CÓRDOBA / TERRORISMO DE ESTADO

Megacausa La Perla, una sentencia que se hizo esperar

Este 25 de agosto, el Tribunal Oral Federal 1° de Córdoba dictará la sentencia del juicio histórico por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar en los centros clandestinos La Perla y Campo la Ribera.

Lunes 15 de agosto de 2016 | 15:53

Desde el 4 de diciembre de 2012 se lleva a cabo el octavo y más grande juicio por los crímenes de lesa humanidad en la provincia. Con más de 340 audiencias, 581 testigos y después de 4 años, donde 10 de los 52 imputados murieron sin condena, ha llegado la hora de la sentencia.

En esta mega causa se juzgan los secuestros, torturas y asesinatos de 716 víctimas del plan sistemático de exterminio aplicado en Córdoba desde marzo de 1974. Por primera vez en Córdoba se juzgan la apropiación de bebés, los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad, la complicidad empresarial y los delitos económicos de los genocidas y sus cómplices.

Con la acumulación de 22 expedientes y casi 600 testigos, el largo proceso contó, en un primer momento, con una constante negación de los acusados de los delitos por los que son juzgados. Cuando las pruebas no les daban esa posibilidad, estos se limitaron a ceder archivos que no aportaban nada nuevo a la causa, con el objetivo de reducir su condena. Un ejemplo de esto fue la entrega de una lista de nombres por parte de Ernesto “el Nabo” Barreiro, donde estaban incluidos cuatro estudiantes desaparecidos en 1975, identificados luego por el Equipo de Antropología Forense de Argentina (EAFF).

El 3 de mayo de este año, el fiscal Trotta solicitó la pena de prisión perpetua para Luciano Benjamín Menéndez, principal acusado de la causa, considerando probado que fue autor mediato de 670 hechos de privación ilegítima de la libertad, 655 de tormentos, 331 homicidios y otros delitos de lesa humanidad. Trotta considera que Menéndez, quien cuenta ya con 18 condenas perpetuas, es además el autor mediato del robo del nieto de Sonia Torres, nacido durante el secuestro de su madre Silvina Parodi, desaparecida.

Las voces que sobreviven

El plan de “reorganización nacional” comienza mucho antes del 24 de marzo de 1976. La política represiva del gobierno de Isabel con las fuerzas armadas venía siendo la respuesta al desarrollo de una clase obrera y una juventud combativa.

Sara Waitman, testigo y querellante del juicio de la mega causa en Córdoba fue detenida un 20 de noviembre de 1976 en la terminal de ómnibus de Córdoba junto a su novio Carlos Alberto “el Nona” D’Ambra. Desde allí fueron llevados al Ex Centro Clandestino Campo de La Ribera, donde pasaron pocos días juntos: “Cuando llegamos a la Ribera vendados me tiran en un colchón en una galería y a la mañana siguiente nos sacan al patio. El Nona silbaba una canción que era la Zamba para Olvidar de Daniel Toro, que nos gustaba a los dos, entonces lo empecé a buscar por debajo de la venda y vi que era él, lo hacía para que viera donde estaba, era la zona de los calabozos. Yo sé que ese domingo estuvo ahí conmigo. El mismo día cuando nos dieron de comer, ni hambre teníamos, estuvimos casi juntos porque cuando él pide fuego escucho que un gendarme dice: “dale vos” y cuando le doy mi pucho para que prenda el suyo me acaricia la mano. El lunes me llevan a la sala de tortura, antes de que me toque entrar, el Nona había pasado cerca de la galería donde yo estaba, tose para que yo lo escuche, seguramente entró antes que yo a la sala de tortura”.

Desde aquel entonces, Sara no volvería a ver nunca más a su compañero. Fue trasladada el 25 de noviembre del mismo año a la cárcel UP1 de barrio San Martín, donde pasó dos años como presa política. Con incalculables restricciones y maltratos, que hoy les dejan secuelas físicas y psicológicas (como a todos los ex presos políticos), resistió junto a sus compañeras para salir vivas, sanas y de pie. En el año 1979 fue liberada desde la Cárcel de Devoto en Buenos Aires, donde permaneció 5 meses, sin condena, sin juicio, como si nunca la hubieran privado de su libertad.

Hoy, profesora jubilada de educación física, milita en la Agrupación de Ex Presos Políticos por la Patria Grande. Fue miembro de la Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba, la primera que se formó en el país, integrando la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos de Argentina. También formó parte del Primer encuentro Latinoamericano de Ex Presos Políticos en la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), donde pusieron en pie la lucha una ley de reconocimiento y reparación histórica por los daños causados por el terrorismo de estado en toda Latinoamérica, la importancia de los juicios por delitos de lesa humanidad y la lucha de un proyecto latinoamericano de justicia social.

En el juicio, Sara ha podido ser testigo de la desaparición del “Nona” D’Ambra por haber sido secuestrados juntos y querellante gracias al reconocimiento de compañeros y compañeras de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticos de Córdoba y de H.I.J.O.S., que le brindaron la posibilidad de serlo.

La complicidad de la Justicia

Frente a la sentencia de uno de los juicios más importantes de lesa humanidad en Córdoba y en el país, la lucha de los familiares y víctimas del terrorismo de estado lleva impreso el reclamo de juzgar la complicidad tanto civil, judicial como eclesiástica del último golpe de estado en Argentina. Y por consiguiente, de una parte importante del poder judicial que hoy sigue siendo cómplice de los genocidas, dando prisión domiciliaria a los acusados o alargando un juicio durante años mientras los imputados mueren sin ser juzgados. “Para nosotros es muy doloroso, porque la justicia debe ser pareja para todos” sostiene Sara.

Hoy, mientras 716 son las víctimas de este juicio sólo se han encontrado los restos de muy pocos desaparecidos. Por eso es esencial la reapertura de los archivos de la dictadura, para poder juzgar a los imputados por todos los crímenes cometidos, en los cuales están implicados no solo militares sino jueces y empresarios. Desde los comienzos de los juicios que condenan a los autores de la última dictadura militar no han sido abiertos los archivos de la misma, ni siquiera con un gobierno que decía levantar la bandera de los derechos humanos mientras tenía como jefe del ejército a Milani.

La vuelta a la Teoría de los dos demonios

La presencia de familiares de los genocidas en el acto en La Rural, o las últimas declaraciones del presidente en la entrevista de BuzzFeed, donde no puede decir el número de las víctimas que se llevó el terrorismo de estado “a lo Lopérfido”, enmarcan la política de derechos humanos que planea llevar a cabo este gobierno de CEOs, cómplices y partícipes de la última dictadura militar.

Es en este contexto que el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Bernardo Avruj, intenta persuadir a las víctimas para que cesen los juicios por delitos de lesa humanidad y justifica la definición del terrorismo de estado como ‘guerra sucia’, tal como lo ha hecho en numerosas oportunidades el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez; autor mediato de esta mega causa. Los organismos de derechos humanos y todos los familiares que reclaman Memoria, Verdad y Justicia no cesan su lucha, “porque hay una bisagra que nunca se va a romper, porque creemos en la lucha de clases y porque la lucha es política e ideológica”.

Los distintos organismos de Derechos Humanos de la provincia convocan a la sentencia este 25 de agosto en Tribunales Federales.

Spot de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba

Invitación de Laura Vilches, legisladora del PTS-FIT







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