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Red Internacional

Por orden del intendente del PJ Amadeo Vallejos, el lunes 21 hubo una nueva represión a los vecinos que toman tierras para vivir en el medio de la pandemia, el frío y una crisis económica que urge día a día.

Romina AlarconRedacción LID Rosario

Lautaro Pastorini@lautarillodetormes

Martes 29 de junio | 14:57
Reconquistacultura.com.ar

Pandemia, frío, desocupación y falta de viviendas. La crisis habitacional se profundiza en toda la provincia, hace 20 días que en Reconquista, cuna de la familia Vicentin, hay unas 1000 familias tomando terrenos y enfrentando la represión y el desalojo en distintas zonas de la ciudad.

El 10 de junio se ordenó la represión y el desalojo de la ocupación de los terrenos de Cian, son 6 hectáreas entre los barrios Virgen de Guadalupe, Virgen de Luján y Belén en la zona suroeste y según los delegados hay 816 familias censadas. Las familias aseguran que fue una decisión de ellos ocupar ese predio porque si no "nos vamos a re pudrir de esperar, así que vamos al predio para que nos den bola". Los delegados y delegadas tienen entre 19 y 30 años, tuvieron una reunión con el Intendente el 15 de junio, tras ese encuentro las familias decidieron mantenerse en el lugar hasta tener soluciones. No tardó en llegar la respuesta del estado, el lunes 21, la policía nuevamente fue a desalojarlos con heridos por bala de goma. También hay abierta causas judiciales para con los vecinos de la toma.

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En mayo de 2019, previo a las elecciones por la reelección del intendente Vallejos, el secretario general de la Municipalidad Guillermo Manzur anunció un plan de viviendas que se realizaría en acuerdo con la familia Cian Lupa, para 800 familias. Algo que nunca se cumplió.

La gran mayoría de los demandantes son parejas jóvenes de entre 18 y 25 años, con hijos, hacinados en casa de padres, suegros o abuelos, en algunos casos, hasta cuatro generaciones juntas y de manera muy precaria. Cuentan que viven de changas y de la ayuda social.

Dicen que ya están cansados de las promesas de los políticos de que les van a facilitar el acceso a un terreno. Un hombre adulto que estaba acompañando a su familia decía: "Hace 15, 20 años que no les dan una solución a los chicos y no pueden seguir viviendo con los padres, somos argentinos por lo menos tenemos que tener derecho a un pedazo de tierra". Las familias se organizan en ollas populares, y merenderos que van recolectando gracias a la solidaridad de los vecinos.

La mañana del 19 de junio se conoció de otra ocupación de terrenos en la parte Este de la ciudad de Reconquista, detrás de los barrios Las Ranas, Ombusal y La Cortada.

En el predio, Antonela Vega se presentó como referente de la toma, y dijo a ReconquistaHOY que estaban censando a los vecinos y eran alrededor de 100 familias, pero cada vez se suman más y más. Todas son familias del Barrio La Cortada, Las Ranas y Ombusal, una de las zonas más precarias de la ciudad.

La persecución judicial

Luego de los dos intentos de desalojos, el martes 22, el intendente Enrique Vallejos realizó un pedido formal al Ministerio Publico de la Acusación donde “a los efectos de solicitarle la actuación diligente y urgente para extinguir estos avasallamientos a propiedad privada, que aparecen francamente organizados por quién sabe quién y con qué fines, pero lo cierto es que ponen en vilo la tranquilidad pública y la paz social.”

Desde la Oficina de Gestión Judicial ya se fijó la fecha para las audiencias imputativas y se allanaron los domicilios de Adriana Aranda (titular de Tierra y Vivienda de la Municipalidad de Reconquista), Haydee Vargas (trabajadora municipal de la misma área) referente del Movimiento Evita y su hermano Víctor Vargas, responsable de Economía Popular y referente norteño del Movimiento Evita. Los tres serán imputados el próximo jueves y aún no se sabe si el resto de los allanados tendrán sus audiencias imputativas en los días sucesivos, por ahora no hay fechas previstas.

El Partido Justicialista de Reconquista salió a repudiar por violencia institucional la persecución del Ministerio Publico de la Acusación, por parte del fiscal Leandro Mai, pero no hizo responsable político al intendente de la misma fuerza, que pidió la judicialización de las tomas.

Por su parte, el fiscal Leandro Mai que lleva adelante la causa contra los militantes del Movimiento Evita es de la Unión Cívica Radical, la oposición que ayer salió con un comunicado de prensa, que felicitó al Ministerio Público de la Acusación por su accionar represivo.

El Gobierno tiene una política de criminalizar a los vecinos, y no ofrece ninguna salida para las mil familias que están ocupando tierras para vivir. En el medio de una pandemia, de crisis económica, de aumento de la desocupación, en la provincia Perotti sólo se compromete a defender a los grandes empresarios, particularmente en estos territorios donde los “patrones de estancia” imponen las reglas de juego, como hicieron los estafadores del Grupo Vicentin con la megaestafa mientras desalojaba a los trabajadores de la Algodonera Avellaneda de la mano del Gobierno Provincial. Del otro lado llevaban semanas de protesta trabajadores que cobraban 20 mil pesos por mes por más de 8 horas de trabajo y se enfrentaban a una patronal cómplice con la dictadura.

Ahora abandona a cientos de familias en la intemperie en este crudo invierno y los gobiernos locales responden con represión. Para resolver estas demandas de fondo es necesario imponer, con la movilización de los trabajadores y vecinos, la expropiación de Vicentin y el no pago al FMI para conquistar un plan de obras públicas que de trabajo genuino y resuelva el problema de la desocupación y a su vez garantice tierra y vivienda para el pueblo trabajador.




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