Política

ACUERDO CON CHINA

Megagranjas porcinas: todas las respuestas de Cancillería a Bregman y Del Caño

La cartera de Felipe Solá declaró que el memorando “no requiere la realización de audiencias públicas”, pese al potencial pandémico. Las negociaciones datan de marzo, en plena cuarentena.

Valeria Foglia

@valeriafgl | Editora de Ecología y ambiente

Miércoles 19 de agosto | 16:30

La verdad se asoma entre tantos tecnicismos y respuestas formales a la presentación de los diputados Nicolás del Caño y Myriam Bregman (PTS-FIT) ante la Agencia de Acceso a la Información Pública sobre el acuerdo con China para instalar megafactorías con el fin exclusivo de abastecer de carne porcina al país asiático. Una de las principales conclusiones del texto firmado por Martín Granovsky, asesor de Cancillería, es que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que conduce Juan Cabandié no tuvo, no tiene y no tendrá participación en las tratativas del memorándum de entendimiento entre China y Argentina.

No es un dato menor: la cartera está directamente relacionada con algunas de las principales objeciones a este acuerdo, que han generado un repudio que se expresó masivamente en redes sociales y también en convocatorias callejeras. Potencial pandémico, maltrato animal, contaminación, estrés hídrico e incremento de monocultivos son algunas de las consecuencias esperables de estos megaemprendimientos en el país.

No es prejuicio ni futurología: la propia China es ejemplo de cómo esta actividad a gran escala representa un perjuicio para la salud pública a causa del brote de gripe porcina africana que obligó a sacrificar millones de cerdos con los métodos más crueles.

Las evaluaciones de impacto ambiental y consultas populares son obligatorias para toda actividad que pueda tener un impacto negativo sobre el entorno. Están habilitadas por la Ley General de Ambiente y deben ser implementadas y controladas por el Consejo Federal de Medio Ambiente que depende del Ministerio a nivel nacional. Nada de esto parece haber importado.

Con fecha del 18 de agosto, el Ministerio que comanda Solá contestó todas las preguntas formuladas por los referentes del FIT Unidad tras la publicación el 6 de julio de un comunicado oficial en la web de Cancillería. Según indica, las negociaciones datan de marzo (pleno impacto de la pandemia y disposición del aislamiento social), pero "desde el mes de enero es de público conocimiento que existía un acuerdo entre los sectores privados de ambos países". Como "prueba" de ello, el funcionario de Cancillería pegó links a notas de Clarín, BAE Negocios y El Economista. Es la segunda respuesta y no parece muy seria.

Los datos

Quiénes
El plan que apura el Gobierno consiste en un “memorándum de entendimiento o acuerdo interinstitucional para cooperar entre la Cancillería argentina y el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de la República Popular China. El memorando comprende cooperación en las siguientes áreas: intercambio de investigaciones científicas y tecnología agropecuaria en el sector porcícola; sanidad animal en el sector porcícola; inversión y comercio en el sector porcícola”, detallan.

Los organismos estatales abocados a la tarea son “el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Desarrollo Productivo” (Solá, Basterra y Kulfas), que “constituyeron un equipo técnico para establecer a partir del diálogo con empresas y cámaras del sector el esquema de progreso de la producción, su impacto económico y social”. Ni Ambiente ni mecanismos de consulta pública fueron puestos sobre la mesa en las negociaciones.

Dónde
“El proyecto apunta a generar capacidad para producir 900 000 toneladas en cuatro años”, indica el texto. Implica, de acuerdo al Gobierno, la suma “de 300 000 madres: 60 000 el primer año y 80 000 los tres restantes”. Actualmente el centro del país, específicamente la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, concentra “casi el 70 % del stock porcino” y el 90 % de la producción industrial.

A la pregunta de qué regiones del país estarían implicadas en estos megaproyectos, se asegura que “es intención del Estado nacional que la producción se distribuya en nuestro vasto territorio buscando agregar valor a la producción agrícola, disminuir el costo del flete a puerto y generar empleo en provincias más postergadas del país, que son las de mayor potencial relativo y lo necesitan con urgencia”. Días atrás Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, había declarado la intención expresa de instalar factorías porcinas en el norte argentino (y eventualmente la Patagonia).

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Cómo
Del escrito se destaca que los estudios de impacto ambiental serán considerados a posteriori y siempre y cuando los exija la ley. No son la prioridad en la apuesta estratégica por reconvertir el negocio agroexportador de granos a carne porcina. Aunque se destaque que “la habilitación de las unidades integradas productivas” se realizará con “tecnología de avanzada en medidas de bioseguridad, medioambientales y de bienestar animal” y conforme a “la normativa ambiental y sanitaria exigida a nivel mundial”, no aclara cuál es, omite hablar de la negativa a incorporar a la cartera ambiental (con la enumeración de los otros Ministerios implicados) e instancias de participación pública antes de firmar el memorando.

En diálogo con La Izquierda Diario, al respecto Myriam Bregman precisó que "cuestionamos la no previsión de las consecuencias que puede tener esto y el megaemprendimiento".

Abastecer al ganado porcino no requerirá, según el Gobierno, incremento en el monocultivo de maíz y soja transgénica (esta última introducida en 1996 por el canciller Solá), sino “3,5 millones de toneladas de granos (maíz y soja)”, que representan aproximadamente el 9 % del volumen exportado de maíz en 2019 y aproximadamente el 4 % de la producción. “Otros países compran estos productos para utilizarlos como alimentos de animales en su industria porcina. Ellos agregan el valor y luego exportan la proteína por un precio superior. La Argentina puede y debe agregar este valor en su territorio, para transformar su maíz en carne y generar así las divisas que tanto necesita”, afirma Cancillería.

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Del espíritu de sus afirmaciones se refleja que la prioridad es garantizar negocios al sector privado y el pago de la deuda fraudulenta e ilegítima. Los pueblos afectados solo verían la contaminación y las consecuencias sanitarias. “Implicaría dejar de exportar cerca de 2,5 millones de granos (maíz y soja) por un valor cercano a los U$S 400 millones para exportar 900 000 toneladas de carne de cerdo por cerca de U$S 2.500 millones”, detalla.

El texto remitido por el Ministerio que conduce Solá indica expresamente que “el memorando de cooperación no conllevaría la asunción de obligaciones por parte del sector público (Estado nacional, provincial o municipal) ni del sector privado. En virtud de ello, no requiere la realización de audiencias públicas previo a su firma”. De esta manera, el marco general avanza sin considerar todas las aristas en cuestión: aspectos sanitarios y ambientales quedan fuera y recién serían considerados “oportunamente” a partir de “la firma de acuerdos específicos en virtud de que la legislación así lo indique”.

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Actualmente en Argentina la producción de carne porcina es de casi 700 000 toneladas, lo que representa un incremento del 250 % respecto a los valores de 2009 (288 000 toneladas). Distribuidos en la zona centro del país hay 3.855 establecimientos comerciales con un stock de 350 000 madres, y 600 000 madres en producciones de traspatio o no comerciales. Al triplicarse el “stock de madres”, la Argentina inició un proceso exportador por el que mandó en 2019 “cerca de 20 000 toneladas en los mercados internacionales”.

A fines de julio los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño se presentaron ante la Agencia de Acceso a la Información Pública para requerir información a Cancillería tras tomar conocimiento de un proyecto avanzado entre el Gobierno argentino y el Ministerio de Agricultura de China para la producción de millones de toneladas de carne porcina con destino al país asiático.

“Nos preocupa porque en un contexto de pandemia a nivel global la instalación de factorías de cerdo a gran escala conlleva el hacinamiento y la aplicación de antivirales y antibióticos en los animales, engordados rápidamente para el mercado. En concreto, significa instalar en nuestro país verdaderos focos de nuevas pandemias por la proliferación de virus y bacterias de transmisión de animales a humanos cada vez más resistentes”, habían expresado en un comunicado.

Las respuestas oficiales indican que el Gobierno del Frente de Todos está empeñado en convertir al país en una granja industrial de cerdos de norte a sur, una continuidad agudizada de su apuesta al extractivismo, que a su paso solo deja miseria, contaminación, enfermedad y dependencia.







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