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Narcotráfico y legalización de las drogas, a debate

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de otorgar el derecho al consumo de marihuana “con fines recreativos” a cuatro demandantes, generó primero enormes expectativas, y después entusiasmos en unos y oposición en otros. Aquí discutimos las causas de ello, sus consecuencias, y las perspectivas de la lucha por la legalización en un país signado por la “guerra contra las drogas”.

Pablo Oprinari

Ciudad de México / @POprinari

Viernes 6 de noviembre de 2015 | Edición del día

La misma instancia que sentó precedente jurídico a favor del matrimonio igualitario, hizo lugar a la solicitud de amparo de los cuatro integrantes de la asociación SMART (integrantes además de la organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, que llamó a varias de las marchas “contra la violencia” y en pro de “mayor seguridad”).

El argumento de los magistrados se basó en la idea de que la prohibición de la marihuana es desproporcionada respecto a sus efectos nocivos realmente comprobados, menores por ejemplo al tabaco. Si bien se apoya en la idea de privilegiar el “desarrollo libre de la personalidad” por sobre los argumentos de salud pública que alegan los defensores del prohibicionismo, en la decisión de la SCJN se combinaron las afirmaciones mencionadas -el grado de penalización es excesivo- con la restricción de sus efectos sólo a quienes presentaron el amparo correspondiente, resultando esto claramente insuficiente incluso frente a quienes se limitan a pedir la legalización del consumo de esta droga específica a nivel nacional.

Sin embargo es evidente que sienta un precedente que puede tener impacto en la larga lucha contra el prohibicionismo y por la ampliación de las libertades democráticas; las consecuencias políticas están por verse.

Los partidos y el gobierno ante la resolución de la SCJN

El discurso gubernamental, después de la aclaración de compromiso de que se respetará la resolución, se centró en tres cuestiones. En primer lugar, enfatizar que la marihuana no se legaliza, sino que la resolución se limita a las 4 demandantes. Luego, que no implica legalizar ni su producción ni su venta. Y, finalmente, que “la población no debe confundirse con la supuesta liberación de otras sustancias tóxicas”. Distintos integrantes del gobierno -como el secretario de Educación Aurelio Nuño, por ejemplo- secundaron estas afirmaciones, cuyo claro objetivo es reafirmar que se mantiene la estrategia prohibicionista, y dejar claro que el gobierno priista no se orientaría al curso que propone, por ejemplo, Vicente Fox, con su cruzada a favor de la legalización.

Por su parte, los partidos del Congreso, que han sostenido -desde el oficialismo o la oposición- la política gubernamental mandatada por Washington contra las drogas, en sus primeras reacciones se limitaron a proponer una “amplia consulta” y proponer un “amplio debate”. El PRD incluso ha planteado que promoverá el uso lúdico y terapéutico de la marihuana; ante la discusión que se abre, los partidos patronales y las instituciones buscarán dar una respuesta que no trastoque lo esencial de la política prohibicionista vigente.

Sin duda, la resolución de la Corte Suprema llamó la atención y plantea múltiples preguntas, en particular, cuál es la causa por la que la justicia mexicana, que se ha caracterizado por sostener la política profundamente antidemocrática y reaccionaria del régimen de la alternancia contra los trabajadores y el pueblo, votó esa resolución.

¿Expresa acaso a un hipotético sector del régimen político y de los grupos de poder que se inclinan por una política similar a la que postula el expresidente Fox, pretendiendo alinearse con las modificaciones que están introduciendo en California y otros estados de EE.UU.? El hecho de que esta iniciativa fuera promovida por sectores referentes del reclamo de “mayor seguridad” (en su mayoría empresarios y profesionistas acomodados), podría expresar eso. En ese sentido, podría tratarse, eventualmente, de una política moderada de apertura: proponer -por ejemplo- una legalización acotada a algunas drogas, centrado en el consumo con fines medicinales o incluso recreativos, pero sin poner en cuestión el conjunto del negocio del narcotráfico.

Otro interrogante que surge es si no se trata de una política que busca posicionar a las instituciones como “democráticas”, en un momento - desde Ayotzinapa hasta hoy- de gran desprestigio del régimen político y en particular de las instancias judiciales, y donde existen profundas aspiraciones democráticas en la juventud, las clases medias y los trabajadores.

¿Legalización en el país de la “guerra contra el narcotráfico”?

En ese marco, y sin dejar de lado lo acotado de la medida en sí, ya abrió un profundo debate y plantea un escenario de contradicciones insospechadas; incluso hubo medios internacionales que lo plantearon como una “ruptura con el pasado”, como es el caso de El País de España.
Más allá de que dichos como estos puedan sonar apresurados, la cuestión de la legalización pone a discusión la política imperante.
El prohibicionismo es una expresión de una estrecha subordinación a los Estados Unidos que se da no sólo en el terreno económico, sino también en el de las políticas de seguridad. La militarización de la lucha contra el narcotráfico -que inició desde los ´70 y se intensificó desde la llegada de Vicente Fox en el año 2000 y en particular en el 2006 con Calderón- es dictada por la política oficial antidrogas de Washington, e implica una integración de hecho en el terreno militar y de inteligencia -desde la Iniciativa Mérida hasta la actividad de las agencias de seguridad estadounidenses en territorio nacional.
Como hemos planteado en múltiples publicaciones, la expansión de los carteles del narcotráfico es un resultado directo de la política prohibicionista, la cual hace que las mercancías ilegales produzcan las ganancias extraordinarias de los cárteles. Los mismos se desarrollan a través del monopolio de la producción, del tránsito por vía aérea, terrestre o marítima, y de las redes de distribución al interior de los Estados Unidos y México. Y su expansión y su acción descontrolada es también el resultado de la colusión que se da con distintos niveles del estado -en México pero también en Estados Unidos-, los que se benefician y se convierten en verdaderos socios, a la vez que en muchos casos protectores de las sociedades entre los señores del narco y empresarios legales para el lavado de dinero y la reinversión de las ganancias en negocios “respetables”.

La subordinación y la integración creciente de México a Estados Unidos se expresan en varios niveles. Por una parte, la subordinación a la política prohibicionista hace que el gobierno mexicano asuma el rol de mantener, mediante la militarización y la “guerra contra las drogas”, la pugna entre los cárteles al sur del río Bravo, con la consecuencia de miles de muertos y desaparecidos, y que la misma no se traslade a territorio estadounidense.
Por otra parte, la “integración” se manifiesta también en que los 3200 kms de frontera compartida son un terreno por el que transita el comercio de mercancías no sólo legales, sino ilegales, como las drogas, armas y la trata de personas, así como fenómenos aberrantes que son el resultado de las terrible descomposición sufrida por el capitalismo mexicano al influjo de la dominación imperialista, como es el feminicidio.
Como hemos planteado en otras ocasiones, para garantizar la subordinación a la política de Washington, la militarización tiene también el objetivo central de disciplinar, amedrentar y aterrorizar a los trabajadores y el pueblo, como forma de estabilizar en clave reaccionaria la situación política en México.

En ese sentido, de instalarse la cuestión de la legalización en el debate político, aún cuando en sus objetivos manifiestos se limitase a una sustancia, podría abrir una dinámica de cuestionamiento en sectores amplios de la población, respecto al prohibicionismo, que es el pilar de la situación que describimos arriba. En caso de verse obligado el régimen político a conceder, eventualmente, medidas de despenalización o legalización, buscaría acotarlas y limitarlas lo máximo posible, y que no pongan en cuestión lo esencial de las políticas mandatadas por el imperialismo estadounidense. Es por eso que todos insisten en que la resolución de la SCJN se aplica sólo a 4 casos individuales, y que deberían ocurrir muchos casos similares para que sus efectos se generalicen.

En ese sentido, la lucha por la legalización de todas las drogas -que parte de una demanda democrática elemental como es el derecho de cada quien a decidir sobre su propio cuerpo- sólo puede lograr sus objetivos basada en la movilización en las calles, sin confiar en la justicia, los partidos ni el resto de las instituciones de este régimen asesino, coludido con el narcotráfico y agente directo de la política imperialista.

Desde el MTS sostenemos esto como como parte de un programa que desconozca los dictados de la Casa Blanca en materia de “lucha antidrogas” y contra la dominación imperialista, y que busque expropiar a los cárteles y todas las empresas “legales” comprometidas con estos. Esto a la par que luchamos contra la militarización; en ese sentido la autodefensa por parte de las organizaciones obreras y populares es una necesidad básica para hacer frente a los carteles y las fuerzas represivas, responsables de 200.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos.







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