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Red Internacional

Mientras avanza la causa contra el juez federal de Mendoza por el cobro de coimas, diversos organismos de la provincia aseguraron que “fue un constante obstáculo y dilación en todos estos años” para las causas por delitos de lesa humanidad

Martes 15 de junio | 19:58

El juez federal en Mendoza, Walter Bento, continúa en el ojo de la tormenta luego de que fuera imputado como jefe de una asociación ilícita, de la que también forman parte policías, dedicada al cobro de millonarias coimas a cambio de beneficiar a personas detenidas por narcotráfico, entre otras cosas.

Sin embargo, las denuncias contra el accionar del juez no se limitan al cobro de coimas, sino que también organismos de DDHH de la provincia denunciaron que Bento obstaculizó el avance de causas por delitos de lesa humanidad.

Un documento firmado por Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Mendoza., Ex Presos y Presas Políticas Mendoza, Casa por la Memoria y la Cultura Popular, Archivo Provincial de la Memoria y el MEDH (Movimiento Ecuménico por los derechos humanos) detalla que en 2005 Bento se declaró incompetente y derivó una serie de causas por delitos de lesa humanidad a la justicia de Córdoba. En esa oportunidad, el juez alegó que lo ocurrido en Mendoza fue por órdenes de la jefatura del Tercer Cuerpo de Ejército, que tenía asiento en esa provincia, impidiendo que se realicen los correspondientes juicios por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Por este hecho, los organismos de la provincia solicitaron el juicio político de Bento. Pero el beneficio contra los genocidas no quedó ahí: "Bento anunció que en 2 de las casi 60 causas citaría a prestar declaración indagatoria a diversas perso nas, ‘9 entre policías y militares’, y dando la nómina de las causas dijo que correspondían a las desapariciones forzadas de Virginia Adela Suárez, de Ricardo Sánchez y de una persona de apellido Moyano de mayo del 76. Este gravísimo acto que ponía en aviso a los posibles autores de tan graves delitos se sumaba a la dilación constante que tuvo a lo largo de toda su actividad con respecto a nuestra búsqueda de verdad y justicia", denunciaron.

A su vez, denunciaron que entre 2006 y 2009, el juez obstaculizó el arribo del Equipo Argentino de Antropología Forense, solicitado por los organismos de DDHH de la provincia para la identificación de personas sepultadas clandestinamente en el cementerio de la Ciudad de Mendoza.

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A esta serie de denuncias, se le suma el reclamo de Mónica Campoy, madre de Andrés García Campoy, quien fue asesinado en Luján de Cuyo por dos gendarmes en 2014. Pese a la imputación por "homicidio agravado por la participación de la fuerza pública de seguridad", Bento jamás detuvo a los dos gendarmes y les terminó dictando la falta de mérito, garantizando la impunidad de las fuerzas de seguridad en este caso de gatillo fácil.

“Mi opinión sobre el juez federal Walter Bento nunca cambió. Siempre dije que estaba a favor de la gendarmería. Ahora que está saliendo a la luz la corrupción del juez, cada vez tengo más razón de lo que he dicho y sostengo sobre el juez”, aseguró Mónica en una entrevista para La Izquierda Diario.




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