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Red Internacional

Poder judicial y dictadura.Myriam Bregman: “El Poder Judicial legalizó la herencia de las dictaduras”

La diputada por el PTS/FIT, Myriam Bregman, cuenta con una extensa trayectoria como querellante en juicios de lesa humanidad, así como en la defensa de las y los trabajadores. Conversó con Ideas desde la Universidad sobre el rol de la Justicia, el papel que juega la Corte Suprema y la opinión de la izquierda sobre este debate.

Luca Bonfante Consejero estudiantil Junta de Historia (FFyL-UBA)

Tobías EzsiaLa Izquierda en Derecho | Tw: @Toe_ezq Ig: @lb0t0bl

Jueves 25 de marzo | 21:07

En vísperas del 45° aniversario del comienzo de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, conversamos Myriam Bregman sobre el rol de la justicia, su papel en la región, la propuesta de reforma que quiere impulsar el gobierno y los reclamos de la oposición de derecha y la casta judicial.

Últimamente se está hablando mucho sobre el poder judicial y una posible reforma ¿Por qué opinas que está tan instalado el tema? ¿Qué rol jugó y juega la justicia en Argentina?

MB: Es uno de los temas que cada gobierno toma como “fundacionales” tratando de dejar su impronta. Parten de un dato de la realidad, la justicia está completamente desprestigiada por diversos motivos. Últimamente, el repudio del movimiento de mujeres ante los atroces fallos de la Justicia en los casos de violencia de género y femicidios, como en el reciente caso de Úrsula, la discusión sobre el lawfare [1] en el continente y la corrupción, instalaron el debate en la agenda pública con fuerza. Estamos hablando siempre de sistemas judiciales que no son imparciales sino parte de los aparatos de dominación propios de los estados capitalistas.

Al mismo tiempo, uno de los puntos que Alberto Fernández puso sobre el tapete el año pasado y que el oficialismo volvió a retomar con fuerza desde la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso en este año electoral, fue el tema de “la reforma judicial”, que últimamente también estuvo en boca de todos por la anulación de las condenas a Lula en Brasil, que tiene que ver con un intento de salvar un régimen político altamente cuestionado en ese país.

El caso brasilero es un ejemplo concreto del rol que viene jugando la justicia en la región en los últimos años. La Lava Jato, que fue una operación pro-imperialista, utilizó una mezcla de casos de corrupción reales con otros fraguados, para permitir el asentamiento de un nuevo régimen nacido del golpe institucional, y que entregó sectores estratégicos de la economía a multinacionales extranjeras. Ahora esa operación se encuentra debilitada y con su principal figura (el juez Moro) totalmente desprestigiada. Luego del golpe institucional que destituyó a Dilma, fue también utilizada para sacar a Lula de la carrera electoral y permitir la llegada al gobierno de Bolsonaro. A mi modo de ver, en este momento tanto el imperialismo como el régimen golpista brasileño buscan preservar los logros del Lava Jato, pero descartando sus métodos como demuestra la anulación de las condenas a Lula. Es la mejor manera de continuar el régimen institucional golpista y su agenda económica bajo una frágil apariencia "democrática". En este caso se ve el rol de “árbitro” (a favor de los grupos concentrados de la economía y el imperialismo) que juegan o intentan jugar los poderes judiciales en la región.

Volviendo a nuestro país, todas esas cosas ponen a la justicia en el centro de la escena, con gran poder, y dejan en evidencia por qué tanta resistencia del sistema judicial a la supuesta reforma y este debate, porque incluso llamar “reforma” a lo que quiere presentar el gobierno está mal. Yo diría que lo que quiere hacer el oficialismo es más parecido a una reorganización de determinadas competencias.

Es importante entender que hay muchos intereses en juego. Si uno lo piensa en general, la Corte Suprema en la historia argentina ha jugado un rol muy importante. Justamente a días de un nuevo aniversario del último golpe cívico-militar no hay que olvidarnos que la Corte, en los últimos 120 años, preservó la continuidad del Estado luego de todos los golpes militares que tuvimos, y estableció, con el paso del tiempo, toda la herencia legal de las dictaduras incluyendo la del ‘76. Si hoy tenemos en pie la herencia de la dictadura, la deuda externa, el aumento de la pobreza y de las condiciones de tercerización y precarización laboral, es en parte por el rol que tuvo la Corte Suprema (así como otras instituciones del Estado), de mantener la herencia de la dictadura dentro de la democracia capitalista.

Por otro lado, para analizar el desprestigio que actualmente tiene el poder judicial hay que remontarnos atrás en el tiempo. Tuvo su punto más álgido en aquellas jornadas del 2001 donde se ganaron el “que se vayan todos”. Luego, es cierto, se pueden haber recompuesto un poco, pero hicieron mucho mérito para recuperar todo su merecido desprestigio. No olvidemos que en los ‘90 veníamos de los “jueces de la servilleta” y de una Corte ampliada y nombrada a medida de los intereses de Menem. En el último tiempo han sacado fallos que representan grandes ataques al pueblo trabajador, pero de eso nadie habla porque cuesta mucho que los intereses populares se expresen.

Te pongo un ejemplo: en pleno auge macrista, la Corte decidió legalizar la precarización laboral. En un caso de un médico neurocirujano que demandó al hospital Alemán aduciendo que el vínculo que lo unía era de carácter laboral, la Corte dijo que la mera prestación de servicios para una empresa no implica que la relación sea dependiente y remarcó la vigencia de la figura de la locación de servicios en el derecho argentino. Es una vergüenza que de eso no se hable.

O cuando en el 2016 en el caso conocido como “Orellano”, la Corte sin que ese sea el tema sobre el que tenía que opinar, aprovechó para decir que solo los gremios tienen el derecho de promover huelgas y no un grupo de activistas. Ni que hablar que con reforma o sin reforma, para acceder a la Corte Suprema hay que depositar 150.000 pesos. Una locura que implica un filtro de clase. Ninguno de estos fallos anti obreros que mencioné, llaman la atención cuando el actual presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, fue abogado de gran parte de las grandes empresas del país.

¿Cómo definirías entonces la reforma que impulsa el gobierno de Alberto Fernández? ¿Para vos afecta algunos de los puntos que mencionás anteriormente?

MB: Centralmente, lo que plantea el oficialismo cuando habla de reforma es una reorganización y ampliación de juzgados bastante incolora, que no cambia mínimamente el contenido social que guía la actuación de esta casta privilegiada que es el poder judicial, quien orgullosamente se llama “contramayoritario”, es decir, que rechaza la influencia popular. La “reforma” que quieren impulsar deja en pie todo el andamiaje que armó el macrismo para incrementar la discrecionalidad de jueces y fiscales, para la manipulación o directamente para el armado de causas. Quienes luchamos, militamos, salimos a la calle en reclamo contra las injusticias de este sistema, vemos en ello un gran peligro. Ni siquiera se han propuesto eliminar leyes como la del “arrepentido”, a la que nos opusimos casi en soledad en su momento. Y ni hablar de las distintas leyes “antiterroristas”, votadas todas por mandato de los Estados Unidos.

Yo siempre digo: “Menos consejos de notables y más ’consejo’ popular”. La esencia del funcionamiento del Poder Judicial hay que entenderla en el marco del sistema capitalista en el que se encuentra. Un reducido grupo de lo más granado de la Justicia, que integra la Corte Suprema, decide el destino de millones de personas que ni siquiera los eligen. Se rige por el precepto de que sea independiente del voto popular y del resultado "mayoritario" que designaría a los jueces en sus cargos, con el supuesto objetivo de asegurar el derecho de las minorías. No es más que palabrerío para justificar la existencia de esta casta inamovible en sus cargos.

Thomas Jefferson, uno de los principales autores de la Declaración de Independencia y uno de los primeros presidentes norteamericanos y que nadie puede decir que es cercano a nuestras ideas (risas), señaló que eso resultaba una concentración de poder injusta. Los jueces están ahí para controlar cualquier presión o influencia de las mayorías populares, son lo contrario a “representantes del pueblo”. Los privilegios que se les otorgan como la inamovilidad en sus cargos, se explican porque precisamente están pensados para sostener ese criterio.

Sus lujos, su pertenencia a determinadas familias (salvo excepciones), sus costosos modos de vida son parte (querida) de este esquema. No es casualidad que sean una corporación aristocrática, siempre atenta al alegato de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno.

Por otro lado, también se empezó a hablar mucho en las últimas semanas, de la necesidad de una reforma judicial feminista, cuando el femicidio de Úrsula salpicó a todos los poderes del Estado, pero principalmente a la policía y a la justicia por la cantidad de denuncias desestimadas. Esta propuesta que plantean algunas funcionarias así como organizaciones feministas que se identifican con el proyecto del Frente de Todos, aún no se entiende bien de qué se trata. Porque si se refieren a cursos de capacitación de género ya existe la Ley Micaela. Si se trata de que haya más juezas y fiscales mujeres sería una medida insuficiente y superficial. Puedo considerar correcta la crítica al poder judicial, pero no comparto que la manera de combatirlo sea con medidas cosméticas y aisladas.

Creo que escuchando a las pibas en las movilizaciones, sus críticas y exigencias de medidas urgentes para hacer frente a la violencia machista, resulta evidente que ministerios, secretarías y todo tipo de organismos burocráticos que se van creando, son medidas impotentes para atacar el problema. Yo soy feminista socialista, sé que la lucha por erradicar esa violencia es peleando contra el sistema capitalista que está hermanado al patriarcado. Pero también sé que hay medidas urgentes que se deberían tomar para paliar esta situación, como destinar el presupuesto correspondiente en vez que el dinero vaya al pago de la deuda. Hay viviendas ociosas como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires para el negocio inmobiliario, cuando esos recursos podrían utilizarse para un plan de viviendas y refugios para las mujeres y sus niños y niñas en situación de violencia de género.

Teniendo en cuenta que Estados Unidos a través de los años redobló su injerencia sobre el poder judicial y los servicios de inteligencia y también la existencia de una casta de funcionarios completamente separados de la vida del pueblo trabajador... ¿Es posible pensar una justicia para las mayorías populares?

MB: En los marcos de este sistema nunca habrá una justicia favorable a los intereses populares. Esto no quita que luchemos por distintas medidas que cuestionen al sistema judicial tal como hoy existe. Nosotros pensamos que hay que luchar contra esta justicia amañada, que justifica los privilegios sociales, la existencia de la explotación, diversas formas de opresión, del capitalismo y las desigualdades que produce.

Hay que barrer definitivamente con toda la casta privilegiada de jueces, estableciendo en su lugar juicio por jurados. Los jueces tienen que pasar a ser elegidos por el voto directo del pueblo y ser revocables. No hay por qué bancarse “Oyarbides” o “Bonadíos” por años.

Tomando experiencias históricas verdaderamente democráticas incluso se debería debatir si para juez es necesario ser abogado o se podrá llegar a ese lugar con solo contar con alguna experiencia en el trabajo político, en los sindicatos, comités de fábrica, etc., o tener alguna preparación teórica o práctica para ejercer la función. Se podría establecer la figura de “asesores populares”, que pueden ser elegidos en representación de los diferentes sectores de la comunidad, sin necesidad de ser abogados incluso. Que cobren lo mismo que cualquier trabajador y se terminen los privilegios por sobre las demás personas, que hacen que no paguen ni impuesto a las ganancias.

Ese debate sería más apasionante que seguir con las polémicas del Consejo de la Magistratura o el Senado, donde cada gobierno que está en funciones intenta inclinar la vara para tener jueces más o menos afines. Imaginate que en este país los jueces de Comodoro Py llegaron a necesitar la venia de Stiuso para poder asumir.

El fiscal Federico Delgado, además, relata que Comodoro Py se ha movido con la lógica de investigar siempre al gobierno que se va y acomodarse con el que está en funciones, algo que siempre hemos denunciado desde la izquierda.

Por otro lado, los que opinan que los medios y poderes fácticos pueden influir en los juicios por jurado, me parece que a lo que le tienen miedo es al pueblo eligiendo, que se queden tranquilos, nada puede ser peor, ni más peligroso para los intereses del pueblo trabajador que la elección a dedo o la actividad de ese lugar costoso e inútil llamado Consejo de la Magistratura.

Nosotros no escondemos nuestras banderas, al contrario, los que luchamos por una democracia infinitamente superior a estas repúblicas capitalistas burguesas, lo hacemos por una democracia basada en organismos de autoorganización del pueblo trabajador.

Se ha visto sobradamente en la historia reciente que para que haya una reforma democrática en serio, debemos desarrollar la más amplia movilización y a eso apostamos.

Bueno Myriam, ¿algo más que nos quieras decir?

MB: Si, a propósito de este nuevo aniversario que se está cumpliendo este 24 de marzo, les quería contar un ejemplo que ocurrió hace pocos días atrás. Mi compañera de bloque en la Legislatura y militante de mi partido Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, declaró en el juicio por los crímenes de los pozos de Banfield, Quilmes y El Infierno, centros clandestinos por donde pasaron sus padres y su tío. Allí, planteó con firmeza que la conquista luego de tantos años de ese juicio y tantos otros por los que venimos peleando, tuvo que ver con que no hemos dejado jamás la calle. Con que cada paso dado contra la impunidad ha sido producto de una enorme lucha colectiva. De cada uno de los sobrevivientes, que como Adriana Calvo pelearon para que ese juicio se realice.

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Las mujeres cuando salimos a luchar nos chocamos contra ese poder judicial. Cuando peleamos contra el gatillo fácil y la represión también. Cuando la clase trabajadora se quiere organizar democráticamente contra direcciones sindicales burocráticas y hacer valer a los delegados mandatados por sus compañeros y compañeras de trabajo, también se enfrenta a ese poder judicial. Ejemplos hay muchísimos, por eso las posturas sobre la justicia ameritan un debate profundo.


[1Entendemos el mecanismo que se denominó como lawfare a la actuación política de la casta judicial con jueces y fiscales –formados con la ideología y los vínculos del Departamento de Estado de EEUU- que convirtieron a las causas por corrupción en el motivo para desplazar con “golpes blandos”, maniobras institucionales, detenciones arbitrarias a personal político para facilitar la penetración de empresas internacionales a partir del avance sobre otras fracciones de las clases dominantes locales o de otras potencias.





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