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Red Internacional

Bolivia. Mineros de Huanuni marcharon a La Paz contra el Gobierno y los dirigentes sindicales

La capital de Bolivia se vio alterada este martes por cientos de trabajadores del distrito de Huanuni que se movilizaron a la sede de Gobierno exigiendo la derogación de dos decretos presidenciales que afectan a las empresas públicas y a los trabajadores. También exigen renovar la dirigencia sindical.

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Miércoles 12 de octubre de 2022 | 23:01

Los mineros de Huanuni se movilizaron a la capital del país contra las medidas de ajuste que pretende imponer el Gobierno del MAS encabezado por el presidente Luis Arce Catacora. Apenas llegar, tomaron las oficinas de la Central Obrera Boliviana (COB) en repudio a la burocracia sindical, cómplice del Gobierno, y exigieron la convocatoria a congresos de la Federación Minera (FSTMB) y la COB para renovar la dirigencia.

Estas acciones de los mineros viene precedida de la movilización de sus compañeros de Colquiri que, días atrás, también protestaron contra las medidas que intenta imponer el Gobierno de Arce para las empresas estatales. Se trata del Decreto Supremo N°4783 que establece la transferencia de utilidades de las empresas públicas al Tesoro General de la Nación (TGN) “para proyectos sociales y de reinversión” y el Decreto Supremo N°2248 que establece la constitución de la “Gestora Pública” para la administración de los fondos de pensiones.

La reacción de los mineros de Huanuni (Oruro) ahora, y de Colquiri (La Paz) en los días pasados, muestra el creciente rechazo de las bases trabajadoras ante el colaboracionismo de sus dirigentes sindicales con el Gobierno del MAS que amenaza la estabilidad laboral y pone en peligro la sostenibilidad de las empresas estatales debido a crecientes medidas de ajuste que se vienen implementando desde el Gobierno.

Los ejemplos sobran. Sin ir más lejos, a fines de 2021 el MAS aplicó la norma neoliberal del “Estatuto del Funcionario Público” a miles de trabajadores y trabajadoras aeroportuarios arrebatándoles los derechos laborales y prohibiendo la organización sindical en la nueva empresa de NAABOL (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos). Se trata de una norma que impusieron los ex presidentes neoliberales Gonzalo (Goni) Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y Jorge (Tuto) Quiroga (2001-2002).

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A esto se suma, que el Gobierno, luego de haber mantenido el régimen neoliberal de “capitalización individual” impuesto por Sánchez de Lozada, ahora pone en funcionamiento una gestora estatal de los fondos de pensiones de las y los trabajadores sin otorgarles siquiera el derecho a la fiscalización y control de sus propios aportes jubilatorios. Todo esto, por supuesto, con la colaboración y complicidad de los dirigentes sindicales.

Las y los trabajadores temen que como ya lo hicieron anteriores gobiernos, recurran al dinero de las jubilaciones para cubrir el déficit fiscal, preparando de esta manera una vejez miserable para los trabajadores, mientras la casta militar, por ejemplo, goza de jubilaciones del 100 %. Por eso, primero Colquiri y hoy Huanuni exigen la derogación del DS 2248, expresando la bronca de cientos de miles que aún no salen a las calles por el control de la burocracia sindical estatizada.

Un nuevo estado de ánimo en las filas asalariadas

La movilización antiburocrática y antigubernamental de los trabajadores de Huanuni, no es un rayo en cielo sereno. Se trata de la expresión más avanzada que vienen realizando los trabajadores no solo con sus propias organizaciones y dirigentes sindicales sino también con el aparato de justicia -abiertamente al servicio del empresariado-, con el Gobierno, y con el conjunto de los partidos políticos de la oposición. Esto quedó muy bien reflejado en la declaración de un trabajador de Colquiri, días pasados, que rechazaba las acusaciones de “estar con la derecha” que esgrimen diversos defensores del Gobierno. El compañero afirmó que fueron ellos, los trabajadores de Colquiri junto a otros sectores, quienes recuperaron la democracia en las movilizaciones de agosto de 2020 contra el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Recomendamos ver la entrevista realizada por el canal de facebook "Cabildo Abierto" a Cecilio González, trabajador de Colquiri, que explica muy bien la situación y las demandas de los trabajadores mineros asalariados:

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En este escenario, recordemos que, días atrás, los mineros de Andacaba (Potosí), se movilizaron exigiendo el pago de salarios adeudados, y de la misma manera, se vienen produciendo protestas de diversos sectores sociales como las y los trabajadores fabriles en Santa Cruz y Cochabamba.

Durante todo este tiempo desde el golpe de estado de 2019 y luego con la pandemia, las y los trabajadores asalariados vienen siendo atacados con despidos, rebajas salariales, prohibición de derechos sindicales y diversas medidas que son alentadas no solo por el empresariado sino desde el mismo Gobierno, transformando al Estado en uno de los principales agentes de la precarización y flexibilización laboral.

Así, los trabajadores están viendo cómo sus organizaciones sindicales se han transformado en meros apéndices del ministerio de Trabajo y del Gobierno para garantizar la pasividad de las y los trabajadores. Para esta labor, la burocracia sindical oficialista, encabezada por Juan Carlos Huarachi, al igual que antes Pedro Montes o Juan Carlos Trujillo, han pisoteado todos los mecanismos de democracia sindical y han convertido a los sindicatos en verdaderos agentes de control político al servicio del Gobierno.

Se acusa a los mineros de querer aprovecharse de los recursos naturales y de no querer compartir estas utilidades con todo el pueblo boliviano. Sin embargo, se oculta que fueron los mineros de Huanuni quienes recuperaron la empresa de la trasnacional Allied Deals, que impusieron el control obrero colectivo y así demostraron el fraude económico de la trasnacional, y que defendieron el yacimiento en 2006 frente al ataque "cooperativista" alentado por el MAS.

Se oculta que la Empresa Minera Huanuni (EMH) ha cumplido con el conjunto de sus obligaciones tributarias y que la negativa a remitir utilidades obedece al temor del vaciamiento que históricamente todos los gobiernos realizaron sobre las empresas estatales. Lejos estamos de un giro corporativo o derechista como diversos “intelectuales” del oficialismo están queriendo mostrar.

Por el contrario, las recientes movilizaciones son expresión de la experiencia acumulada que lleva a desconfiar de manera cada vez más activa de sus dirigentes y del Gobierno y expresan más bien el despertar de una oposición callejera, obrera y popular, que por la naturaleza de sus demandas toma distancia no solo del Gobierno sino también de la oposición de derecha y golpista.

Es necesario alentar el desarrollo de este proceso luchando contra las mediaciones que buscarán conducir este malestar detrás de nuevas salidas burguesas y empresariales como los Comités Cívicos que terminaron siendo sostén del golpe de estado de 2019. Hay que alentar la recuperación de nuestras organizaciones sindicales y sociales para ponerlas al servicio de la lucha por nuestras demandas postergadas.

La unidad de las filas obreras: una tarea impostergable

La toma por parte de los trabajadores de Huanuni de las oficinas de la COB, repudiada por diferentes voceros de la corrompida cúpula sindical como el fabril Mario Segundo o el mismo Huarachi de la COB, es un paso adelante en la lucha por la recuperación de nuestras organizaciones sindicales. Sin embargo, la crisis de la COB y de las organizaciones sindicales no son solo el resultado de la cooptación estatal y la corrupción de los dirigentes, sino de por lo menos tres décadas de precarización y flexibilización laboral que han llevado a que hoy la amplia mayoría de trabajadoras y trabajadores no cuenten con ningún tipo de representación sindical. Los trabajadores que aún mantienen las conquistas de la Ley General del Trabajo, son una absoluta minoría, llegando la sindicalización a solo un 12 % de toda la fuerza asalariada del país.

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De lo que se trata es de unir a todas y todos los trabajadores del país, superando las barreras corporativas y avanzando en terminar con las múltiples divisiones legales que tanto neoliberales como masistas han mantenido, como son el Estatuto del Funcionario Público, el Estatuto de Salud y la precarización extrema de este estratégico sector, y muchas otras disposiciones al servicio de la flexibilización laboral.

Debemos impulsar formas de auto-organización, desde abajo, que faciliten la unidad de trabajadores y trabajadoras efectivos y contratados, precarizados, tercerizados, etc. Para esta pelea, la recuperación de las organizaciones sindicales es un punto de apoyo pero que debe ser puesto al servicio de impulsar la auto-organización de todos los y las trabajadoras que hoy se encuentran impedidos por toda la legislación neoliberal que el MAS no solo que ha protegido cuidadosamente, sino que la viene extendiendo a más sectores.


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