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Entrevistas sobre los 70.Matías Artese: “La justificación ideológica de la represión reaparece con figuras recurrentes”

Sociólogo, doctor en Ciencias Sociales (UBA), docente universitario e investigador del Conicet; Artese es miembro de la Revista Conflicto Social.

Miércoles 24 de marzo | 00:00

¿Por qué te decidiste a estudiar esta etapa tan revulsiva de la historia argentina, particularmente poniendo el eje en el aspecto represivo? Además ¿a qué nos referimos cuando hablamos de “violencia estatal”?

Si bien hoy no me dedico centralmente a trabajar ese período, mis primeros ejercicios de investigación efectivamente estuvieron anclados a la década de 1970. Los motivos son colectivos e individuales. El haber transitado la adolescencia y el ingreso a la carrera de Sociología (UBA) durante el menemismo, fue sin dudas un factor importante por el grado de frivolización deliberada –indultos mediante- de los años ’70. También fueron años signados por la militancia de los organismos de DD. HH., entre ellos Madres, Abuelas e HIJOS. Coincide con un momento en el que la Facultad de Ciencias Sociales era uno de los escenarios de un movimiento estudiantil universitario y secundario sumamente vital en defensa de la Educación Pública frente a las leyes arancelarias de entonces. Algo que hoy parece soslayado ante la idea hegemónica pero falaz de que el acercamiento de la juventud a la política se inició a partir de 2003 con el ascenso del kirchnerismo.

Pero el factor determinante fue haber cursado el Taller de Investigación sobre Conflicto Social que dictaba Inés Izaguirre, a quien considero mi Maestra en esta labor. Allí trabajamos el caso de Tucumán en los años 1973/1976, provincia que resultó ser una especie de “laboratorio de ensayo” de las prácticas genocidas que luego se expandirían por el país de manera más sistemática. Y por eso centrarnos, justamente, en el aspecto represivo para entender el modo en que se habían desarticulado las diversas fracciones que componían el campo del pueblo. Afortunadamente hoy sigo colaborando con compañeros y compañeras de ese entonces; y la labor de Inés sigue vigente para futuros investigadores.

Con respecto a la “violencia estatal”, se trata de un término bastante amplio, aunque quizás se evidencia durante el enfrentamiento físico, la forma “clásica” de su expresión. El concepto puede que nos remita a la década de 1970, sin embargo también podemos presenciar la censura violenta de manera más o menos sistemática y planificada en períodos democráticos, en defensa de las instituciones del Estado y en contra de alguna fuerza contestataria o insurgente que amenaza –de manera real o potencial- algún rasgo del orden social. En el caso de nuestro país, ese orden o statu quo refiere a las relaciones de producción capitalistas y a la producción ideológica que sostiene culturalmente a dicho orden. Y por supuesto, para ese esquema de confrontación, no necesitamos remitirnos a alguna dictadura.

¿Cómo definirías el papel que jugaron las Fuerzas Armadas y de Seguridad dentro del aparato represivo del Estado que funcionó en la década del 70? ¿Qué cambios y continuidades pueden encontrarse hoy respecto a la estructura heredada de la dictadura?

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el aspecto relacional que implica la pregunta. Es decir, las FF. AA. y de seguridad se manifiestan conforme a las formas e intensidad de las fuerzas contestatarias que amenacen al régimen de dominación. Esta idea nos aleja de los supuestos que colocan fronteras estancas: esto es, las FF. AA. eran criminales durante la dictadura, y son –más o menos- respetuosas de los DD. HH. durante las etapas democráticas.

Las FF. AA. y de seguridad se constituyen como el aparato armado, de carácter profesional, de la fuerza social que se establece como dominante, y de la clase social que se posiciona como dirigente en esa fuerza social; en nuestro caso la burguesía; definición presente tanto en los ’70 como hoy. Lo que sí hay que distinguir, nuevamente, es el carácter relacional: hoy el aparato represivo no está destinado a desplegar las técnicas y métodos que fueron hegemónicos durante los ’70 porque nuestra coyuntura actual no lo requiere. Es decir, porque el carácter de la lucha de clases en la actualidad también cambió drásticamente.

También es interesante destacar el aspecto ideológico de esas luchas, algo que no se ha estudiado en profundidad. Y allí sí podemos dar cuenta de ciertas continuidades: cuando las luchas acrecientan su magnitud –y consecuentemente la represión del campo popular también es más intensa-, se evidencia el rescate y difusión de específicas caracterizaciones e imaginarios sociales. Por caso, las figuras de lo infiltrado, de lo subversivo y de lo anti-sistema / apátrida fueron la quintaesencia de la caracterización del “enemigo interno”, antes y durante la última dictadura. Pero también son caracterizaciones que resurgen desde los aparatos represivos y desde las dirigencias políticas durante la década de 1990 y principios de 2000 para definir a las fracciones más contestatarias de los trabajadores desocupados, particularmente del Movimiento Piquetero. También se verifican durante puntuales protestas obreras en la década de 2010 o, más recientemente, con la represión al pueblo mapuche en 2017 y la muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel. Es decir que, aunque formas muy diversas de insubordinación política implican también un tratamiento diverso por parte del Estado, la justificación ideológica de la represión parece estar presente con figuras recurrentes.

Uno de los debates centrales que cruzó los estudios de la década del 70 -partiendo de diferentes fundamentos y enfoques- es si se desarrolló, o no, una guerra civil en nuestro país. ¿Cómo te ubicas frente a esta discusión?

El concepto de “guerra civil” aplicado a los ’70 resulta dificultoso, por ser objeto de prejuicios y muchas veces hasta de miradas maniqueas. Solemos entender que un enfrentamiento de esas características implica campos de batalla, tropas y territorios en disputa, la utilización de armas y las consecuentes bajas que se producen (muertos, heridos, prisioneros). Por fuera de esos escenarios de enfrentamiento explícito transcurre, aparentemente, la “paz”. Pero ¿por qué no replantear ese esquema binario? ¿Qué implica pensar en la paz y en la guerra en el capitalismo? ¿Qué tácticas adopta la burguesía cuando detecta que corre peligro su régimen de dominación?

Creo que el problema exige desarmar el término “década de 1970”, y pensar más bien en períodos. En ellos, las fuerzas en confrontación no fueron homogéneas ni estáticas, sino que constituyeron su morfología conforme se desenvolvía el enfrentamiento. Tengamos en cuenta, además, el contexto internacional y particularmente latinoamericano, que también transitaba procesos de movilización de masas y/o de avances represivos.

Un primer período podría abarcar los años 1969 a 1973, en el que ciertamente se registra un alza de la magnitud y frecuencia de los enfrentamientos. A partir del Correntinazo, primer Cordobazo y primer Rosariazo (1969) se desata toda una serie de puebladas a lo largo y ancho del país (los llamados “azos”) que dan cuenta de dicho ascenso, a través de las fracciones más combativas y organizadas del movimiento obrero y estudiantil, en alianza muchas veces con organizaciones armadas del campo popular. Es decir, hablamos de la construcción de una Fuerza Social en pugna por diversos intereses y “territorios” (económicos, políticos e ideológicos).

Un segundo período podría ubicarse durante el tercer gobierno peronista, más puntualmente desde la Masacre de Ezeiza (20 de junio de 1973) hasta el golpe del 24 de marzo de 1976. Allí la confrontación entre las fuerzas del régimen y las del pueblo aumenta aún más su intensidad. El “Operativo Independencia” en Tucumán o el “Operativo Serpiente Roja del Paraná” en el corredor industrial del sur de Santa Fé, son sólo algunos ejemplos que dan cuenta del despliegue de recursos materiales y humanos, de forma legal e ilegal, en pos de defender los pilares del régimen burgués. Recordemos los decretos 2771/75 y 2772/75 publicados en el Boletín Oficial, firmados por el entonces presidente interino Italo Luder junto a Antonio Cafiero, Carlos Ruckauf y otros ministros, que ordenaban “aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en todo el territorio nacional.

A partir de 1976 entramos en otro período pues: tras el golpe cívico-militar, el despliegue del terrorismo estatal estuvo dirigido a terminar de aplastar a aquella fuerza que había sido derrotada en términos político-militares años antes.
En tal sentido, la lucha de clases debe comprenderse según las disposiciones contingentes y estructurales que se despliegan en un proceso “ciego”, teleonómico; y este es el punto central, me parece, para entender lo sucedido a lo largo de esa primera mitad de la década de 1970: centrarnos en las formas que adoptó la lucha de clases en el país, con una dirigencia política y económica que entendió que, para sostener aquel orden social, debía llevar adelante un despliegue militar y paramilitar.

Es necesario, por tanto, salir de compartimentos estancos y repensar el concepto. Por caso, Marx habla de “guerra civil prolongada y más o menos encubierta entre la clase capitalista y la clase obrera” para graficar las largas confrontaciones durante el siglo XIX en Inglaterra en torno a la extensión o reducción de la jornada laboral. Podría tomarse como un simbolismo, pero considero que con esa definición el autor evade una lectura rígida y ubica al enfrentamiento como un operador conceptual para entender la dinámica entre fuerzas sociales que pugnan objetivos diversos durante, también, diversas coyunturas.

¿Qué características tuvo el aparato represivo durante el período constitucional de 1973 a 1976? ¿Qué continuidades pueden observarse a partir de la imposición de la dictadura militar?

Como ya venimos mencionando, la escalada de enfrentamientos a comienzos de la década de 1970 generó que el régimen desplegara tácticas diversas para avanzar contra una fuerza social popular en ascenso. El peso del aparato represivo fue in crescendo, y un ejemplo claro lo tenemos en 1975 con el envío de tropas al monte tucumano bajo la dirección primero de Acdel Vilas y luego de Antonio Domingo Bussi, oficiales del alto rango del Ejército. Además de embestir las acciones del entonces Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la represión incluyó la implementación de centros clandestinos de detención en los cuales fueron detenidos, torturados y asesinados estudiantes, profesores, obreros y empleados de la industria azucarera, gremialistas, etc.

Junto con la acción del Ejército, la acción paramilitar también era otra de las puntas de lanza, tal como señalamos más arriba. Las organizaciones armadas filofascistas y las agrupaciones del sindicalismo peronista de derecha se desplegaron en distintos puntos del país, avalados por gobiernos provinciales y nacional. Es decir, todo un andamiaje represivo anterior a la dictadura que requiere que reflexionemos sobre el rol de los llamados “Estados de derecho” cuando sus dirigencias políticas, concatenadas con los sectores realmente dominantes y otras fracciones aliadas, encuentran salidas violentas para mantener sus intereses de clase.

Por supuesto que luego del golpe del 24 de marzo de 1976 el esquema represivo se acentuó y perfeccionó con el plan de detención y desaparición de personas que ya conocemos. Esta metodología sobre los cuerpos (el secuestro y desaparición) no era novedosa, aunque claramente se profundiza y sistematiza durante la dictadura, logrando una rápida y profunda herida que se expandió en el tejido social. Por lo cual el golpe de Estado claramente significó un hito regresivo en todos los aspectos de la vida social del país, que todavía hoy nos deja sus consecuencias. Pero en el plano represivo, sin embargo, se trata de una profundización del avance antipopular y contra-revolucionario ya desplegado desde años antes.

Generalmente la “cuestión militar” de los años 70 se estudia asociado al rol de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; o a los “hechos armados” de las organizaciones político militares como ERP o Montoneros. Pero ¿cómo es abordada esta problemática desde el punto de vista de las organizaciones de masas del movimiento obrero y del movimiento estudiantil?

Ambos aspectos, tanto el que atañe a las FF. AA. y de seguridad como a las organizaciones armadas, son insoslayables. La pregunta es sumamente interesante, pero sintetizar la forma en que los diversos movimientos sociales interpelan e interpretan hoy ese período de la historia es una tarea casi imposible para una sola respuesta. Además, nos sumergimos en un terreno donde empiezan a tallar diversas posiciones político-ideológicas que es necesario investigar.

Seguramente una de las interpretaciones que hoy forma parte del sentido común –aunque carece todo sustento- es la basada en la “teoría de los dos demonios”: aparentemente fuerzas de izquierda y de derecha se habrían trenzado en una lucha fraticida, en una escalada de violencia solo explicable desde lo patológico e inhumano. Y aquí sí la militancia de diversos movimientos de DD. HH., de fracciones del movimiento obrero y estudiantil y de los intelectuales comprometidos con el estudio riguroso de nuestro pasado cumplieron un rol fundamental en comenzar a cuestionar y desactivar esa lectura cuanto menos reduccionista y maniquea.

Por fuera de esa explicación, persisten otras lecturas que no son menos incompletas. Por ejemplo, los relatos que abrevan en cierto fetichismo de las armas, colocando en el centro de la escena a las organizaciones armadas a través del análisis de sus tácticas y estrategias militares, sus campos de batalla, etc.; algo necesario pero sumamente parcial. En las antípodas, también son muy simplificadas aquellas miradas que soslayan a dichas organizaciones por considerarlas espacios perpetrados por jóvenes pequeñoburgueses arrojados a aventuras románticas sin salida. Una mirada que además de deshonrar a esos militantes, también cae en explicaciones míticas. Así y todo, creo que hemos avanzado enormemente en el conocimiento de los años ’70, aunque el desafío sigue siendo formular explicaciones que eludan su “retaceo”. Lo que implica, inevitablemente, abandonar los prejuicios e intentar estudiar los hechos a partir de una totalidad compleja y determinada por condiciones sociohistóricas precisas.

Lectura sugerida.

Alba, Oscar; Rosso, Diego y Perrone, Georgina (2012). PST. La construcción de un partido obrero revolucionario en la Argentina (1972-1983). Buenos Aires: Editorial Antídoto; Artese, Matías (2013). Cortes de ruta y represión. La justificación ideológica de la violencia política entre 1996 y 2002. Buenos Aires: EUDEBA; Artese, Matías y Roffinelli, Gabriela (2005). Responsabilidad civil y genocidio. Tucumán en años del Operativo Independencia (1975-76). Documento de Jóvenes Investigadores N° 9. Buenos Aires: IIGG. Disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20110322104029/ji9.pdf; Flores, Gregorio (2006). Lecciones de batalla. Una historia personal de los ’70. Buenos Aires: Ediciones RyR; Izaguirre, Inés (Comp). (2009). Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina. 1973-1983. Buenos Aires: EUDEBA; Izaguirre, Inés (1992). Los desaparecidos: recuperación de una identidad expropiada. Buenos Aires: Instituto de investigaciones, FCS, UBA; Nievas, Flabián (2016). Lucha de clases. Una perspectiva teórica-epistemológica. Buenos Aires: Imago Mundi; Marín, Juan Carlos (2003). Los hechos armados. 1973-1976. Buenos Aires: PICASO; Revista Conflicto Social: https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/CS; Santella, Agustin y Andujar, Andrea (2007). El Perón de la fábrica éramos nosotros. Las luchas metalúrgicas de Villa Constitución 1970/1976. Buenos Aires: subte ediciones.

El “Operativo Independencia” en Tucumán o el “Operativo Serpiente Roja del Paraná” en el corredor industrial del sur de Santa Fé, son sólo algunos ejemplos que dan cuenta del despliegue de recursos materiales y humanos, de forma legal e ilegal, en pos de defender los pilares del régimen burgués.

Acerca del entrevistado

Matías Artese es sociólogo, Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y docente en esa universidad y en la UNLU. Investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Área de Conflicto Social) e Investigador Adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones en Ciencia y Técnica (CONICET). Miembro de la Revista Conflicto Social.




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