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Red Internacional

En la tarde del miércoles 7 de septiembre un importante grupo de profesionales de la salud de la ciudad de Santa Fe que atienden a personas con discapacidad, convocaron a marchar desde Bulevar hasta calle Vélez Sarsfield para reclamar el atraso en los pagos por sus prestaciones.

Jueves 8 de septiembre | 13:28

Mientras que desde el Gobierno nacional se insiste en que la situación de los pagos está regularizada, los profesionales de la salud de la ciudad de Santa Fe que atienden a personas con discapacidad denuncian el atraso y la falta de pago por sus prestaciones. Kinesiólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, psicólogos, fonoaudiólogos, entre otros, marcharon para denunciar que no obtienen respuesta, que "Discapacidad está en emergencia", y que dicen “basta” a esta situación.

Latta Marina, psicopedagoga, expresó que “los pagos no están en los bolsillos de los prestadores”. Denunció la situación de precarización que sufren desde que comienzan a trabajar, por ejemplo, aceptando el pago atrasado como forma normalizada. Planteó que “es necesaria una reforma de base del sistema”. También señaló todas las dificultades que tienen que atravesar los familiares para que les autoricen las prestaciones que “son su derecho”. “Es muy grande este conflicto, hoy estamos acá diciendo basta, No al ajuste en discapacidad”.

La marcha fue acompañada por familiares de pacientes, estudiantes y autoconvocados. El recorrido fue acompañado con bocinazos de muchos autos que transitaban por allí. Hay que recordar que se trata de la segunda movilización que realizan en la capital provincial. La semana pasada marcharon desde Plaza de Mayo hacia la Delegación Santa Fe de la Superintendencia de Servicios de Salud. En aquella oportunidad contaron con la presencia de representantes de 45 instituciones de la ciudad de Santa Fe, y el reclamo se extendió a IAPOS, debido a que la obra social provincial paga un 40% del valor pactado a nivel nacional.

Participó también en la marcha de ayer, el sector de los transportistas afectados por la misma problemática de falta de pago. José Luis, un representante de este sector declaró: "Los transportistas estamos en estado de alerta y asamblea. No vamos a poder sostener los tratamientos porque a nosotros nos pagan a 120 días y nosotros no podemos pagarle a nadie ni cargar combustible a 120 días". Detalló que son más de 50 empresas en toda la provincia y más de 2000 personas con discapacidad que dependen de la prestación del servicio para poder movilizarse.

Desde los organismos públicos, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) se insiste en que las transferencias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a las obras sociales nacionales están regularizadas y que se realizan los pagos con regularidad. Invitaron a los prestadores independientes a una reunión con el Directorio único de prestaciones básicas en discapacidad para abordar situaciones específicas del sector. Anunciaron también que "se convocará a los gobiernos provinciales para avanzar en soluciones a los reclamos vinculados con las obras sociales de todas las jurisdicciones que no son financiadas ni reguladas por el Estado nacional".

Ante las deudas del Estado en prestaciones básicas y vitales, el reclamo de profesionales de diversas áreas de salud, familiares y pacientes con discapacidad se replicó en todo el país. Como viene informando La Izquierda Diario, esta semana hubo movilizaciones en diversas ciudades.

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En medio del conflicto, el ministro Massa sintió el deber de informar que las “modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores” no afectan al área de discapacidad. Sin embargo, queda en evidencia que la resolución de este conflicto no es prioritario para un gobierno que sí acuerda con los sectores económicos poderosos que por ejemplo, consiguieron beneficios obscenos para finalmente liquidar la soja retenida, pero que se muestra insensible para resolver el reclamo de trabajadores y profesionales de la salud, de pacientes y sus familiares para poder hacer valer el derecho a la salud.




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