PALPALÁ

Negocio inmobiliario: tras la represión desmontaron tierras de la comunidad Tusca Pacha

Desde la madrugada del miércoles familias dieron cuenta del funcionamiento de de una máquina que avanzó con el desmonte de un sector que pertenece a la comunidad indígena. Tiraron árboles frutales y tuscas que sirven para el pastoreo. Una mujer denunció que aprovecharon que salió a realizar trámites e intentaron romper la puerta de su casa.

Jueves 22 de octubre | 14:14

Además del accionar de la máquina que avanzó con el desmonte de tierras, se presentaron efectivos policiales para avalar la medida. También estuvieron empresarios con dos camionetas 4x4 que daban órdenes para que avance la máquina.

Así lo denunció la diputada Natalia Morales que se hizo presente para solidarizarse con las familias de la comunidad Tusca Pacha en Palpalá que fueron violentadas y reprimidas el día anterior y que ahora veían la amenaza ante el accionar conjunto de empresarios, la policía y la justicia sobre sus territorios.

Juana Mamaní, presidenta de la comunidad comentó que la amenaza de parte de la policía y las máquinas que desmontan pone en riesgo las vidas de quienes viven en el lugar, además que están quitando la fuente de subsistencia como es la tierra y el territorio en la que producen para la subsistencia. Están violando sus derechos posesorios de quienes viven en esas tierras por lo menos hace tres generaciones, y que realizaron incluso un trabajo comunitario para la recuperación de tierras para la producción agroecológica.

También lo mencionó Rosa Gutierrez, integrante de la comunidad y de la organización San Marcos Los Alisos, y una de las detenidas y violentadas por el accionar policial el día martes, donde sostuvo que hay unas 100 familias que son parte de la comunidad y que viven en el lugar hace varias generaciones. Afirmó que incluso el mismo concejo deliberante de Palpalá y la intendencia de Palomares en el 2015 reconocieron la zona como área de producción agroecológica a través de una ordenanza municipal, que establecía la realización de un ordenamiento territorial, reconociendo derechos.

La intendencia de Palpalá y el Gobierno de Jujuy contra los derechos campesinos e indígenas

El conflicto no es nuevo. Las familias vienen denunciando el accionar de la inmobiliaria Sucre, cuyo propietario es Alfredo Gonzalez, pero estaría involucrado un funcionario del gobierno provincial, Javier Gronda, para avanzar sobre esas tierras para el negocio inmobiliario. Los empresarios tienen el aval del juez Jorde Zurueta, de la fiscal Liliana Colqui que dieron la orden de desalojo y enviaron a la policía que reprimió a mujeres y niños con balas de goma, deteniendo a cuatro personas, entre ellas una funcionaria.
Tras la represión, funcionarios del gobierno provincial de Gerardo Morales y el mismo intendente Rubén Rivarola (FdeT), se manifestaron en contra de las familias acusándolos de “usurpadores” y negando la existencia de derechos reconocidos a nivel nacional e internacional que tienen la comunidad y las familias.

Las familias no sólo tienen derechos posesorios de más de 50 años, sino que además están protegidas por la Ley 26.160 que reconoce el relevamiento territorial de las comunidades indígenas e impide el desalojo de las mismas. Como sostuvieron integrantes de la comunidad, hace varios años habían solicitado los servicios esenciales y desde las instituciones les respondía que no era posible, ya que esa zona era inundable, era margen del río y no había títulos de tierras.

Consultando con una técnica de un equipo territorial de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación, que trabajó durante años en la zona, afirmó que “existen registros de un relevamiento realizado por la institución en año 2013 que deja en evidencia de que existía allí una zona habitada por gran cantidad de familias con potencial productivo, donde el mismo el Concejo Deliberante de Palpalá aprobó una ordenanza declarando zona de producción periurbana”.







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