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Negocios que huelen mal: Massa entregó tierras públicas a Nordelta S. A.

En Nordelta, el metro cuadrado sin desarrollar cotiza entre 100 y 300 dólares. Una vez desarrollado, entre 800 y 900. Sergio Massa lo vendió a 20. La ley exigía que esas tierras fueran utilizadas para hacer un parque público.

Cecilia Rodríguez

@cecilia.laura.r

Jueves 3 de enero | 22:23

En 2010, el entonces intendente de Tigre suscribió un convenio con Nordelta S.A. para venderle tierras estatales que estaban adentro del exclusivo complejo. El titular de la empresa, Eduardo Costantini, pagó por ellas un valor de 20 dólares el m2. Un 80% más barato que lo que salían en 2001. Un 93% más barato que en 2017. Actualmente, el m2 en barrios desarrollados del predio cuesta unos 900 u$s.

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Esta rara transacción se realizó cuando en realidad el Municipio estaba obligado a tomar posesión de las tierras y desarrollar un parque y una reserva públicas para todos los habitantes de Tigre, como estipula la Ley que rige el ordenamiento territorial y el uso del suelo de la Provincia de Buenos Aires.

En el sitio donde debería haber, 9 años más tarde, un espacio verde público, ahora hay simplemente un terreno agreste lindante a un Supermercado Coto en construcción.

Los hechos

El 7 de junio de 2010 Sergio Massa se reunió personalmente con Costantini para firmar entre el Municipio y Nordelta S.A. el “Convenio Marco para la cesión de tierras para espacios verdes y libres públicos y equipamiento comunitario de uso público” (aprobado por resolución 1470, ver abajo).

El nombre rimbombante hace referencia a la ley 8912, sancionada por decreto en la provincia de Buenos Aires en 1977. Con él, el gobierno de facto permitió que por primera vez capitales privados tuvieran la potestad de fundar “nuevos núcleos urbanos”. De allí surgen Nordelta y los barrios privados que para 2014 llegan a ocupar 700 km2 del territorio bonaerense: 4 veces la ciudad de Buenos Aires, pero para albergar a 15 veces menos población (Instituto de Geografía, UBA).

Sin embargo, aunque el núcleo urbano sea desarrollado por privados, la legislación en su artículo 15 exige que haya una “red primaria de servicios públicos” y una parte de las tierras dedicadas a “espacios verdes y reservas de uso público”.

En tal sentido, la ley sostiene que empresas como Nordelta deberán “ceder gratuitamente al Estado Provincial las superficies destinadas a espacios circulatorios, verdes, libres y públicos y a reservas para la localización de equipamiento comunitario de uso público”. Se estipula entonces que hay que ceder alrededor de 9m2 por cada habitante para estos fines.

En la reunión con Massa, Costantini plantea adelantar al Estado la cesión de 18 hectáreas, es decir 180.000 m2, correspondientes a un aumento proyectado de 20.000 habitantes. Pero afirma que prefiere mantener esas 18 y otras 5 hectareas ya cedidas (con cesión en trámite), bajo el dominio privado. Es decir que de las las 18 hectáreas que propone ceder y las 5 que ya cedió (23 en total) Costantini quiere quedarse con todas.

Entonces ofrece ceder y volver a comprar al Municipio esas 23 hectáreas de Nordelta, a un precio irrisorio: entre 20 y 18 dólares el metro cuadrado para la mayoría de las parcelas.

En total, Costantini ofrece 30 millones de dólares, que ingresarán a una cuenta donde el ejectutivo está habilitado a meter fondos discrecionalmente, de acuerdo a la ordenanza 2400/01.

Pero como la ley exige que haya una cesión de tierras real, Costantini ofrece al Municipio otras 23 hectáreas en la Primera Sección del Delta del Tigre, sin individualizar a dónde se ubican ni cuanto salen. Lo único que se individualizan son 8.000 m2 (0,8 hectáreas) sobre Ruta 27 y calle Rosales, en el limite externo de Nordelta, valuadas en 40 dólares el m2, o sea, más caras que las que vuelve a comprar Costantini y en un sector identificado como Sección Rural.

El Municipio se compromete a tasar esas 23 hectáreas fantasmas que ofrece Costantini y restar el valor de las mismas de los 30 millones de dólares que Costantini ofrece por las 23 hectáreas que no quiere ceder en Nordelta. O sea que todavía le salen más baratas, aunque no se sabe cuánto.

El complicado mecanismo de toma y daca es una maniobra para burlar la ley que aún con todos los beneficios que otorgó la dictadura para los mega emprendimientos privados, puso ciertas restricciones que ni siquiera se cumplen hoy en día.

Maniobras e ilegalidad

La maniobra empieza desde el comienzo del contrato, cuando Costantini dice que va a adelantar las 18 hectáreas por 20 mil habitantes que proyecta en los próximos años y luego suma 5 hectáreas más que en realidad corresponden al territorio estatal, porque ya estaban cedidas. Todo el número es un invento porque ni siquiera los 20 mil habitantes son todavía reales al momento de firmar el contrato ni lo son hoy, 9 años después. Todo se basa en una especulación, en un dibujo.

Este pasaje falso de 18 a 23 hace entrar la transacción, forzadamente, en el artículo 61 de la ley 8912 que habilita al “Poder Ejecutivo a permutar reservas fiscales, una vez desafectadas de su destino original, por inmuebles de propiedad particular cuando se persiga la conformación de reservas de mayor dimensión que las preexistentes o ubicadas en mejor situación para satisfacer el interés público”.

Entonces dicen que como tenía que entregar 18 y entregó 23 hay “reservas de mayor dimensión”. Lo que es falso, porque ni tenía que entregar 18 ni se sabe cuanto valen las 23 hectáreas fantasmas que ofrece Costantini como compensación, entonces no se puede verificar la dimensión de nada.

Tampoco queda claro si el dinero que ingresará Costantini al Estado constituye una reserva de mayor dimensión, porque el contrato dice que a los 30 millones se les restará el valor de una supuesta tierra que no se sabe donde está ni que valor tiene. A pesar de todos estos vacíos de información, el convenio es ratificado por la Secretaría de Gobierno a pocos días de realizarse la reunión con Massa.

Las únicas tierras reales individualizadas en el contrato son esas 5 hectáreas que Costantini ya había cedido y ahora recupera dentro de Nordelta, y los 8.000 m2 (0,8 hectárea) que Costantini ofrece en el límite de Nordelta al Municipio. De modo que lo unico verificable del documento es el traspaso de 4,2 hectáreas del dominio público al privado.

Más aún, si observamos actualmente el área donde se encuentran los 8000 m2 que cedió Costantini vemos que, 9 años después, un sector sigue siendo terreno agreste sin desarrollar. No hay ningún espacio verde público ni ninguna reserva pública, como ordenaba la ley. En cambio, en una parte del terreno se está construyendo un supermercado Coto, según informa la revista Locally del 4 de julio de 2018.

26 años de ilegalidad

Gracias a la transacción de 2010, firmada por Massa, en los papeles figura que Costantini ya lleva cedidos al espacio público el equivalente de tierras para 56 mil habitantes, y sin embargo no hay un solo espacio público dentro de Nordelta, ni tampoco se llegó aún a los 56 mil habitantes. ¿Que pasó con todos estos m2 que supuestamente Nordelta cedió al Estado? ¿Dónde están? ¿Se construyeron espacios verdes públicos allí?

Mediante este tipo de mecanismos, se perpetúa el estado de ilegalidad en que se encuentra Nordelta desde hace 26 años y que ya hemos denunciado en este diario. Porque por lo menos desde 1992 esta estipulado explicitamente que en Nordelta debía haber espacios públicos y transporte público, pero no los hay.

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Las trabajadoras domésticas de Nordelta se rebelaron contra la discriminación clasista y destaparon una olla llena de negociados entre el Estado y los mega emprendimientos inmobiliarios. Así, gobiernos y empresas crean artificialmente paraísos para unos pocos, mientras en la provincia escasea la vivienda y se inundan los barrios populares. Encima, reducen casi a la esclavitud a 10 mil trabajadoras domésticas, albañiles, gastronómicos, etc., que ingresan diariamente al predio sin derechos elementales como la libertad de circular y hasta bajan a las mujeres de los colectivos privados a pedido de los propietarios, como si fuera la EEUU racista de los años 50.

Gracias a políticos como Massa, estos trabajadores ni siquiera tienen derecho a salir del laburo y sentarse cinco minutos en una plaza.

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