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Red Internacional

La bronca y el odio se multiplican, los positivos no bajan de los 700, las terapias UTI a más del 90%, ni un cuarto de los y las docentes vacunadas, todos los días se despide a distintos trabajadores y trabajadoras de la educación. Muertes evitables, el Gobierno es responsable

Martes 27 de abril | 13:41

La situación epidemiológica que estamos atravesando expone la vida de trabajadores, trabajadoras y estudiantes. Empezando porque el transporte público está lleno de pasajeros y pasajeras. Tampoco las escuelas están en condiciones para llevar a cabo protocolos suficientes para dar batalla al Covid- 19, por ejemplo las y los celadores son quienes se encargan de la sanitización y todavía ninguno ha sido vacunado.

El Gobierno festeja la presencialidad sin embargo la virtualidad se está dando de hecho, cientos de escuelas en la provincia tienen alguna burbuja, profes, estudiantes, celadoras aisladas por covid positivo o contacto estrecho. Lo cierto es que mientras el Gobierno festeja la comunidad educativa despide a los suyos.

  • Fabian Zuñiga: celador de la escuela Alberto Juarie
  • Miguel Gonzales: profesor de matemáticas CENS 3466
  • Ester Ortiz: docente jubilada de la escuela Provincia de Mendoza
  • Yolanda Ferrer: docente de la escuela Berta Garcia Morales
  • Veda Alvarez: docente de la escuela Casale

Estas muertes se suman a los 12 profesores, profesoras, trabajadores no docentes y estudiantes que murieron por COVID - 19, desde que volvió la presencialidad.

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El Gobierno y la DGE ataca a los trabajadores y trabajadoras de la educación, los acusa de inflar números, pero la realidad se impone. Estas fatídicas noticias dejan en evidencia la necesidad de pasar temporalmente las clases a la virtualidad y que esa medida vaya acompañada con dispositivos y conectividad para todos los trabajadores, trabajadoras y estudiantes. A la vez que se vuelve más urgente un plan de vacunación masiva

Ante esta situación el SUTE presentó ante la Justicia un amparo colectivo para exigir la suspensión de clases. Se trata de una "acción preventiva" que busca preservar las vidas de trabajadores/as de la educación, estudiantes y de sus familias ante la decisión del Estado de no tomar medidas frente al agravamiento de la pandemia.

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