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TRIBUNA ABIERTA

México: El caso de la Constituyente se abre paso

Este artículo de opinión fue publicado originalmente en Correspondencia de Prensa el 24 del 11 del 2014. Manuel Aguilar Mora es historiador y profesor de la UACM, y militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS) de México. Autor, entre otros de «El bonapartismo mexicano» y «El escándalo del Estado».

Jueves 27 de noviembre de 2014 | Edición del día

Las iracundas, masivas y cada vez más extendidas manifestaciones que se movilizan en todo el país con la consigna acuñada por Rosario Ibarra en los años 70’s y que hoy une a millones de mexicanos y mexicanas de ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! a la que se agregan de inmediato otras como ¡Fuera Peña!, ¡Ayotzi aguanta, México se levanta! exigiendo al gobierno la presentación de los 43 normalistas rurales desaparecidos en Iguala la noche del 26-27 de septiembre, llegaron el 20 de noviembre a un momento culminante: cientos de miles salieron a las calles en 50 ciudades de México y fueron acompañados en numerosos países del mundo en la Jornada Mundial de Solidaridad con Ayotzinapa.

La Jornada Mundial de Solidaridad con Ayotzinapa

Sólo en la ciudad de México la manifestación que reunió a las tres caravanas encabezadas por los familiares que recorrieron durante una semana el sur, el norte y el oriente del país alcanzó una cifra de varios centenares de miles de personas, tres o más veces superior a las manifestaciones de las semanas anteriores. Algunos de los principales medios hicieron públicas estimaciones ridículas de sus participantes como el diario El Universal que reportó 30 mil, cuando la cifra real fue en realidad más de diez veces mayor; sólo del sindicato nacional de telefonistas y el de los universitarios del STUNAM marcharon tantos como señala este diario para toda la manifestación. Fueron varias corrientes de manifestantes que desembocaron en un torrente humano que no cesó de abarrotar el Zócalo a partir de las 16.00 hrs. hasta muy pasadas las 21.00 hrs.: profesores, estudiantes de todos los niveles educativos, padres y madres de familia, médicos, enfermeras, sacerdotes, trabajadores de todo tipo, telefonistas, ex braceros, organizaciones civiles de derechos humanos y jóvenes y más jóvenes empleados o desempleados que se expresaban en una explosión de carteles y gritos de consignas de una inventiva infinita. Una marcha auténtica y radicalmente independiente por completo del establishment político oficial.

Y en los estados de la República también hubo movilizaciones. En Monterrey el centro financiero e industrial más importante del país después del Distrito Federal, los medios que siempre minimizan estas cifras reportaron más de 10 mil personas participantes en la manifestación. En Puebla, en Guadalajara, en Veracruz importantes contingentes se movilizaron. El norte fronterizo comienza también a movilizarse en ciudades de Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila ya fuera en contingentes independientes o mezclándose con los desfiles oficiales tradicionales conmemorativos del inicio de la Revolución de 1910.

La solidaridad internacional no fue menos impactante demostrando el alcance de la conmoción de la opinión mundial ante las atrocidades de Iguala: en 60 ciudades de 33 países se gritó y se exigió ¡Justicia! para Ayotzinapa. En La Paz, Bolivia más de 2 mil personas, la mayoría estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, realizaron la manifestación más numerosa de todas las habidas en el exterior. En Buenos Aires hubo un plantón de varias horas frente a la embajada de México y en el Obelisco universitarios formaron con pupitres el número 43. El Senado de Paraguay emitió una declaración en solidaridad con los padres de los estudiantes desaparecidos, declaración promovida por el ex presidente Fernando Lugo. Mítines y manifestaciones se registraron en Puerto Rico, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en la República Dominicana, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Brasil y en Cuba. En Estados Unidos afuera de la Casas Blanca más de cien personas realizaron un plantón. Igualmente plantones parecidos frente a los consulados mexicanos se dieron en Nueva York y en Houston. En Los Ángeles más de 100 personas se movilizaron de la plaza Olvera centro del barrio mexicano al consulado de México. También se registraron protestas en El Paso, Dallas, Austin, Salt Lake City, Boston, Berkeley, Chicago, Miami y Atlanta. Igualmente en Canadá la solidaridad se expresó en actos en las ciudades de Toronto, Quebec y Vancouver. En Europa se reportaron actos en España, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza, Austria, Suecia, República Checa, Irlanda, Finlandia e Islandia. Y en Asia se unieron grupos solidarios que hicieron de la Jornada Mundial un verdadero triunfo de la solidaridad internacionalista en Hong Kong, Tailandia, Nueva Delhi, Nueva Zelandia, Australia y Birmania.

Un país en vilo

La situación revela un cambio drástico del panorama político del país abriendo posibilidades a la lucha democrática y revolucionaria que sólo hace semanas eran inconcebibles. El cambio radical de la mentalidad de millones de ciudadanos, de trabajadores, de jóvenes y mujeres los ha llevado a manifestarse públicamente de forma inaudita. Al gobierno de Peña Nieto, por tanto, se le ha presentado una situación muy difícil, agravada por el hecho de su lenta y torpe respuesta lo cual está echando abajo todos los acervos que según los medios burgueses nacionales e internacionales había conseguido al principio de su gobierno con la aprobación de las “reformas de estructura” de tercera generación votadas ampliamente en el Congreso de la Unión el año pasado gracias a la conformación del Pacto por México integrado por los tres partidos dominantes el PRI, el PAN y el PRD.

Ya se comienzan a dar expresiones de preocupación en sectores burgueses influyentes lo que muestra con elocuencia el cambio registrado a lo largo del país. Las opiniones editoriales no escatiman la expresión de un gran escepticismo e incluso las críticas abiertas y directas al curso de Peña Nieto. Por ejemplo un diario tan conservador como El Universal en su editorial de un día después del 20 de noviembre no dejaba dudas al respecto cuando decía: ”el florecimiento de protestas de tantas personas en tantos lugares no puede obedecer sólo a la indignación frente a un solo acto, por terrible que este sea. Es, más bien, y justamente por la crueldad que lo sucedido en Iguala entraña, la ‘gota que derramó el vaso’ de la tolerancia ante la inseguridad en México”. El eufemismo de la palabra “inseguridad” es la manera en que el editorialista burgués se refiere al clamor de justicia social que los oídos sordos de Peña no oyen ni dan respuesta, al contrario.

También los órganos insignia del imperialismo a escala internacional como el New York Times, The Economist, El País o el The Wall Street Journal, tan elogiosos y favorables a Peña Nieto hace sólo dos meses, hoy no escatiman sus críticas y preocupaciones por la actitud adoptada por el presidente y su gabinete.
La lentitud del involucramiento de la Procuraduría federal en el caso, la torpeza de las investigaciones coordinadas por su jefe Jesús Murillo Karam cuyos resultados, por completo increíbles, fueron expuestos en una conferencia de prensa memorable en la que declaró que “se sentía muy cansado”, la impresionante insensibilidad política demostrada por el propio Peña Nieto al no suspender su viaje a China en momentos de plena efervescencia y furia sociales, la publicación del reportaje de la nueva “casa blanca” supuestamente “propiedad” de la esposa del presidente, la actriz de televisión Angélica Rivera, valuada en más de ocho millones de dólares (casas como esa valen 50 o más millones de dólares en Los Ángeles o Nueva York) que perfila un clásico caso de tráfico de influencias y que ante el escandalazo que produjo su conocimiento público inmediatamente la pareja anunció su devolución a la firma constructora directamente involucrada en obras públicas del gobierno, la pasividad de los principales funcionarios políticos empezando por el secretario de Gobernación cuya ausencia durante la crisis ha sido patética, el desfondamiento estrepitoso del PRD, uno de los pilares (el de “izquierda”) del “sistema de partidos” del régimen, todo este conjunto de hechos producidos en menos de dos meses son la causa de la masacre de Iguala que tienen al país en tensión y al presidente en una situación de práctica parálisis política.

Las sombras de Tlatelolco y Atenco

El mismo día de la Jornada Mundial, en la mañana el acto oficial del 20 de noviembre del inicio de la Revolución mexicana, un desfile militar que desde hace más de ochenta años se realizaba ritualmente en el Zócalo, debió ser cancelado y realizado en el campo del club militar Marte. En él, Peña flanqueado por el general en jefe del Ejército y el almirante cabeza de la Marina, condecoró al primero y externó encendidos elogios a ambas instituciones armadas. Acto de un simbolismo instantáneo: se acabó la conmemoración de una revolución de hace 100 años y se aceitan los instrumentos represores principales pues hay otra que se atisba, que ya asoma en la puerta.

El acto reflejo del presidente de la restauración priista, como antes lo hicieron sus antecesores Díaz Ordaz, Echeverría, Salinas de Gortari y Zedillo es apoyarse en el ejército, reconociéndolo como su garante más firme y fiel. Reflejo natural, mecánico de una vocación autoritaria es éste de Peña Nieto y de sus secretarios de gabinete: anunciar más represión, la cual por cierto precisamente se ejerció horas después ese mismo día al final de la manifestación multitudinaria en nombre de lo que Peña llamó “el atributo legal del uso de la fuerza pública” cuando “se altere violentamente el orden” o se amenace el sobadísimo “estado de derecho”.

Ya terminado los actos en el Zócalo los clásicos provocadores embozados que desde el inicio del gobierno de Peña han reventado las manifestaciones de la oposición independiente y revolucionaria, urdieron un enfrentamiento para que la policía interviniera brutalmente y detuviera a una veintena de manifestantes, estudiantes en su mayoría, de los cuales dos días después once de ellos y ellas han sido encarcelados en prisiones de alta seguridad a las que las autoridades envían a los capos de los cárteles. La descarada arbitrariedad manifiesta de estas detenciones ha potenciado la indignación y la ferocidad de las sentencias instantáneas que recibieron los detenidos es una señal inconfundible del objetivo que persigue el gobierno de aterrorizar a la población por su rebeldía. Estos presos políticos, uno de ellos un estudiante chileno llamado Laurence Maxwell, ya son el origen de una campaña nacional e internacional en favor de su libertad que se agregará al desprestigio ídem del gobierno peñista.

Esta línea de Peña Nieto convoca de inmediato los espectros de las represiones priistas desde Tlatelolco en 1968 hasta Atenco en 2006, esta última efectuada en el estado de México cuando Peña era su gobernador. Hechos grabados en la memoria colectiva de una política represiva en la que la complicidad de Washington con el gobierno mexicano es cada vez más evidente. Precisamente en estos días el The Wall Street Journal ha informado que en la Marina agentes estadounidenses participan cada vez más en sus operativos utilizando sus armas y uniformes. El asesoramiento de estadounidenses en los servicios de inteligencia y policiacos, con la justificación de la persecución de los traficantes de droga a Estados Unidos, es un hecho sabido desde hace años.
Asamblea o Congreso Constituyente

Pero la sociedad mexicana, ante todo por la fuerza de los millones de jóvenes ya sean estudiantes de las instituciones educativas o rechazados por ellas, así como de los sectores de trabajadores precarios o de plano desempleados funcionales, que están politizándose rápidamente como su presencia en las grandes manifestaciones de estos dos meses lo comprueba, es el factor social que hace la diferencia con aquellos años. Hoy un nuevo Tlatelolco o algo parecido incendiaría al país.

La cuestión que se plantea ya cada vez con más fuerza y en cada vez más amplios sectores de la población es por supuesto ¿qué sigue? La salida autoritaria esbozada por Peña e iniciada torpemente el mismo 20 de noviembre provocando a la gigantesca manifestación de ese día, no está descartada por supuesto pero sería en absoluto contraproducente a corto plazo para los intereses de importantes grupos burgueses.

La posición tomada por Cuauhtémoc Cárdenas, máximo representante del progresismo nacionalista, es al respecto sintomática. Encabezando días después del 20 de noviembre una reunión con un centenar de miembros del PRD, entre los cuales había muchos fundadores del mismo, razonó, pero todavía no decidió, su renuncia al partido y propuso que se iniciara una discusión sobre la necesidad de convocar a un Congreso Constituyente.

Según él sería un proyecto político para oxigenar la política del país, pero que no atentaría contra las instituciones prevalecientes. O sea propone la puesta en marcha de un oxímoron político, sin ningún filo radical, un mero instrumento disuasivo para impedir un desbordamiento revolucionario. Convocar a una Asamblea Constituyente sin tocar “las instituciones” es una farsa. Sólo considerar que la elección de la Asamblea fuera encargada al Instituto Nacional Electoral (una versión corregida y aumentada del ex IFE, el instituto del fraude electoral) es algo digno de risa. Sólo con un sistema electoral radicalmente diferente al actual que derrumbe todos los obstáculos de la participación ciudadana libre e independiente será posible la elección de una Asamblea Constituyente. ¿Una Asamblea Constituyente al lado del actual Congreso de la Unión, feudo de políticos corruptos, cínicos y muchos de ellos vinculados con el mundo del narcotráfico? Simplemente sería una nueva burla a los sectores del pueblo mexicano de quienes los ilusionaron hace 25 años con la fundación del PRD como el partido de “la esperanza democrática de México”.

Entre los medios democráticos y revolucionarios esta cuestión de la convocatoria de una Asamblea o Congreso Constituyente se viene discutiendo desde por lo menos el 2006, con motivo del colosal fraude electoral de ese año. Ha habido numerosas reuniones desde entonces en que se ha tratado de precisar los pros y contras de esta demanda. Hoy es imposible eludir esta discusión por el grado de tensión política existente y por la posibilidad que se presenta por primera vez en el país, de una renuncia del presidente.

El pueblo de México anhela la democratización del país que durante la mayor parte del siglo XX fue obstaculizada por el sistema político de partido único de facto. El priato fue sustituido en el 2000 por el proyecto concebido en la cúspide del poder por los grupos políticos y económicos dominantes incluidos los de Estados Unidos, de una “transición democrática” que con el anzuelo del “voto útil” llevó a la presidencia al primer presidente no priista, el panista Vicente Fox. Pero esta transición mexicana resultó una caricatura de “democracia burguesa” como rápidamente se demostró en 2006 con motivo del gigantesco fraude electoral que impidió a López Obrador llegar a la presidencia. En realidad, el sistema político tradicional siguió vigente en el 2000 y en el 2006, sólo pintado de azul. Y en el 2012, con la restauración priista comprada con un auténtico despilfarro de cientos de millones de pesos tanto lícitos (los del IFE) como “ilícitos”, el régimen se volvió a vestir con el tricolor. Esta farsa de democracia burguesa incluso impidió que el PRD pudiera acceder a la presidencia.

La democracia en México sólo podrá venir como producto del triunfo de un movimiento radical de los trabajadores y sus aliados pobres de la ciudad y el campo. Son ellos los únicos que pueden romper el tradicional sistema autoritario antidemocrático de gobierno en México. Sólo un gobierno de estas fuerzas proletarias, campesinas e indígenas podrá romper la dependencia socioeconómica con respecto al poderío político de Washington y financiero de Nueva York, uno de los obstáculos más formidables para la democratización del país, anular todas las (contra)reformas de Peña Nieto en los renglones energéticos, educativos, de la salud y laborales, eliminar el secreto bancario, nacionalizar bajo el control de sus trabajadores las principales empresas industriales y comerciales, liquidar la corrupción en el sistema judicial, desmantelar los cuerpos policiacos y militares represivos, jaquear definitivamente al poder de los narcos e instituir una política exterior de solidaridad internacionalista con todos los pueblos del mundo.

Entre los miles de manifestantes ya se perciben notorios los destacamentos sindicales, ya entre el océano de los rostros de la juventud se distinguen cada vez más numerosos los rostros austeros y arrugados de trabajadores. Los cambios acelerados que se están dando los están impactando también a ellos: cómo reaccionarán, cuándo se movilizarán masivamente son preguntas que se responderán muy pronto pues hay muchos agravios que gritan su rescate. Problemas de organización, de estrategia y programáticos se plantean abruptamente para los grupos políticos democráticos y revolucionarios que se mueven en el seno de los trabajadores. Muchas tareas deberán ser cumplidas, mucha imaginación e inventiva serán necesarias en adelante. Paros, huelgas nacionales, se darán acciones inéditas históricamente en el movimiento de los trabajadores que señalarán el surgimiento de su protagonismo fundamental que las castas burocráticas charras han aherrojado con el apoyo represivo del gobierno en 1959 con el aplastamiento brutal de la huelga ferrocarrilera y en los años 70’s y 80’s con el asedio policiaco y los despidos masivos. La incorporación de los destacamentos masivos de los trabajadores es la empresa crucial, vital para garantizar la victoria del movimiento revolucionario que comienza a gestarse.

Es dentro de esta estrategia de cambio revolucionario, de la instauración de un gobierno de los trabajadores, los campesinos y los indígenas como se puede y debe plantearse la convocatoria de una Asamblea Constituyente, como una de las instancias que promuevan ese surgimiento. Como una expresión más de la lucha contra el autoritarismo priista adobado con el narcomilitarismo que amenaza ominosamente todas las potencialidades libertarias y emancipadoras del pueblo mexicano.

En Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán y en otros lugares de la República las propias masas explotadas, en los municipios más pobres y marginados de la nación ya comenzaron a alzar la voz y a organizarse autónoma e independientemente en las policías comunitarias, en ciertos grupos de autodefensa y son puntales de las jornadas de solidaridad con Ayotzinapa. Los familiares de los 43 y sus cercanos aliados constituyen también ya un centro que convoca a la autorganización de miles de trabajadores. A corto plazo es evidente que se impondrá la convocatoria de una asamblea nacional de lucha contra la política represiva de Peña.

El 26 de noviembre se cumplen dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Dos meses en los cuales el transcurrir del tiempo normal cotidiano de 115 millones de habitantes de México se vio abruptamente resquebrajado con el encaje de lo intempestivo e inaudito de un choque en su conciencia colectiva ante la aciaga presencia de la barbarie, que ya estaba allí desde hace mucho tiempo pero que los atroces crímenes cometidos en la selva entre Iguala y Cocula en la noche del 26 y 27 de septiembre mostraron con toda su monstruosidad. La indignación y acciones que han seguido a continuación deben y pueden lograr que ello nunca más vuelva a repetirse.
* Miembro de la Liga de Unidad Socialista (LUS).







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