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Red Internacional

El proyecto ahora pasa al Senado. Qué implica ante el avance extractivista y su dramático impacto para ecosistemas y comunidades. Fuerte cuestionamiento de Nicolás del Caño al extractivismo "a ambos lados de la grieta".

Valeria Foglia@valeriafgl

Sábado 27 de marzo | 22:45

Con 215 votos a favor, 7 negativos (todos de Juntos por el Cambio) y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del oficialismo que establece el derecho a la educación ambiental integral y una Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (Eneai) como herramienta para implementarla. El avance del extractivismo y las consecuencias ambientales severas en todo el territorio fueron el contexto del debate en una sesión maratónica.

La “ley Pino Solanas”, como se conoce popularmente al proyecto, se propone generar “conciencia ambiental” para el ejercicio del derecho a un ambiente “sano, digno y diverso”. Alberto Fernández la había anticipado el Día de la Primavera, durante un encuentro con jóvenes activistas, recicladores, brigadistas contra los incendios y otros sectores en la Quinta de Olivos. Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siguió la sesión desde una de las bandejas de Diputados.

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Nicolás del Caño (PTS-FIT), que acaba de presentar un proyecto contra la megaminería, expresó que "esa educación parte de la lucha que llevan adelante durante años distintas organizaciones y pueblos en nuestro país y en todo el mundo, y la participación y el protagonismo que ha cobrado en los últimos años la juventud en la lucha contra la destrucción del planeta".

Sin embargo, se diferenció claramente de la orientación extractivista que comparten el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. "Las fuerzas políticas que votan esta ley son las mismas que en sus Gobiernos -ahora, antes- llevan adelante políticas que dañan el ambiente. Promueven el extractivismo", denunció Del Caño, y entre los principales problemas mencionó la extensión de la frontera sojera, el agronegocio, los pueblos fumigados, la megaminería y el fracking.

El diputado de la izquierda alertó que "el lobby de la megaminería quiere avanzar en nuestro país", y citó los ejemplos de Chubut y Mendoza. En esta provincia tuvieron "una de las mayores puebladas ambientales de la historia argentina en respuesta a ese pacto de la UCR y el PJ-Frente de Todos", definió.

"Es ejemplar la resistencia del pueblo de Chubut, que ya lleva dieciocho años", continuó el referente del Frente de Izquierda Unidad, y pidió que se incorpore al proyecto esas experiencias de lucha histórica de las organizaciones socioambientales, vinculadas a investigadores y especialistas. Con respecto a la capacitación a trabajadores de la educación, Del Caño reclamó que se especifique que la misma se desarrolle dentro de la jornada laboral y no fuera de horario.

"Son los Gobiernos de turno los que favorecen estas políticas extractivistas", agregó. Quien coincidió sobre este punto fue su compañero Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista-FIT, que además denunció el intento de modificación de la ley de biocombustibles y dedicó un pasaje a la pelea de los vecinos de La Matanza contra la contaminación de Klaukol.

En una sesión en la que todos se vistieron de verde, no faltaron los mensajes que depositaron en la sanción de la ley la ilusión de que "vamos a convivir en un ambiente sano, digno", los elogios a Fernández y Cabandié, el recuerdo de Pino Solanas o las referencias a la lucha de la juventud. Insólitamente, los diputados oficialistas se despacharon con fuertes denuncias a los incendios forestales, la sobrepesca y hasta la persecución a las comunidades que defienden su derecho, como fue el caso de la diputada Ayelén Spósito (FdT-Río Negro). La porteña Mara Brawer llegó a hablar de "cuestionar el modelo económico".

Leonardo Grosso, quien cerró el debate, habló de que "hay que fortalecer el rol del Estado", se permitió generalidades teóricas, intentó confrontar con Juntos por el Cambio y enumeró las iniciativas legislativas sancionadas, pero evitó referirse a los ataques concretos a ecosistemas y poblaciones de norte a sur del país.

Maximiliano Ferraro (CC), del interbloque de Juntos por el Cambio, mencionó que la normativa será indispensable para la prevención y la generación de conciencia, haciendo foco en comportamientos individuales. En tanto, Gisela Scaglia del PRO de Santa Fe reclamó la participación de universidades, el Consejo Federal Agropecuario y el Congreso en el consejo consultivo que fija la ley.

Este consejo estaría integrado por pueblos indígenas, gremios docentes, representantes estudiantiles, del sector científico, universidades nacionales y privadas, guardaparques, uniones de recicladores y otros “sectores con probado interés en la educación ambiental”. Este último punto causa polémica, ya que deja abierta la posibilidad de injerencia del sector empresarial en el consejo consultivo.

Así lo entendió la diputada nacional Romina del Plá, quien antes de rotar en la banca del Frente de Izquierda firmó el dictamen en disidencia, marcando la negativa de los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio a incorporar la prohibición a nivel nacional y en todos los niveles educativos de suscribir convenios o recibir financiamiento por parte de empresas públicas o privadas sobre las que pesen denuncias por atentar contra el ambiente, lo mismo que su integración al consejo consultivo creado por la ley. Así lo recordó Del Caño en el recinto.

Una de las principales objeciones desde la izquierda es la posibilidad de que el conocimiento científico se vea obturado por la injerencia de empresas contaminantes y destructivas que firman convenios con instituciones de enseñanza, como es el caso de minera La Alumbrera, Pan American Energy, Shell, Monsanto y Syngenta, entre otras.

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La sanción de la ley es un reclamo histórico de especialistas, organizaciones docentes y movimientos socioambientales, muchos de los cuales ya vienen implementando programas de educación ambiental a partir del grave contexto y la propia avidez de las nuevas generaciones. Los dos antecedentes que reconoce el proyecto son los presentados por Marta Maffei (2006) y Adriana Puiggrós (2015). Este último fue aprobado por unanimidad y hacía modificaciones a la ley de educación superior sin alterar el cuestionado esquema de “recursos adicionales” de las universidades, que pueden alcanzar convenios con empresas privadas.

El texto que lleva la firma de Fernández, Cabandié y Nicolás Trotta reconoce que los problemas ambientales no son azarosos, sino producto de “un sistema de desarrollo humano a nivel planetario que nos pone ante problemáticas de tal complejidad que resultan inéditas en la historia de la humanidad”. Sin embargo, su Gobierno es cuestionado desde diversas ONG y colectivos socioambientales como la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones por impulsar el extractivismo, que implica saqueo y contaminación para obtener dólares destinados al pago de la deuda externa.

La ley de educación llegó al recinto pocas semanas después de los incendios en la Comarca Andina, que pusieron de manifiesto la ausencia de inversión en tendido eléctrico, la implantación de especies exóticas, la falta de presupuesto adecuado para combatir las llamas y la precarización de brigadistas en todo el país.

La acuciante situación ambiental en Argentina en 2020, el segundo año más caluroso en el país desde 1960, se repartió entre enormes incendios forestales provocados en Córdoba y el delta del Paraná, las negociaciones con China para instalar las cuestionadas megagranjas porcinas, el avance de los desmontes en el norte del país, los efectos del modelo de agronegocios adicto a las fumigaciones con agrotóxicos, la pesca ilegal en el mar argentino, el fracking petrolero, la ofensiva megaminera en Chubut y una pandemia cuyo origen, según expertos, se encuentra en la depredación ambiental.

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Como contrapartida, el Gobierno del Frente de Todos entregó beneficios, concesiones y hasta elogios al extractivismo, mientras sigue sin haber ley de humedales -como denunciaron Del Caño y otros legisladores durante la sesión-, se desfinancia la ley de bosques y se siguen ofreciendo negocios a corporaciones extranjeras a expensas del ambiente. Será la movilización, como hasta ahora, la encargada de ponerle freno al saqueo y la destrucción.

De ser sancionada, se sumaría a la batería de leyes ambientales en los últimos meses: la ratificación del Acuerdo de Escazú, la ley de fuego y la ley Yolanda para capacitar al plantel de la administración pública.

Claves de la ley de educación ambiental:

• La Eneai será competencia de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Educación, y tendrá como fin la planificación y aplicación de la ley en ámbitos formales y no formales de educación, tecnologías de información y medios de comunicación.

• La cartera que encabeza Juan Cabandié, junto a la CABA y las jurisdicciones provinciales, será la encargada de implementar la Eneai en el ámbito de la educación no formal.

● Tiene una perspectiva inclusiva, basada en principios de equidad e igualdad de género, el respeto a la biodiversidad, a la diversidad cultural y la preservación de culturas de los pueblos indígenas y una impronta de fomento a la participación ciudadana.

● Según la letra del proyecto, no discrimina por edades, grupos y sectores sociales, y se dirige a la educación formal y no formal.

● Propone la capacitación del personal involucrado en todas las jurisdicciones a nivel nacional y la creación de un “repositorio” online de experiencias educativas.

● Considera a las problemáticas ambientales como procesos sociohistóricos con factores económicos, políticos, sociales, culturales, ecológicos, tecnológicos y hasta éticos.

● Establece un “compromiso ambiental intergeneracional”, por el cual cada Día Mundial del Ambiente todas las jurisdicciones del país deberán promover acciones educativas según el espíritu de la ley.

Acta de votación de la ley de educación ambiental | Diputados by La Izquierda Diario on Scribd




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