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Red Internacional
Martes 28 de octubre de 2014

Fotografía:Alejandra Villacorta

En el día de ayer el diputado nacional Nicolás del Caño (PTS/FIT), junto a los abogados Myriam Bregman y Matías Aufieri, denunció a la Gendarmería Nacional y a su responsable Sergio Berni por los graves acontecimientos represivos ocurridos el jueves 23 pasado. Ese día la Gendarmería embistió contra los trabajadores despedidos de Lear y las organizaciones solidarias presentes en la Jornada Nacional de Lucha provocando el desalojo de la Panamericana. Los métodos de represión utilizados fueron violentos e ilegales.

Es de destacar que Nicolás Del Caño, acompañado por el presidente del PTS, José Montes, y los apoderados de ese partido, Guillermo Pistonesi y Carlos Platkowski, mantuvieron además una audiencia con la jueza federal interviniente en el caso, Sandra Arroyo Salgado, y el fiscal federal Fernando Domínguez. Arroyo Salgado negó su vinculación con la represión del jueves pasado, pero los dirigentes del PTS la hicieron responsable por los hechos represivos de la Panamericana y por la creciente violencia ejercida por Gendamería Nacional contra los manifestantes. Ante la violencia ilegal que utilizaron las tropas de Gendarmería, de evidente conocimiento público ya que millones pudieron seguir los hechos en vivo por TV, la jueza no actuó de oficio para incriminar penalmente a los responsables. El fiscal manifestó, por su parte, que la Gendarmería debe ser apartada de estos operativos ya que “atento los episodios ocurridos, no puede seguir interviniendo”.

En la denuncia presentada por el diputado Del Caño y los abogados del CeProDH, se deja constancia que ese jueves 23, además de la salvaje represión desatada centralmente cuando ya no había manifestantes sobre la autopista, hubo dos detenciones ilegales, cinco autos secuestrados, dos trabajadores heridos que debieron ser intervenidos quirúrgicamente y más de cuarenta heridos, entre ellos el mismo Del Caño, con siete postas de balas de goma que impactaron en su cuerpo, y José Montes, con importantes heridas de balas de goma en el pecho.

Del Caño denunció particularmente la persecución que sufre el PTS por solidarizarse con los despedidos de Lear y planteó que tanto él como Christian Castillo, diputado provincial del PTS/FIT, vienen siendo reprimidos selectivamente. En la presentación judicial hecha ayer se detalla también que desde que empezó el conflicto de Lear “son ochenta y ocho (88) los militantes de nuestra organización heridos de distinta gravedad, varios de ellos debiendo ser sometidos a intervenciones quirúrgicas, fracturados, baleados o gaseados, en una clara e inédita persecución política al cabo de unos pocos meses contra una organización que pelea junto a los luchadores de las más sentidas causas sociales; veintitrés (23) los militantes privados ilegítimamente de su libertad y con procesos penales en trámite luego de ser reprimidos en el marco de una más que legítima protesta social; y los automóviles de ocho (8) miembros de nuestra organización fueron destruidos a golpes y secuestrados”.

La Dirección Nacional del PTS solicitó además una audiencia con la Dra. María Romilda Servini de Cubría, jueza electoral, a fin de plantearle la preocupación y repudio ante el avance represivo contra este partido integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores


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