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Red Internacional

El apoyo político del gobierno de Chubut al capital minero transnacional se hizo realidad al sancionar la zonificación que permite la minería metalífera a cielo abierto en un amplio sector de la provincia. Este hecho vulnera veinte años de lucha antiminera y reprime la protesta social, para consolidar una matriz extractiva que pone en peligro el futuro de los bienes comunes naturales de la provincia de Chubut

Adrián MonteleoneProf. en Geografía y Magíster en Ciencias Sociales

Sábado 18 de diciembre de 2021 | Edición del día

El miércoles 15 de diciembre en una sesión exprés y a espaldas del pueblo y con una posterior represión, finalmente se sancionó la ley 128 que permite la zonificación minera en los departamentos de Gastre y Telsen de la meseta central de Chubut la provincia de Chubut. Durante 20 años, en distintas ciudades y pueblos de la provincia bajo la consigna “No es no” y “El agua vale más que el oro”, diferentes comunidades se pronunciaron en contra de la minería metalífera transnacional a cielo abierto.

La ley sancionada, que ya tenía dictamen favorable desde marzo de 2021, corría el riesgo de perder estado parlamentario si no se sancionaba antes de fin de año. Los diputados provinciales aprobaron velozmente la ley por mayoría simple con 14 a favor, 11 en contra y dos ausencias.

Desde 2016, la provincia de Chubut atraviesa una profunda crisis financiera que desencadenó en atrasos salariales y conflictos con trabajadores de la administración pública. En este contexto de crisis, se progresó aún más en el impulso al proyecto denominado “Ampliación sustentable de la matriz productiva de Chubut” que busca “zonificar” la meseta central de la provincia para desarrollar la explotación minera. Desde 2003, en la provincia de Chubut, rige la Ley XVII N° 68 (ex Ley 5001) que prohíbe la actividad minera a cielo abierto y el uso de cianuro pero no otros químicos.

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A partir de la aprobación de la zonificación, el denominado “Proyecto Navidad” de la empresa transnacional canadiense Pan American Silver, se centrará en la extracción de plata, plomo y cobre a cielo abierto en los departamentos de Gastre y Telsen, en el centro norte de la provincia de Chubut. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del gobierno provincial, de varias cámaras empresariales, organizaciones no gubernamentales y de algunas comunidades de la meseta central que ven en este proyecto una oportunidad de desarrollo para la zona.

Según estimaciones de Pan American Silver, se hará una inversión de u$s 1200 millones y se estima extraer del proyecto Navidad 7,5 millones de onzas de plata anuales, así como también aseguran que habrá más de 2800 empleos vinculados, de los cuales sólo 800 serán directos y el resto indirectos. Una oferta muy tentadora en un territorio en donde los planes de desarrollo quedaron olvidados en el tiempo y donde gran parte de la población se encuentra a la espera de empleo formal.

Mapa de la propuesta actual de zonificación minera en Chubut y las cuencas hídricas afectadas. Fuente: Cátedra libre de estudios urbanos y territoriales (UNP-Sede Trelew)

Algunos antecedentes de la minería en Argentina

Durante la década de 1990 y bajo las directrices del Consenso de Washington que sentó las bases del modelo neoliberal en América Latina, se promulgó la Ley 24.196/93 de inversiones mineras junto a una batería de leyes nacionales que tenían como objetivo regir la minería en Argentina y favorecer su desarrollo a través de incentivos fiscales, exenciones de pago de tasas aduaneras, derechos de importación (como maquinarias) el IVA y la reducción en el impuesto a las ganancias. Estas leyes favorecieron la inversión de capital transnacional para la instalación de mineras metalíferas a cielo abierto y la extracción y exportación de los minerales sin valor agregado. Por otro lado, se establecen cánones de entre 3 al 5% que con todas las exenciones y reducciones impositivas es muchas veces el estado quién termina con saldo negativo.

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El primer caso testigo en Argentina fue Bajo de la Alumbrera en la provincia de Catamarca, que inició sus actividades de extracción de oro y cobre en 1997 y en la actualidad se encuentra ya en su etapa final de explotación. El otro caso fue el de la mina de oro y plata Veladero en la provincia de San Juan que inició sus actividades en 2005 y hasta la actualidad tienen una fuerte oposición de muchas comunidades locales debido a los serios problemas de contaminación en el río Jáchal a partir de los derrames de cianuro.

La minería metalífera transnacional a gran escala, comúnmente denominada “megaminería" es un tipo de actividad minera que utiliza miles de toneladas de explosivos para realizar las “voladuras” en los cerros. En estos casos, los minerales no se encuentran en una veta (algo similar a grandes venas dentro de la tierra) sino que están diseminados en diferentes lugares y en muy poca cantidad por tonelada de rocas. Debido a ello es que se forma un enorme hoyo llamado “tajo” u “open pit” cuyas dimensiones pueden llegar a ser de 2.500 m de longitud, por 500 metros de ancho y 500 metros de profundidad.

Esta actividad a cielo abierto, implica un nivel de extracción elevado y sostenido de minerales en el tiempo, sumado al uso de diversas sustancias químicas que en poca proporción pueden contaminar los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Así también, la minería requiere el uso de una gran cantidad de agua. Según la empresa Barrick Gold, encargada de la explotación de la mina El Veladero en la provincia de San Juan, para la extracción de 1 kilo de oro se requiere el uso de 380 mil litros de agua, 849 kg de cianuro de sodio y 1.104 kg de explosivos.

En este contexto de avance de la minería metalífera transnacional en nuestro país, han emergido diversos movimientos ambientalistas anti-mineros cuya postura es el rechazo de las actividades extractivas con impactos ambientales comprobados. A inicios de la década del 2000 surgió el movimiento No a la Mina de Esquel, luego la Asamblea Jáchal No se Toca y en 2019 la movilización popular en Mendoza que a partir del rechazo a la minería y al fracking logró que no se implementaran dichas actividades en la provincia cuyana.

La construcción política y discursiva de las zonas de sacrificio

El término de “zonas de sacrificio” es utilizado, tanto en ámbitos académicos como en las asambleas ambientalistas, para referirse a aquellos territorios elegidos por el sector público o privado para realizar actividades extractivas de alto impacto.

Generalmente son zonas de interés debido a sus recursos naturales, pero también son áreas poco habitadas, con escaso desarrollo productivo y con economías desarticuladas. Podríamos compararlo con la construcción del imaginario de “desierto” utilizado a fines del siglo XIX para expandir territorialmente al capitalismo en esos “espacios vacíos” a costa del genocidio de los pueblos originarios.

Si analizamos en profundidad, veremos que estas “zonas de sacrificio” son construcciones políticas, culturales y discursivas que surgen a partir de la falta o el fracaso de planificaciones de desarrollo local y la visión generalizada de la idea de que “allí no hay nada. Esto se pone de manifiesto en una débil visión de “progreso” que sufren muchos habitantes de la meseta debido a la falta de oportunidades laborales o educativas, lo que generó que en los últimos 70 años varias generaciones hayan optado por migrar a las ciudades costeras y cordilleranas en busca de una mejor calidad de vida.

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El proceso de despoblamiento es consecuencia del debilitamiento y la falta de innovación en las economías regionales de la meseta que desde fines del siglo XIX estuvo centrada en la ganadería ovina extensiva concentrada en muy pocas manos. Por otro lado, entre 1960 y 1970, se da un incremento demográfico a partir de las políticas de promoción industrial en el departamento de Rawson que se consolida como un polo de la industria textil. Esto constituyó un fuerte factor de atracción de la población de la meseta, sin embargo esas actividades comenzaron a decaer a partir de la década de 1990.

Una de las características principales a tener en cuenta sobre el área en donde se quiere implementar el desarrollo minero son las condiciones naturales: vientos permanentes y una aridez que refleja las escasas precipitaciones que no superan los 100 mm anuales a diferencia de los 900 a 1000 en algunas zonas cordilleranas patagónicas. Este dato no es menor ya que los pocos cursos de agua superficiales son temporarios o con muy bajo caudal. A su vez, los acuíferos existentes en las cuencas de Sacanana son de recarga lenta, la Universidad Nacional de la Patagonia, en un estudio preliminar llegó a la conclusión que esa cuenca puede abastecer durante 100 años a 300 mil habitantes. Ello quedaría drásticamente reducido si se lleva a cabo la actividad minera ya que por las condiciones ambientales de la zona, llevaría décadas o siglos para que los acuíferos puedan renovarse a los niveles actuales.

Las actividades productivas tradicionales son poco diversas y desde hace más de un siglo la ganadería ovina intensiva generó un fuerte deterioro del suelo. La desertificación es un proceso que afecta a muchas zonas de la meseta, reduciendo su capacidad productiva debido al impacto de la actividad ganadera intensiva mediante el pisoteo y los fuertes vientos que “vuelan” las capas orgánicas del suelo. A ello debe sumarse que los pronósticos en los próximos 50 años no son nada alentadores ya que se estima una disminución de un 30% del volumen de agua en la región según el CENPAT.

La idea de la meseta como Zona de Sacrificio no es nueva en la provincia de Chubut. A inicios de la década de 1980, la Comisión Nacional de Energía Atómica comenzó a desarrollar el proyecto de instalación de un reservorio nuclear o lo que comúnmente se llamó “basurero nuclear” en las sierras del medio, a tan sólo 70 km de la localidad chubutense de Gastre. Ese proyecto pretendía construir debajo de las sierras del medio una gran bóveda para alojar residuos nucleares del país y ofrecer ese servicio a otros países. Si bien inicialmente tuvo el apoyo de los vecinos de la localidad de Gastre ya que implicaba puestos de trabajo local, luego tomó estado público y fue rechazado por la iniciativa popular. Se realizaron movilizaciones desde toda la provincia hacia Gastre y tuvo trascendencia nacional. Luego de una década de lucha y movilización, en 1996 se dio por finalizado ese proyecto.

Lo del basurero no se hizo porque vinieron los de afuera” comenta un poblador local con cierta nostalgia, mostrando un cuaderno con recortes de diario de enero de 1982 en donde se anunciaba el “Emplazamiento nuclear en Gastre”. Este hecho no fue menor ya que en algunos pobladores de Gastre existe aún la idea de que el desarrollo se los impiden los de las grandes ciudades.

El sí y el no a la mina como expresiones territoriales

El año 2003 fue clave en la lucha contra el capital minero transnacional, cuando la comunidad organizada de Esquel y por iniciativa popular rechazó el proyecto minero “El Desquite” que proyectaba la extracción de oro en cercanías a la localidad. Esta acción fue un fuerte revés para los proyectos mineros transnacionales y logró la no inclusión de la cordillera en el proyecto de zonificación minera de Chubut. Sin embargo, estas acciones no son homogéneas en todo el territorio chubutense ya que muchas comunidades de la meseta sostienen que la minería es la mejor oportunidad que pueden tener para desarrollarse, y rechazan que quienes no viven en la meseta opinen sobre su futuro.

Carolina, pobladora de la localidad de Gastre, plantea que la minería es la única alternativa posible para su localidad: “Tengo mi hijo que se tiene que ir a 500 kilómetros porque no hay fuente de trabajo. La minería es la única fuente de trabajo. Yo me crié en Gastre y nunca tuve un trabajo, tengo 53 años, no quiero lo mismo para mis hijos. La gente que está en contra de la minería es porque está bien, ya tiene su sueldo y bienestar. Nosotros estamos conscientes que la minería contamina pero con tantos recursos ambientales que hay y personas que están capacitadas se puede controlar”.

En este sentido, Edgardo Kholer, integrante de la Cámara de Comercio, Turismo, Servicios e Industria de la Meseta del Chubut (CAMECCH), planteó en un comunicado que encabezó junto con otros vecinos de la meseta que: “En la Meseta, para que se enteren, hermanos de las grandes urbes, hay seres humanos de este tiempo, sin plumas ni taparrabos, dotados también de derechos; derecho a decidir, derecho a hacernos escuchar, derecho a que sean nuestras voces las que decidan por nuestro futuro, derecho a que nadie nos atropelle y catalogue de ignorantes, derecho a tener calidad de vida”.

El impacto local de la minería ya puede verse en muchas localidades cercanas: aumentó la construcción de viviendas, hotelería y nuevos comercios. En este sentido, ya existen algunos puestos de trabajo de mantenimiento, transporte, herrería y diferentes oficios requeridos por el Proyecto Navidad. También la minera se comprometió a comprar en los comercios locales, aunque éstos no pudieron cubrir el volumen de demanda por lo que la empresa tuvo que acudir a proveedores de la costa.

En localidades como Gastre, Gan Gan y Telsen, la espera de la zonificación se transformó en costumbre ya que en todos los discursos y charlas aparecen las palabras “cuando se apruebe el proyecto…”, y se asocia a pensar el futuro y el desarrollo de las localidades: pavimentación de rutas, tendido eléctrico interconectado, gasoductos, aumento del consumo, aumento del valor de las tierras.
La gente está contenta” comentó un referente pro minero de la localidad de Gastre.

Por otro lado, desde varios sectores técnicos y académicos como el CENPAT, el INTA, la Universidad Nacional San Juan Bosco y el CONICET, se pronunciaron en contra de la zonificación ya que existe cierto consenso en la comunidad científica, acerca de que este tipo de minería a gran escala genera un fuerte impacto ambiental y económico en las regiones en donde se asienta. Esta actividad genera una fuerte desestructuración de la vida de las comunidades debido a que desplaza las economías locales preexistentes y produce cierta dependencia de las poblaciones en torno a las decisiones de ese sector privado, que en muchos casos termina transformándose en un “estado paralelo”.

En una entrevista en Radio Nacional, Rolando González Jose director del CENPAT (Centro Nacional Patagónico), organismo dependiente del CONICET, alertó sobre el impacto de la minería en Chubut ya que “para cambiar la matriz productiva de la provincia deben existir aglomerados productivos”. González Jose, planeó su preocupación por el hecho de que el gobierno provincial no consultó a los diversos organismos técnicos y académicos radicados en la provincia como el CENPAT, el INTA, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco o al INTA, pese a que existen muchos especialistas y equipos interdisciplinarios, interinstitucionales e intersectoriales trabajando sobre la meseta central. Así también el director del CENPAT advirtió que “dentro de las zonas de potencial interés minero y de la cuenca hídrica del río Chubut cualquier mala praxis, cualquier error humano pondría en riesgo el agua del río del cual depende más del 50% de la población de la provincia”

Debido a estos y muchos otros argumentos, en el año 2018 varios organismo académicos y técnicos se pronunciaron en contra del proyecto de zonificación a partir del documento denominado “Rechazo a la zonificación que habilitaría la mega minería en Chubut”, en el que se propone hacer un análisis riguroso e integral que permita encontrar alternativas de desarrollo económico y social basado en actividades productivas sustentables a mediano y largo plazo.

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El informe plantea que “los costos a largo plazo para la comunidad serán mucho más importantes que los posibles beneficios”. Esto se refiere a que una de las consecuencias sociales de esta actividad es el “síndrome del pueblo minero”, es decir que luego del período de extracción, la empresa se retira del territorio y las comunidades quedan sin alternativas laborales por lo que terminan abandonando la región luego de sufrir una fuerte degradación ambiental que impide el desarrollo de otras actividades productivas. Debido a ello, existe en la actualidad cierta tensión y enfrentamiento entre muchos pobladores y comunidades de la meseta, ya que también se han realizado manifestaciones en contra de la minería en localidades como Paso del Sapo, Gastre, Gan Gan y Paso de Indios entre otras.

La construcción discursiva del gobierno provincial y de diversos organismo asociados a la explotación minera se centró en plantear a la minería metalífera transnacional como la única posibilidad de desarrollo para las comunidades de la meseta, eso implica que desentiende al estado provincial de sus responsabilidades de otras alternativas de desarrollo. Ante esta zonificación cabe preguntarse ¿se contempla en las rentas mineras regalías equitativas para la provincia? ¿Es posible que ante este triunfo parcial del capital minero en la provincia se piense ampliar la zonificación a futuro?

Muchas experiencias en otros territorios del mundo dan cuenta del deterioro ambiental irreversible y el despojo de muchas poblaciones de sus medios de producción. Por ello es necesario hacer valer la voz de las comunidades y organizaciones sociales a partir de hacer uso de la licencia social con el fin de ejercer una real soberanía popular sobre los bienes comunes naturales y que estos no sean mercancías rehenes del mercado y de gobiernos que vulneran la decisión y la voluntad del pueblo.

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