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Red Internacional

IGLESIA ESTADO ASUNTO ¿SEPARADO?Ocho derechos que la Iglesia católica rechazó en Argentina

La cúpula de la iglesia católica tiene una larga historia de oposición a derechos elementales de las mujeres y la diversidad. Un repaso por las principales leyes.

Sol Bajar @Sol_Bajar

Jueves 17 de diciembre de 2020 | 13:14
Foto: Enfoque Rojo

Pasó en 1888 cuando se buscaba modificar el Código Civil de Vélez Sarfield que decía que en la familia el varón era “el jefe indiscutido” y sin su permiso la mujer no podía ejercer públicamente ninguna profesión “o comprar al contado o al fiado objetos destinados al consumo ordinario de la familia”. Lo recuerda la socióloga Susana Torrado, autora de Historia de la familia en la Argentina moderna.

Instaurar el matrimonio civil, terminar con la obligatoriedad del matrimonio por Iglesia, no fue algo que cayera bien entre entre los curas y obispos. La ley que promovió ese derecho, orientada a alentar la llegada de inmigrantes al país (que en muchos casos profesaban otras religiones) fue considerada por el clero como un atentado al orden natural, “el fin” de la institución de la familia, que traería “resultados funestos” para todo el país.

También pasó con el voto femenino, que se aprobó en 1947, con el número de ley 13.010, que los “antiderechos” de entonces rechazaban diciendo que ponía en riesgo “la jerarquía familiar”, que las mujeres no tenían la “preparación” necesaria como para elegir un representante, o que no podían hacerlo por no ser “el pilar de la sociedad”.

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Se repitió con la ley 23.264, de Patria potestad compartida, que recién en 1985 (luego del veto de María Estela Martínez de Perón a una ley similar, de 1974) reconoció que varones y mujeres podían tener los mismos derechos sobre el cuidado de los hijos. La cúpula de la Iglesia católica se opuso diciendo que con esa medida “se alteraba un orden natural que dependía de Dios” y se cometía la “aberración” de equiparar los derechos de los hijos e hijas nacidas dentro del matrimonio, y los nacidos fuera.

En 1987, con la ley 23.515 de divorcio vincular, la jerarquía de la Iglesia dijo que se trató de la "espada de Damocles sobre matrimonios felices", y como ahora, durante los 10 meses que duró el debate, organizó una campaña “en defensa de la familia”, a la que consideraban “garantía y esperanza de la patria”.

En 2006, la sanción de la Ley 26.150, de Educación Sexual Integral (ESI) también recibió la crítica de las jerarquías eclesiales, que como tantas otras veces metieron sus narices (y lapiceras) en el texto que se aprobó finalmente en el Congreso. La concepción de la sexualidad como sinónimo de reproducción, contraria a la “promiscuidad” del disfrute, volvió al centro del planteo y la injerencia del clero en el debate se expresó entre otras cosas en el artículo 5 de esa ley, que permite a cada establecimiento educativo adaptar las propuestas de la ESI “a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.

Junto con eso, la eliminación en 2014 de la ley 1.420, de Educación común, gratuita y obligatoria, promovió una injerencia de la curia aún mayor de la que ya tenía. Es que, con la eliminación de esa ley, ya no hay ninguna norma que disponga el carácter "laico" de la educación pública argentina, como sí lo hacía el artículo 8 de ese texto que dejó de tener vigencia bajo el gobierno de Cristina Fernández.

El artículo 5 de la ESI, que acordaron desde el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner junto a las jerarquías de las iglesias y a las conducciones de varios sindicatos y centrales docentes, volvió a estar en debate tras el rechazo de la legalización del aborto en 2018. Aunque la “falta de educación sexual” fue un argumento central para la negativa a la ley de Interrupción Voluntaria de los Embarazos que se debatió ese año, cuando llegó la hora del dictamen de las comisiones, desde el Frente de Todos y la oposición mayoritaria de Juntos por el Cambio, Consenso Federal y otros bloques, también se pusieron de acuerdo para impedir que la ESI sea verdaderamente laica y científica. Solo el Frente de Izquierda denunció esta situación.

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En 2010, cuando se aprobó la ley de Matrimonio Igualitario, la jerarquía clerical también puso el grito en el cielo, como en 1888. El texto de esa ley, que reconoció a las personas LGTTB algo tan básico como tener los mismos derechos que los matrimonios heterosexuales, incluida la adopción, llevó a lemas tan creativos como el de “Familia hay una sola” o “Los chicos tenemos derecho a una mamá y a un papá”, que impulsaron sacerdotes, obispos y directivos de colegios y hospitales ligados a grupos antiderechos, contando con el apoyo de gobernadores, senadores, diputados y políticos peronistas, radicales y de otros bloques vinculados a los partidos tradicionales.

En esa oportunidad, la Conferencia Episcopal Argentina, entonces a cargo del Papa Bergoglio, habló de "guerra de Dios" y llamó a “reconocer la realidad natural“ del matrimonio entre un varón y una mujer. “El Estado actuaría erróneamente y entraría en contradicción con sus propios deberes al alterar los principios de la ley natural y del ordenamiento público de la sociedad argentina”, dijeron en una carta los obispos que integran la Conferencia Episcopal.

En 2018, la jerarquía católica volvió a oponerse a la legalización del aborto. Contó (como cuenta ahora) con aliados en todos los partidos tradicionales que integran el Congreso, comenzando por el entonces oficialista Juntos por el Cambio y el peronismo que -en sus distintas variantes- en ese momento era opositor.

Esta vez, a instancias del propio oficialismo verde, la cúpula clerical logró imponer que el debate parta de más atrás. Expresión de ello es que el proyecto que envió en noviembre de 2020 el gobierno nacional haya hecho propia la figura de la objeción de conciencia en los establecimientos de salud, la penalización de la persona que aborta después de la semana 14, una extensión en los plazos para acceder a la ILE y otros límites impuestos al reclamo que miles instalaron en las calles. Sólo el Frente de Izquierda Unidad rechazó de manera unánime esa injerencia de las cúpulas de las Iglesias en el debate que se abrió y exigió que se avance en la separación inmediata de las Iglesias del Estado.

No salvaron ninguna vida

La oposición de estos sectores a los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual nunca salvó ninguna vida. Y la criminalización del aborto, que desde 1921 persigue con prisión el Código Penal, es muestra de ambas cosas: de la injerencia que sigue garantizándose a esta institución sobre el Estado y la vida de las personas y de las consecuencias que eso tiene sobre miles de ellas, especialmente sobre las más jóvenes y pobres.

Mientras el Estado sigue sosteniendo financieramente a la Iglesia católica con decretos de la dictadura que ningún gobierno tocó jamás (y que pagamos con nuestros impuestos todos y todas), los últimos datos dicen que un total de 39.025 niñas, adolescentes y mujeres fueron internadas por causas vinculadas a un aborto solamente en 2016. De ellas, el 16% tenía entre 10 y 19 años: 6.224 niñas y adolescentes en total. Los datos, que llegaron desde el ministerio de Salud al despacho de los diputados y diputadas para el debate en curso, también dicen que entre 2016 y 2018 el 13% de las muertes por aborto clandestino correspondieron a niñas y adolescentes de entre 15 a 19 años. En ese mismo período, 7.262 niñas de entre 10 y 14 años fueron obligadas a parir. ¿De qué defensa de la vida nos vienen a hablar? Son niñas, no madres. Y no hay motivo alguno que expliqué porque tenemos que seguir sosteniendo ese poder oscurantista.

Separar las iglesias del Estado, terminar con la injerencia de esta institución sobre las políticas públicas, es un paso elemental, urgente y necesario.

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