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Red Internacional

En horas de la mañana, trabajadores de centros del área de discapacidad, docentes de educación especial, psicopedagogas, psicólogas, fonoaudiólogas, terapistas ocupacionales, transportistas, se manifestaron por el pago en tiempo y forma de las prestaciones realizadas, y contra el ajuste en curso que se está llevando a cabo en este sector. Convocan a movilizar nuevamente el próximo jueves 1 de septiembre.

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Lunes 29 de agosto | 21:06

Durante la mañana de este lunes 29 se llevó a cabo una movilización frente a Casa de Gobierno. Docentes de educación especial, psicopedagógas, psicólogas, acompañantes terapéuticos, fonoaudiólogas, transportistas, acompañados de algunos pacientes y familiares, se manifestaron por el pago en tiempo y forma de las prestaciones, y contra el ajuste en curso en Discapacidad.

Bajo la consigna "Discapacidad en Emergencia", esta acción estuvo enmarcada en una medida de fuerza a nivel nacional, que tuvo réplica en distintas provincias. En Tucumán se autoconvocaron a las 9 am, marcharon alrededor de Plaza Independencia y posteriormente una comisión compuesta por 20 voceros fue recibida en Casa de Gobierno por la Directora de Discapacidad de la provincia. En dicha reunión se planteó lo complejo de la situación que atraviesa el sector desde hace muchos años y la exigencia de que el Gobierno provincial interceda con los organismos pertinentes de manera que tengan respuesta en un plazo de 48 h.

También se hicieron presentes familiares de niños, niñas y jóvenes con discapacidad que fueron a llevar su apoyo. “venimos a apoyar a los profes de nuestros hijos porque nos parece muy injusta esta situación que están viviendo”. Una trabajadora del sector expresó también: “estamos cansados de ser siempre los últimos del sistema, parece que al gobierno no le importara las personas con discapacidad y los trabajadores del sector”.

La semana pasada, el Ministro Sergio Massa anunció un ajuste en Salud y Educación. El recorte de $10.000 millones en Salud repercute en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) hasta fin de año. Este Fondo se usa para pagar prestaciones de alta complejidad, para discapacidad, entre otras prestaciones. Las obras sociales atribuyen dicho incumplimiento en la cobertura a que Nación no gira los fondos. La Superintendencia de Servicios de Salud no está liquidando lo ya facturado a las obras sociales, en algunos casos desde hace 6 meses ya muchos transportistas que cumplen funciones de traslado programado no les pagan desde el año pasado.

Esta situación afecta a trabajadores de instituciones que trabajan con discapacidad (Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, de Aprestamiento Laboral, entre otros), como así también a profesionales, prestadores independientes de este este sector.

La situación de extrema precarización y desfinanciamiento en el área de Discapacidad se sostiene hace muchos años. Profesionales padecen la precarización laboral, mientras que familiares y usuarios sufren las consecuencias. El ajuste que está llevando a cabo el Gobierno Nacional y la oposición, en función del pago ilegal e ilegítimo a la deuda con el FMI, recrudece la situación en pos de beneficiar a los grandes empresarios y bancos.

Es necesario terminar con el lucro de las obras sociales y el sector privado, los cuales se enriquecieron durante la pandemia y ahora buscan seguir acrecentando sus ganancias a costa de la salud de la población. Desde la Agrupación Salud desde las Bases plantearon la necesidad de pelear por un sistema de salud universal, unificado, con un presupuesto que garantice estabilidad laboral, salarios básicos, acordes a la canasta familiar, medicamentos y materiales accesibles de producción estatal. Para evitar el mal manejo de los recursos es necesario que las y los trabajadores de la salud se hagan cargo de la gestión del sistema de salud, en conjunto con pacientes, familiares y usuarios.

Para este jueves 1 de septiembre, los prestadores autoconvocados llamaron a un nuevo paro y movilización en Plaza Independencia, donde se nucleen trabajadores de centros terapéuticos, prestadores independientes, transportistas, familiares, usuarios y público en general. En este marco, cobra gran relevancia que se lleven a cabo asambleas donde se debata y se decida democráticamente como fortalecer esta lucha.

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