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Red Internacional

El juzgado federal de Bariloche negó el pedido de excarcelación de Florencia Melo y Débora Vera, detenidas en el destacamento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con argumentos que profundizan la criminalización.

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Viernes 14 de octubre | 16:36

El día miércoles 11 la defensa presentó el pedido de excarcelación de Florencia Melo alegando que el MPF aún no ha podido fundamentar como es que Melo podría entorpecer la investigación, debido a que “el predio en cuestión” se encuentra “militarizado” y sobre el mismo se realizan rastrillajes diarios y aun no se ha podido confirmar intentos de recuperarlo o impedir la labor de la Fiscalía.

La abogada además explicó que “a la fecha el problema que planteó la Fiscalía en su vista anterior con relación al arraigo se encuentra zanjado” debido a que, en el caso de obtener la excarcelación Melo ya cuenta con un lugar para su alojamiento en nuestra localidad.

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Al día de la fecha la excarcelación siguen siendo negada y continua detenida en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, desde la defensa de plantea que dicha repartición no contaría con “las condiciones mínimas para alojar detenidos ni el personal capacitado para [manipularlos] y (…) mucho menos la detenida aquí en cuestión, por su pertenencia a la comunidad mapuche. Por lo tanto, si el estado no [puede] brindar condiciones dignas de detención, debe buscar dentro del abanico de posibilidades que otorga nuestro nuevo código federal cual es la más conveniente a la situación de autos”. A esto, la defensa suma que el encierro de Melo “no solo afecta su libertad ambulatoria sino que altera el desarrollo de su vida espiritual”.

Por su parte la Fiscalía se opone a la excarcelación aludiendo que los elementos considerados para la detención no se han modificado y que además se han sumado nuevos. Lejos de constatarse algún tipo de diálogo o posibilidad de resolución, la Fiscalía alude que se ha comprobado que Melo se encuentra "ilícitamente afincada en forma permanente en el lote contiguo llamado ‘La Escondida’". Para la Fiscalía el "peligro procesal" tiene su raíz en el discurso condenatoria que desde los medios y la derecha han construido, de modo tal que se afirma que Melo no solo es parte de la usurpación ilícita del predio de Parques Nacionales desde 2017, sino que con el paso de los años "amplio de forma ilegal" dicha usurpación.

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Como fundamento para atenuar la peligrosidad sobre la que la Fiscalía se apoya para continuar negando derechos queda claro que los argumentos se sostienen en un marco discriminatorio, aluden que Melo lejos de atender a la judicialización sobre las tierras "se afincó en el lugar en forma ilegal y por medio del ejercicio de extremada violencia hacia la ciudadanía, las fuerzas prevencionales, los y las funcionarios de las distintas administraciones de justicia que se acercaran al lugar en el marco de sus funciones, los empleados de la APN y hasta la propia Gobernadora provincial".

A fines de desestimar la presentación de la defensa, la Fiscalía insiste en que "la práctica escogida por la defensa de Melo (ofrecer un sitio para asentarse a partir del momento en que recupere su libertad) resulta insuficiente para tener por convalidado su arraigo en el lugar, descartar el riesgo de fuga y, así, ordenar su soltura, puesto que un domicilio futuro no resulta suficiente para tener acreditada su permanencia en aquel". La Fiscalía sostiene infundadamente que Melo es un peligro para el mega operativo, con centenares de armas montados en el lugar.

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A lo que agrega que en el operativo realizado se documentó que "encapuchados que agredieron a los preventores con piedras se adentraron en el bosque y hasta el día de hoy permanecen fugados. En consecuencia, existen fundados motivos para inferir que —de recuperar su libertad— la imputada podría adoptar el mismo curso de acción...". Al igual que con Rafita la "justicia" pone al mismo nivel las piedras y las armas de fuego, una vez más continúan condenando preventivamente sin siquiera mostrar pruebas concretas de los supuestos delitos.

La justificación del rechazo también incluye una imputación por robos y hurtos, aludiendo que las tierras reclamadas se extienden sobre propiedad y bienes privados. Si algo dejo en claro todo este atropello es que la defensa de la propiedad privada por sobre el reconocimiento del pueblo mapuche como preexistente, es lo principal para el poder judicial y los gobiernos.

Cerrando su argumentación, la Fiscalía también se jacta de poder comprobar que al momento de la detención todas las mujeres se resistieron "ferozmente" insultando a los efectivos. El dolor y los atropellos cometidos sobre la Lof Lafken Winkul Mapu no parecieran ser motivo suficiente que explique la rabia de aquellas a quienes de les destruia su propiedad y se les separaba de sus hijos.


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