Sociedad

MASACRE DE ONCE

Masacre de Once: operación contra maquinista para subestimar responsabilidad de funcionarios y empresarios

Circularon supuestas declaraciones de Marcos Córdoba, que conducía la formación chapa 16 que sufrió el choque en 2012, en las que asume una “culpa”. Repudio de la defensa y familiares de víctimas.

Augusto Dorado

@AugustoDorado

Martes 15 de septiembre | 00:00

Durante el mediodía de ayer, “Tragedia de Once” se transformó en tendencia en Twitter. El tema estuvo presente en varios medios de alcance masivo y partes involucradas como el abogado Gregorio Dalbón hicieron circular la versión de una supuesta “confesión” del motorman de la formación conocida como chapa 16 que chocó en la mañana del 22 de febrero de 2012, ocasionando la muerte de 51 personas: “Marcos Córdoba confesó que anuló los frenos del tren”.

Sin embargo, tanto familiares de víctimas de la masacre social ocurrida en la estación ferroviaria de Once como la abogada del maquinista Marcos Córdoba y distintos periodistas desmintieron esas declaraciones, que además fueron la distorsión (intencionada) de pericias psicológicas de Córdoba, quien cumple una condena de 3 años y 3 meses y cuya defensa está solicitando el beneficio de la prisión domiciliaria.

Por el lado de los familiares y amigos de las víctimas, emitieron un comunicado en el que explican que en las declaraciones del motorman (que fueron en el marco de una pericia psicológica sobre la que no corresponde difusión) no hubo nada nuevo relacionado con lo ya conocido sobre las pericias técnicas aportadas a la causa. El comunicado señala además lo central en relación a los hechos: el sistema de frenado conocido como de “hombre muerto” es un mecanismo para una última instancia; los mecanismos principales de frenado son los que no se accionaron, con lo cual la responsabilidad del maquinista es secundaria.

Finalmente sostienen que la principal responsabilidad es del Estado por el fallecimiento de 51 familiares y amigos (sumado a otras tantas personas heridas y que sufrieron daños físicos y psicológicos), ya que entienden que Córdoba tenía “en sus manos (…) un tren corroído por el óxido, sin ningún sistema de seguridad, con una capacidad de frenado nula y con una estructura que en palabras de los propios gerentes de mantenimiento estaba destinado al desguace”.

Ni el abogado Gregorio Dalbón ni medios que se hicieron eco sin asignar ninguna jerarquía a la responsabilidad estatal ni empresaria manifestaron aclaración alguna. Del letrado no es de esperar otra cosa ya que desde un inicio interviene en la causa para deslindar de responsabilidades a exfuncionarios y empresarios apuntando exclusivamente al trabajador ferroviario Córdoba.

Párrafo aparte merece el cinismo del PRO y de distintas personalidades de la coalición Juntos por el Cambio que hacen un uso intencionado del dolor de las víctimas declarando “solidaridad” cuando en los hechos varios de sus dirigentes fueron parte del Gobierno de la Alianza (presidencia de De La Rua) que en el año 2001 le extendió por 10 años una prórroga de la concesión a TBA del grupo Plaza de la familia Cirigliano, pese a que ya registraba probadas irregularidades en cuanto a planes de inversión requeridos; y cuando en 2016 el propio Mauricio Macri, líder del PRO, puso durante su presidencia a un exdirectivo de TBA -Víctor Heinecke- como subsecretario de Planificación y Coordinación de Transporte en la cartera dirigida en ese entonces por Guillermo Dietrich. La histórica cadena de responsabilidades que concluyó en la evitable masacre social ocurrida aquel 22 de febrero de 2012 también incluye como eslabones a miembros de esta formación política hoy opositora pero siempre socia de grandes empresarios.







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