Economía

CONDICIONES DE VIDA

Mientras caen los ingresos de la población, el Indec marcó otra suba en la canasta familiar

Según los datos del informe correspondiente al mes de mayo para no ser pobre una familia requirió $43.080, muy lejos de los $67.372 estimados por los trabajadores de ATE-Indec. Con ese número acumula un aumento del 42% en un año y la línea para no ser considerado indigente creció el 47,9%. En los barrios crece la desocupación y el hambre.

Matías Hof

@HofMatias

Miércoles 17 de junio | 23:22

En Indec publicó el informe para el mes de mayo sobre los costos del consumo para los hogares, en el cual registró un aumento del 1,1% de la canasta básica total con respecto al mes de abri. Informó que una familia de 4 integrantes necesitó $43.080 para no ser pobre. Una diferencia enorme con los $67.372 que estimaron los trabajadores de ATE Indec en su última presentación. Como consecuencia de la crisis, la cuarentena y el aumento de la desocupación la vida real en los barrios es cada día más difícil.

La canasta básica total (CBT) llegó a $43.080 según el Indec, teniendo un 42% de aumento interanual. En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA), se ubicó en $17.786 el mes pasado, con una baja del 0,1% respecto de abril y un aumento del 47,9% respecto de mayo del 2019. A través de estas canastas se determinan las líneas de indigencia (CBA) y pobreza (CBT) medidas por ingresos.

Estos resultados expresan un desaceleración en la suba de las canastas, pero en el marco de la caída de los ingresos, todo aumento implica un empeoramiento de la situación. Además, los límites de esta medición de líneas de pobreza e indigencia la vuelven un reflejo aún más distorsionado de la realidad, en este escenario de crisis sanitaria, social y económica.

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Las canastas subestiman el consumo necesario para mantener una alimentación equilibrada y de ahí la diferencia con la medición realizada por los trabajadores de ATE-INDEC. Además no toman en cuenta las condiciones de vivienda.

Según los últimos datos oficiales, del 2018, relevados por Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), había a nivel nacional más de 4.400 barrios populares, en los que habitaban más de 4 de millones de personas. Sólo en la provincia de Buenos Aires había más de 1.700 asentamientos precarios y villas. En estos barrios el 95% de las viviendas no cuenta con acceso a la red de agua potable y el 98% no tiene acceso a las cloacas.

A su vez, la pérdida de puestos de trabajo formales está creciendo a la mayor velocidad registrada desde el 2002, con un aumeno del 0,8% en marzo y un 0,6% en abril. Esto sumado a los despidos en el empleo informal y la imposibilidad de trabajar para millones de cuenta propistas, hacen a una situación crítica.

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El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, declaró este martes que: "antes de la pandemia teníamos ocho millones de personas que recibían asistencia alimentaria en el país y pasamos a once millones". Sin embargo, el Gobierno se niega a tomar nuevas medidas para asistir a los sectores de menores recursos.

Los niveles de pobreza e indigencia están creciendo día a día y probablemente estén subestimados, producto de mediciones distorsivas que no se modifican para intentar tapar la verdadera situación. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 no llega a cubrir ni el umbral de la indigencia elaborado por el Indec y están analizando dejar de entregarlo en las zonas donde no haya cuarentena ¿Cuánto tiempo más podrán aguantar las familias de trabajadores y desocupados en estas condiciones?

Es necesario tomar medidas de emergencia para garantizar una IFE de $30.000 para todos lo que la soliciten y comenzar un plan económico de conjunto que de la posibilidad de tener un empleo con todos los derechos a quienes lo requieren. Los fondos para este objetivo podrían obtenerse un impuesto a las grandes fortunas, las empresas y la banca privada, como el presentado por el Frente de Izquierda. Ante el avance de la crisis y la pandemia,impulsar un programa de conjunto que incluya estos planteos es la clave para que los empresarios no le impongan a los trabajadores pagar los costos.

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