gobierno nacido del golpe parlamentario. La CGTP reduce su programa a la exigencia inocua del cierre del congreso y nueva constitución, pero se cuidan mucho de no convocar a ninguna acción orientada a promover algún espacio de articulación mayor que ayude a la movilización y a la auto organización de los sectores populares y la clase trabajadora para enfrentar al gobierno.

Por otro lado, entre los sectores populares que han anunciado que retomaran las acciones de protesta el próximo 4 de enero, las principales demandas que destacan en su agenda de lucha, tenemos: la exigencia para que Dina Boluarte deje la presidencia de la República inmediatamente y se convoque a elecciones generales en el menor tiempo posible y no para el 2024 como lo aprobó en una primera votación el Parlamento peruano.

Así mismo, las organizaciones convocantes también exigen que se implemente cuanto antes una Asamblea Constituyente para acabar con la Constitución del 93 y con el actual régimen político heredado del fujimorismo. Recordemos que el régimen del 93 permite el saqueo neoliberal de nuestros recursos naturales y la sobre explotación de la clase trabajadora para favorecer únicamente a los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Así mismo, este régimen político ha dado vida a una democracia precaria, totalmente desvinculada de las necesidades de los sectores populares y de la clase trabajadora, por esa razón hoy las principales instituciones del estado se encuentran deslegitimadas y carentes de representatividad.

Dina Boluarte, a pesar del gran apoyo que recibe a diario de los grandes medios de comunicación, de las fuerzas represivas y de la mayoría derechista del Congreso, a la fecha, no goza del apoyo popular, sobre todo de la población del interior del país, y de manera específica, de la población de las regiones más afectadas por la pobreza, que fue donde se llevaron adelante las expresiones más contundentes del levantamiento popular iniciado días después de la destitución de Pedro Castillo.

Cabe precisar; sin embargo, que, si bien Boluarte logro capear con relativo éxito la primera oleada de este levantamiento popular, esto fue gracias al apoyo del ejército y la policía nacional, quienes, amparados en el estado de emergencia decretado por la presidenta ilegítima, lograron - a partir de una brutal represión - frenar en parte la movilización social con un elevado número de muertos, heridos y detenidos que no se veía desde los años del gobierno dictatorial de Alberto Fujimori.

El rechazo a Boluarte tiene que ver con el hecho que, a la hoy presidenta del Perú, se la considera como usurpadora y como traidora a sus votantes (ella llego con Pedro Castillo en calidad de segunda vise presidenta del país), ya que ahora, a través de su investidura presidencial, los perdedores de las elecciones presidenciales del 2021, como es el caso del fujimorismo y otros sectores de la ultraderecha, tienen control del ejecutivo y desde ahí, junto a la presidenta arremeten contra el pueblo, acusando de terroristas a los que se movilizan y promoviendo acciones represivas como la militarización de la protesta social con el saldo de muertos y heridos ya descritas líneas arriba o como el allanamiento a organizaciones campesinas como la CCP, o los hechos ocurridos la tarde del lunes 2 de enero cuando la policía nacional avalada por el ejecutivo y por el nuevo alcalde de Lima, el ultraderechista Rafael López Aliaga, desalojaron violentamente de la plaza Manco Capac (centro de Lima) a un grupo de manifestantes del interior del país que se encontraban pernoctando en este espacio público.

El gobierno de Boluarte, por tanto, es un gobierno al servicio de los sectores más rancios de la vieja derecha peruana y de los grandes grupos de poder económico alineados con los intereses de los EEUU en esta parte del mundo, los cuales, han decidido optar por la represión pura y dura para parar el descontento popular y, por esa vía represiva, tratar de recomponer la viabilidad del régimen político del 93 y de las instituciones de un estado en crisis.

Es por esa razón que, para lograr una salida que represente realmente los intereses de los sectores populares y la clase trabajadora, no basta con pedir el cierre del Congreso, como lo hace la CGTP, ni siquiera nuevas elecciones, ya que, considerando los límites democráticos del actual régimen político, es muy probable que quien llegue a la presidencia, de darse un nuevo proceso electoral, sea igual o peor que la actual presidenta.

Para empezar a realizar cambios de fondo, es fundamental pelear ahora por imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, la cual deberá nacer de la movilización y la auto organización de los sectores populares y la clase trabajadora. Para avanzar hacia ese objetivo, es fundamental centralizar y unificar a todos los que luchan, y para ello, es muy importante impulsar hoy un Comando Unitario de Lucha a escala nacional que prepare un plan de lucha que culmine en la huelga general para echar a Boluarte y todo este régimen, y así forjar la alianza obrera y popular para conquistar todas nuestras demandas. Solo de esa manera podremos avanzar en mejores condiciones hacia un gobierno de las y los trabajadores con perspectiva socialista.


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