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Multitudinaria movilización a Gobernación contra el desalojo en Guernica

Delegados y delegadas viajaron desde Guernica y movilizan hasta la sede del gobierno provincial para presentar una propuesta y exigir una reunión con Axel Kicillof. Representan a 2500 familias que luchan por un lugar donde vivir, y que temen el desalojo anunciado para el 1 de octubre.

Lunes 28 de septiembre | 12:35

Delegados y delegadas de la familia de la toma de Guernica movilizan en La Plata, junto a familias de otras tomas de la provincia y la ciudad, a organizaciones sociales y partidos de izquierda, para exigir una reunión con el gobierno provincial, presentar propuestas y se frene el desalojo programado para el 1, 2 y 5 de octubre.

La propuesta de solución fue elaborada por los y las delegadas de la toma, las organizaciones sociales y la comisión asesora de urbanismo, según explicaron en un comunicado. Exigen que "las zonas conocidas como 20 de julio y San Martín sean adquiridas por el Estado dado que no se pudo comprobar la supuesta titularidad de esos terrenos".

Explican que este paso "permitirá la existencia de casi 1.450 lotes". Por otro lado, piden "que se ceda el 10% del predio del proyecto como marca la Ley de Acceso Justo a la Tierrra (Ley 14.449),del barrio cerrado que comprende actualmente los barrios La Unión y La Lucha, esto permitiría agregar otra amplia franja de manzanas y lotes, con capacidad para albergar el resto de los lotes necesarios para completar la urbanización".

En el comunicado, además denuncian aprietes de funcionarios, ofrecimiento de sobornos y dádivas para quebrar la lucha. Sin embargo, "no han podido hacerlo, y así lo demostramos los vecinos y vecinas que rechazamos este fin de semana el desembarco al territorio de 40 funcionarios que no trajeron soluciones, sino que vinieron a realizar aprietes".

En el mismo sentido, agregaron, "utilizan los datos de censo para hacer llamados y visitas a nuestros familiares con el objetivo de amedrentarnos. Queremos una solución, no amenazas de desalojo violento y criminalización de nuestro reclamo que es un problema social masivo".







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