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Esta semana el gobierno autorizó incrementos en las tarifas de telecomunicaciones, electricidad y transporte, mientras el 12 de marzo habrá un nuevo salto en las naftas. Se preparan los aumentos en servicios públicos de luz y gas para consumidores, la pelea de Guzmán para contentar al FMI.

Lucía Ortega@OrtegaLu_

Jueves 25 de febrero | 20:41
Foto: Telam

Enero empezó con la inflación al rojo vivo, carcomiendo al salario. Con un promedio de 4 % el índice de precios al consumidor que elabora el Indec fue impulsado por la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas, pero especialmente por el impacto en los servicios de telecomunicaciones que tuvo una suba de 15 %.

En los siguientes meses sin dudas este rubro no dará tregua, y no sólo es por la sed de ganancias de las empresas, también hay quien les da de beber. La semana pasada el Gobierno volvió a permitir incrementos de 5 % al 7,5 % en telefonía fija y móvil, internet y TV paga. A su vez, Enacom autorizó una suba del 14 % en el valor de la tarifa de los “planes inclusivos” o “Prestación Básica Universal” (PBU) en los servicios de internet, si es que algún consumidor pudo pasar las trabas de las compañías para poder acceder.

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Pero también el pasado 23 de febrero el Gobierno comenzó a avanzar paulatinamente con el plan de Guzmán sobre las tarifas de servicios públicos. De esta forma, busca limitar los subsidios a las empresas que ponen en cuestión su promesa de reducción del déficit fiscal al Fondo Monetario Internacional (FMI), a la par que descarga esos costos en los consumidores y se choca de frente con sus propias supuestas pretensiones de controlar la inflación.

La Secretaría de Energía emitió la resolución 131/2021 que dispuso un aumento en las tarifas de electricidad para empresas y comercios, que dejarán de recibir tarifas subsidiadas. Allí se subdivide la categoría de usuarios de más de 300 Kv (“grandes consumidores”) en dos grupos: general por un lado, y organismos y entes públicos, por el otro (excluyendo a las instituciones de servicios de salud y educación).

De manera que a partir de marzo y hasta el 30 de abril los nuevos precios de referencia tendrán subas de 89 % para 2.900 grandes consumidores, que van desde fábricas hasta comercios y petroleras. Pero aunque afirman que los aumentos no aplicarán a pequeños consumidores y Pymes, se sabe que el próximo paso de Guzmán es aplicar una nueva tarifa segmentada para este sector.

Los empresarios, por su parte, ya aprovecharon para dejar en claro que trasladarán estas subas a los precios finales de los productos, es decir, a la inflación que finalmente termina pagando el bolsillo de las familias trabajadoras. Alfredo González, secretario gremial de CAME, dijo que “estos aumentos nos van a repercutir de manera indirecta y también se verá reflejado en la inflación”.

El aumento de las tarifas de energía es un punto clave para el acuerdo con el FMI. Guzmán prometió un aumento de 40 % en el año para recortar subsidios (casualmente, por encima de su propia inflación proyectada de 29 %), pero se choca de lleno con las aspiraciones electorales del oficialismo, por lo cual en esa tensión se viene postergando la definición sobre los medianos y pequeños usuarios para quienes se esperan segmentaciones. De no recortar los subsidios en el nivel proyectado significaría dejar de recortar el déficit fiscal en más de 1 % del PBI, lo cual podría no ser aceptable para el Fondo.

El plan de Guzmán camina en un frágil equilibrio entre el acuerdo con el FMI, la disponibilidad de reservas con un rebrote económico débil (en torno al 5 %) y las tensiones inflacionarias resultantes en gran parte de la propia política económica.

Más nafta al fuego de los precios

Hablando de energía, por si la suba de la tarifa de electricidad no fuese suficiente para impulsar los precios, el viernes 12 de marzo comenzará a regir el quinto aumento del año en los combustibles, a sólo dos meses y medio de comenzado el año. Tendrá un impacto estimado del 2,6 % en el caso de las naftas y 2,1 % para el gasoil. ¿Las explicaciones? La vigencia de un nuevo impuesto a los combustibles y los nuevos valores de biodiesel que habilitó el Gobierno.

Pero más profundamente, se trata de una nueva concesión de este último a las demandas de las petroleras, que pujan por mantener los precios internos dolarizados. La suba del precio del petróleo Brent (el de referencia para los combustibles en Argentina) de U$S 55 a U$S 66 el barril es la excusa de las empresas para que el Gobierno habilite nuevos aumentos internos en pesos.

En lo que va del año la nafta ya se encareció 11,1 % (súper), con la nueva suba de marzo, el litro de nafta súper costará $ 75,90 en las estaciones de servicio de la estatal YPF en la ciudad de Buenos Aires.

Sin dudas, los precios de los combustibles le agregan “nafta al fuego” de la dinámica inflacionaria, siendo un insumo clave para los transportes de personas y mercaderías y los costos de la energía y producción, como es el caso de las maquinarias agrícolas.

Arde la Ciudad

Por su parte, para los habitantes y trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires se viene un nuevo golpe al bolsillo. Larreta prepara un nuevo zarpazo en las tarifas de subtes, taxis, VTV y estacionamiento, amparado en “audiencias públicas” a lo largo de febrero.

El subte, concedido a la empresa metrovías, líder en des-inversión y ataques a los trabajadores, tendrá un módico beneficio de ver incrementada su tarifa un 43 % en dos etapas, pasando de $ 21 a $ 30, mientras que el premetro subirá de $ 7,50 a $ 10,70. La primera etapa será la semana próxima, pasando el boleto de subte a costar $ 25,50, y luego la segunda etapa en abril, cuando saltará a $ 30.

En taxis el alza será de 44 % en dos tramos, uno en marzo y otro en abril, pasando la ficha diurna de $ 5,95 a $ 7,14, y la ficha nocturna a $ 8,57, mientras que la bajada de bandera costará $ 71,40.

Para titulares de automóviles, también tendrán incrementos en el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) del 45 %, en tanto que para estacionar, los parquímetros verán aumentar su valor en un 100 %.

En todos los casos, los incrementos tarifarios se ubican bien por encima de la inflación promedio, que fue de 36,1 % en 2020 y en enero tuvo una variación interanual de 38,5 %.

Romper la tregua

Mientras las cúpulas sindicales siguen avalando la farsa de los "acuerdos de precios y salarios" armados para poner un techo a las paritarias, por otra ventanilla el Gobierno sigue permitiendo las subas de tarifas para mantener la rentabilidad de las empresas.

En el año 2020 la economía se hundió un 10 %, pero esta caída no fue para todos por igual. De acuerdo a un análisis de Manzanelli y Garriga en Cifra-CTA, "si bien los salarios reales de los trabajadores registrados en el sector privado sufrieron una reducción promedio de 15,4% entre noviembre de 2015 y el mismo mes de 2020, la mitad de los trabajadores tuvieron caídas superiores al 19%".

Pero mientras tanto, "se incrementaron considerablemente los márgenes de ganancia en el sector privado, especialmente entre 2017 y 2020. En esos años la participación del excedente bruto en el valor agregado del sector privado ascendió del 46,4% al 50,4%, lo que equivale a un incremento del 8,7%", citan en el documento de Cifra. Esto significa que el empeoramiento salarial y la pérdida de puestos de trabajo fue para algunos empresarios una oportunidad para mejorar sus ganancias.

A pesar de las promesas de "recuperar los 20 puntos de salario real perdidos en el Gobierno de Macri", Fernández se ocupó de cristalizar la distribución del ingreso, e incluso con una profundización del empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Si se compara el promedio salarial entre 2020 versus 2019, los resultados revelan una reducción del poder adquisitivo de los salarios de entre un 3 y un 4 % frente a la inflación.

El descongelamiento de los tarifazos sólo alimentan la dinámica inflacionaria en detrimento del bolsillo de las mayorías populares. Por ello es necesario poner fin a la tregua de las cúpulas sindicales con los empresarios y el Gobierno, basta del negocio de las privatizadas con más tarifazos y subsidios a las ganancias empresarias, avancemos en el camino de una verdadera estatización de los servicios esenciales bajo gestión de sus propios trabajadores, para que estos servicios vuelvan a ser un derecho.

Por un salario mínimo de $ 50.000 atado a la evolución de la canasta básica y un IFE de $ 40.000, recomposición salarial de lo perdido con Macri y Fernández y aumentos salariales atados a la evolución mensual de la inflación.

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