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Red Internacional

Comenzó el juicio de lesa humanidad más grande de la provincia de Buenos Aires. Se juzgarán crímenes que afectaron a 334 víctimas e implican a unos 40 genocidas. El Tribunal amenaza el carácter público del juicio y resguarda a los acusados del repudio social, uno de los jueces de la causa ya fue cuestionado por su accionar pro impunidad en un femicidio del poder.

Viernes 18 de febrero | 16:27

En la mañana del jueves 17 de febrero comenzó en Bahía Blanca el juicio por crímenes de lesa humanidad denominado "Megacausa Zona 5". Se trata del juicio más grande de estas características que se haya llevado adelante en Bahía Blanca y en general en la provincia.

La zona 5 corresponde al Comando del V Cuerpo del Ejército, y comprende la región sur de la provincia de Buenos Aires y también la Patagonia. Los crímenes fueron cometidos centralmente en centros clandestinos como la Escuelita de Bahía Blanca, pero también en Neuquén y Viedma.

Desde La Izquierda Diario entrevistamos a Dante Patrignani, secretario de DDHH de la CTA Bahía Blanca y militante setentista, y le consultamos por la denominación "Megacausa". Nos explicaba que tiene que ver con la cantidad de crímenes que se juzgan, la extensión geográfica de la zona implicada y los organismos represivos implicados:

"Los organismos implicados son el V Cuerpo del Ejercito, el Batallón de Inteligencia 181, está imputado el jefe de la Unidad [Penitenciaria] 4 de Villa Floresta de esa época, hay dos policías de provincia de Bahía Blanca, un policía federal de Viedma.

Hay 38 imputados, dos que han sido declarados insanos, no pueden afrontar el juicio, y en todo este proceso, por los años que han transcurrido, han fallecido 13 de los imputados. Son 334 víctimas que han pasado por los centros de tortura, han sido detenidos, desaparecidos, asesinados. Hay más de 200 testigos."

Los organismos de derechos humanos y la querella están reclamando que se respete el carácter oral y público de los juicios: el tribunal definió que las audiencias no se lleven adelante, como se hace históricamente, en el salón de la UNS de Colón 80, sino en una sala del propio Tribunal que tiene una capacidad muy reducida, y que se proyecte en vivo en Colón 80, a varias cuadras de donde se realizará... resguardando así a los genocidas del repudio social. "No se nos ocurre otra explicación" nos indica Patrignani al respecto: "Todos los organismos de DDHH hemos hecho un reclamo público y la querella ha presentado un pedido a Casación para que se revierta esto"

También se plantea desde la justicia que el tribunal se reserva el derecho de definir no transmitir algún testimonio, en un ataque al carácter público de las causas de lesa humanidad, y al resguardo que significa para las y los testigos que sus testimonios sean públicos. "Nunca una decisión de un tribunal puede impedir que un testimonio sea público si no es por pedido expreso de un testigo. Y es importante que la sociedad conozca lo que hicieron estos tipos y que se recomponga la historia" nos decía Dante Patrignani.

Además el hecho de que Sebastián Foglia sea uno de los jueces a cargo de la causa es una muestra de la apuesta por la impunidad del aparato judicial. Fue cuestionada su designación como juez el año pasado por la Comisión Provincial por la memoria y referentes de derechos humanos como Nora Cortiñas, porque como fiscal jugó un rol determinante en la impunidad en el femicidio de Katherine Moscoso, donde estaban implicados personajes ligados al poder político de Monte Hermoso.

La justicia da muchas muestras de que, sin organización y lucha, no estaremos más cerca de la memoria, la verdad y la justicia. Mientras tanto, en Argentina se profundiza el sometimiento al imperialismo a través de un nuevo pacto de coloniaje del Gobierno con el FMI (luego del endeudamiento récord durante el gobierno anterior), justamente algo central contra lo que peleaban las y los 30.000, como nunca se cansa de señalar Norita Cortiñas. Es hora de retomar esa pelea, es un necesario homenaje.

Y se actualiza una vez más la urgencia de un reclamo histórico en relación al terror de Estado: la inmediata apertura de todos los archivos secretos de la represión antes y durante el golpe genocida para que se conozca de una vez qué pasó con los 30.000, dónde están las hijas e hijos expropiados, y se pueda finalmente condenar a los responsables antes de que siga alcanzándolos la impunidad biológica.


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