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“Megaoperativos” en Tucumán: instrumento para engordar la caja policial

El Gobierno generalizó la práctica de razzias en barrios de la periferia de la capital. La intención es reflejar una acción proactiva de la fuerza policial contra la “delincuencia”.

Juan Lobo

@CanisLupus1917

Miércoles 30 de marzo de 2016 | Edición del día

La escena indigna a la población en general, vastos controles con numerosos efectivos, patrulleros y motos para perseguir a quienes intenten darse a la fuga. “Operativos” y controles vehiculares ya se transformaron en una forma rápida y efectiva para engordar “la caja” de cada comisaría.

A esta realidad patente hace varios años, últimamente se sumó una nueva modalidad: si el conductor no cuenta con su DNI al momento del control, aunque acredite que la moto sea suya, va detenido, por averiguación de antecedentes. Es decir, invocando el nefasto régimen de contravenciones.

El pasado 24 de marzo se realizó un megaoperativo en el marco del programa “Tucumán Activa” en distintos barrios de capital, Yerba Buena, Alderetes, Tafí Viejo y Banda del Río Sali. Se involucraron 400 efectivos del 911, la Dirección de Investigación Criminal y Delitos Complejos, efectivos de las Regionales y, en apoyo con la Policía Federal y Gendarmería, en controles en los municipios mencionados y barrios como Villa 9 de Julio, Juan XXIII y barrio Sur.

El jefe policial detalló que se retuvieron 55 motocicletas, siete automóviles -todos por carecer documentación- y se labraron además, 13 actas. En tanto, el número de personas aprehendidas alcanzó a las 55, por múltiples contravenciones.

Los medios amplifican la versión policial de un “operativo exitoso” donde “se secuestraron 55 motos, siete automóviles” y la detención de 55 personas por “múltiples contravenciones”, cerrando la operación mediática de confundir saturación policial con “seguridad” (¿para quién?). Es inconcebible que la mafia policial con Paul Hofer, secretario de Seguridad, y jefes policiales a la cabeza muestren como una cruzada contra la “delincuencia” un mecanismo que les permite embolsar miles de pesos mediante coimas, amenazas y aprietes.

Organismos de DDHH y partidos políticos exigen hace años el fin del régimen de contravenciones, que data de la última dictadura cívico-militar. Incluso luego de la verdadera masacre de detenidos durante un incendio en la Brigada Norte, la Corte Suprema Provincial ordenó el cese de detenciones por contravención y la prohibición de alojar detenidos en las comisarías, que es donde siguen yendo a parar no sólo supuestos delincuentes sino cualquier desprevenido que se siente en la puerta de su casa o que circule sin su DNI.

La mafia policial, con la venia del poder político del gobierno sigue practicando terribles violaciones de derechos humanos con los detenidos (por contravenciones, procesados y no) y se pavonea en medios locales como el baluarte de la seguridad, cuando son los principales responsables de liberar zonas para el robo de automotores, manejan desarmaderos, sin mencionar la implicancia en delitos más graves como el comercio de estupefacientes y la trata de personas.

Especialmente indignante fue ver al propio Jefe de la Regional Norte, Comisario Mansilla, delante de las cámaras en uno de los controles vehiculares en Yerba Buena. Mansilla es responsable de la horrible muerte de Ariano Biza y Emanuel Gallardo en un incendio en el destacamento policial a su cargo. Él y sus subordinados -empezando por el Comisario Cuellar- lejos de ser apartados de la fuerza, siguen actuando con total impunidad en lo mejor que saben hacer: cometer aberrantes violaciones a los derechos humanos (torturas) de detenidos y, en el mejor de los casos, esquilmar los bolsillos de la población trabajadora.







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