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Minera Piuquenes y Justicia de Jujuy intentan desalojar a familias de comunidad indígena

Integrantes de Las Capillas, del Pueblo Ocloya en Jujuy afirmaron que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia accionó a favor de la minera y ordenó el desalojo de familias que son parte de la comunidad y habitan ancestralmente el territorio. Exigen la suspensión del mismo.

Natalia MoralesDiputada del PTS-FIT en Jujuy | @NatuchaMorales

Jueves 31 de diciembre de 2020 | 13:40

La comunidad de Las Capillas se encuentra en la zona de los valles en el departamento Manuel Belgrano donde se encuentra la capital jujeña. En ese territorio habitado desde tiempos ancestrales el pueblo Ocloya, y desde hace algunas décadas que se tiene conocimiento de la existencia de representantes de empresas mineras que se adjudican tener los títulos de propiedad parte de esos territorios.

Actualmente es la empresa minera Piuquenes S.A. quien avanza sobre las familias que desde generaciones realizan la posesión efectiva de sus territorios y viven en los mismos a pesar de no contar con los títulos comunitarios, un aspecto que se repite en la mayoría de casos donde existen conflictos territoriales y deja a la vista la deuda histórica del Estado para con los pueblos originarios.

Comunidad Las Capillas
Comunidad Las Capillas

Cuando el extractivismo es política de Estado

La minera Piuquenes S.A, lleva adelante el proceso de exploración de proyectos mineros en la provincia de San Juan como el Taguas y Yunque para el extractivismo a cielo abierto de oro y plata, cuestionado por especialistas, asambleístas, organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas por destruir territorios, usar enormes volúmenes de agua y contaminarlas, como resuena en Chubut, Catamarca o Mendoza.

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En la provincia de Jujuy crecen los pedimentos, exploraciones y proyectos extractivistas de empresas y multinacionales mineras avaladas por el Estado provincial y los gobiernos de turno a espaldas de los pueblos que habitan en esos territorios. Derechos ambientales como los EIA - Estudios de Impacto Ambiental, pero también indígenas, como el consentimiento previo, libre e informado, la Ley 26.160, el Convenio 169 de la OIT, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, son vulneradas en la mayoría de los casos para avanzar con los planes mineros que son política de Estado. Sólo para nombrar algunos ejemplos al respecto, actualmente están en funcionamiento la minería a cielo abierto en Chinchillas y el extractivismo del litio sobre humedales como el Salar Olaroz-Cauchari, los intentos de avance en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, minera El Aguilar, Huacalera, entre otros.

En el caso de Las Capillas, no se tiene conocimiento si hay avances en materia de exploración y prospección minera en esos territorios y llama la atención de que existan empresas con intereses extractivistas de minerales, aparezcan con papeles que adjudican propiedad, intentando despojar a familias indígenas que ancestralmente viven en el lugar, que tienen realizados incluso relevamientos de sus territorios a través del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas - RETECI. Es la justicia, el juez Isidoro Cruz y el fiscal Aldo Lozano quienes tienen a cargo el Expediente P-210086-MPA, y que tendrían que dar explicaciones sobre el fallo desconociendo derechos adquiridos y definiendo como usurpadores de sus propios territorios a las familias indígenas.

Nestor Jerez, cacique del pueblo Ocloya afirmó que están pidiendo la suspensión del desalojo de la comunidad indígena Las Capillas, del pueblo Ocloya, ya que hubo un fallo del Superior Tribunal de Justicia donde no respetan la Ley 26.160 y todos los derechos adquiridos de los pueblos indígenas”. Sostuvo que realizaron la apelación ante el fallo y realizaron presentaciones ante el gobernador Gerardo Morales, instituciones del Estado y a diputados de todos los bloques de la Legislatura de Jujuy para que se expidan.

Consultado sobre quienes solicitaron el desalojo de la comunidad, Jerez sostuvo que “quienes aparecen como usurpadores terratenientes es Minera Piuquenes S.A. a través de un supuesto encargado Juan José Correa, quienes amedrentan permanentemente a miembros de la comunidad, haciendo daños físicos y psicológicos y con el latente intento de despojo”. Sobre la vinculación de Minera El Aguilar y Piuquenes sostuvo que “aparentemente Minera El Aguilar habría cedido de Piuquenes. títulos de propiedad, pero sabemos que nosotros poseedores ancestrales y la comunidad está reconocida por el Estado”.

El cacique comentó que están organizados y que recientemente realizaron una asamblea abierta donde consiguieron que instituciones como el INAI, Parques Nacionales y organismos de DDHH se pronunciaran a favor. También que van a convocar a un nuevo encuentro el 23/01 en la comunidad para fortalecer la pelea contra el desalojo de las comunidades indígenas, y la aplicación efectiva de la Ley 26.160.

Apoyo desde el Frente de Izquierda

Desde el bloque del PTS/FIT venimos acompañando a las comunidades en la provincia en defensa de sus territorios y contra el accionar de multinacionales, empresas inmobiliarias y terratenientes que con el aval del Estado e instituciones como la justicia violan permanentemente los derechos indígenas para avanzar con la megaminería, el extractivismo y la venta de tierras para el negocio del turismo.

Apoyamos el reclamo de la comunidad Las Capillas y el pueblo Ocloya y exigimos al gobierno de Gerardo Morales y a la Justicia el cese inmediato del orden de desalojo respetando las leyes establecidas que amparan a los pueblos originarios actualmente y que actualmente se están violando, como también que se garanticen los ordenamientos territoriales realizados de bosques nativos, la entrega de títulos comunitarios, y la defensa de sus humedales.




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