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DERECHOS HUMANOS

México: Larga historia de impunidad y desaparición forzada

Difícil pero cierto, México tiene más desapariciones forzadas que ningún otro país

Sandra Romero

México | @tklibera

Jueves 31 de agosto de 2017 | Edición del día

Desde el punto de vista del control estatal al descontento social, la "guerra sucia" de finales de los 60s al término de la década de los 70s, representa para la historia de nuestro país, un ejercicio de represión política clandestina, dirigido metódicamente por sectores del ejército contra la oposición y la lucha social.

Con el exterminio a las principales organizaciones guerrilleras en nuestro país, cárcel, masacres y desapariciones de sindicalistas, campesinos y luchadores sociales, esta forma de represión cambió. A partir de la Reforma Política de 1977, se permite la legalidad del Partido Comunista y con ello se abre una nueva posibilidad de participación política.

La amnistía de 1978, aunque otorgada a cuenta gotas, posibilitó la defensa y supervivencia de guerrrilleros, ex guerrilleros y otros luchadores sociales, perseguidos por varios gobiernos priístas.

Los años siguientes las desapariciones disminuyeron, pero no acabaron. Y comenzó a extenderse un nuevo fenómeno: el narcotráfico, dando paso a una nueva forma de violencia social y configuración de la desaparición forzada en nuestro país. Un problema que hoy afecta a distintos sectores sociales, sin distinción de sus ideas políticas, pero en particular a trabajadores, mujeres, jóvenes y migrantes.

En este contexto, continua la represión y el amedrentamiento contra activistas sociales, militantes políticos y periodistas, algunos asesinados por el narco, en un intento por silenciar su causa.

El mes de julio, trece organizaciones internacionales colocaron a nuestro país como el de mayor impunidad en materia de desaparición forzada, conclusión derivada de la intervención y observación en el caso de Ayotzinapa, de la reunión con familiares de las víctimas, con organizaciones defensoras de derechos humanos y por la experiencia al diálogo con funcionarios del gobierno mexicano, ante las recomendaciones emitidas.

Oficialmente la Secretaría de Gobernación reconoce la existencia de casi 31 mil desapariciones, hasta el mes de marzo, que en cifras del gobierno figuran también como "extravíos" o "ausencias". El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, señala que de éstas, más de 6 mil son niños y adolescentes. Sin embargo, la realidad no oficial es evidentemente mayor.

Organizaciones internacionales de Derechos Humanos recomendaron al gobierno mexicano 150 medidas para frenar las desapariciones e iniciar un camino hacia la búsqueda de las personas, la sanción de los responsables, la vinculación entre familiares y con las instituciones de justicia y la coordinación entre los estados del país para abordar cada caso. Estas medidas podrían agruparse en la frase: "verdad, justicia y reparación del daño", misma que abre un debate sobre el tema de la justicia y nos remonta a la historia de este problema en México.
 

De la "Guerra sucia" a la alternancia, se mantiene la impunidad

Las últimas décadas, funcionarios a diferentes niveles de gobierno han figurado con un grado de responsabilidad en las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios y torturas. Como los policías de migración en la masacre a migrantes en San Fernando, donde 7 años después no hay sentenciados. Como las ejecuciones militares en Tlatlaya o la participación de estatales, militares y federales en Ayotzinapa. Por mencionar unos casos.

Al menos durante los últimos 60 años, todos los gobiernos en turno, del PRI y del PAN y del PRD, tienen responsabilidad política en la desaparición forzada.
 
En el gobierno de Díaz Ordaz fue un misterio el número de desaparecidos, luego de éste, la historia del Comité Eureka en México, organización de madres en busca de sus hijos, surgida durante la "guerra sucia", testifica el cinismo de cada presidencia al respecto.

Rosario Ibarra de Piedra, fundadora de este Comité, enfrentó a varios presidentes en algunos de sus actos públicos. El genocida impune, Luis Echeverría, señalado como colaborador de la CIA, bajo un indolente paternalismo hasta le preguntaba si la trataban bien. López Portillo intentó navegar en la crisis de violaciones a los derechos humanos que hereda de sus antecesores, al mismo tiempo que siguió con las desapariciones; en 1978 se aprueba la Ley de Amnistía que daría libertad a mil 500 presos políticos, cesaría dos mil órdenes de captura y permitió la liberación de 148 personas retenidas en el Campo Militar No. 1, en la Base Naval de Icacos y otras cárceles clandestinas. Estos sobrevivientes serían los únicos testigos de la detención ilegal de personas, incluidas mujeres embarazadas en campos militares. Pero mientras esto ocurría, la "Brigada blanca" dejaba su huella de terror en el país, desapareciendo familias completas, en persecución de algún militante señalado como guerrillero, personas que terminarían ejecutadas por el ejército y la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Con De la Madrid desaparecen y se complican expedientes de presos políticos, se perpetúa la impunidad de policías y funcionarios involucrados en la criminalización de luchadores sociales, mientras el Comité Eureka logra sacar 370 presos políticos y rescatar a 38 personas, que estaban en calidad de desaparecidas bajo su sexenio.

Luego de 38 años de crímenes y espionaje político, en 1985 la DFS desapareció, entre un escándalo por corrupción. De entonces a la fecha, nombres o historias de algunos de sus ex agentes y sus funcionarios o sus hijos, han aparecido diluidos en notas rojas, como parte de grupos del crimen organizado, precursores del negocio del narcotráfico moderno en nuestro país.

Con Carlos Salinas, se institucionaliza la doble moral, con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no sirvió para nada, mientras el PRD registra 300 asesinatos y 900 desapariciones políticas entre su base. Esto se consolida en el 2000, bajo la nueva alternancia con Vicente Fox, que crea la Fiscalía especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que inició investigaciones dos años después, para no llegar a nada y la justicia que recibió su investigación, concluyó la prescripción del delito de genocidio para Echeverría.

Un nuevo criminal, Felipe Calderón afianza su poder con 30 mil desaparecidos bajo su "guerra contra el narco" y ahora, Peña Nieto vuelve a las mismas prácticas de "guerra" de baja intensidad, típicas de un gobierno priísta tradicional, encubiertas tras la llamada violencia del "crimen organizado". 

¿Cómo llegará la justicia?

Bajo esta justicia para ricos no cesará la desaparición forzada en México, el cierre de filas del aparato del régimen sobre Ayotzinapa lo confirma. Décadas de impunidad y actos teatrales como fiscalías para la atención al feminicidio lo ratifican.

Hablar de "no olvidar y no perdonar" pasa por recordar a las víctimas, buscarlas, atender las necesidades de sus familias ante la ausencia, buscar a los responsables y llevarlos a juicio. Pero también implica recordar la responsabilidad del régimen y sus instituciones, garantes de los mecanismos de impunidad. Estos son los límites de una ley general de víctimas que incluya a las familias, como la que plantean organizaciones en lucha por los derechos humanos. Pues las causas profundas de la desaparición forzada en México no se detendrán sin la construcción de un enorme movimiento de familiares de los desaparecidos, con organizaciones de derechos humanos, sindicales, comunitarias, indígenas, de maestros, de estudiantes, de mujeres. Históricamente han sido las propias familias las que han logrado más que las autoridades, con sus propias búsquedas e investigaciones, incluso dejando la vida en ello.

Por eso es necesario construir comisiones independientes que avalen un camino que en realidad ya existe, donde sabemos que sí existirá voluntad para hacer justicia y cuyos resultados los abrace un movimiento democrático nacional, masivo y en las calles, que luche por el cumplimiento de sus resultados, al mismo tiempo que por el regreso de los militares a los cuarteles, con la fuerza de detener las principales decisiones de ejecuciones, fosas, campos de exterminio y desaparición forzada.







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