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Red Internacional

A Sarah Hochstätter Chávez la asesinaron el 24 de octubre del 2012. Su pareja, Andrés Abastoflor Komarek, la torturó quemándola con cigarrillo y estrangulándola, para después clavarle un cuchillo en el pulmón izquierdo, que le provocó un shock hipovolémico. Después de una agonía de más de 8 horas y encerrada en un baño del domicilio de la pareja, murió mientras el asesino confeso tomaba unas cervezas y chateaba por facebook.

Viernes 13 de febrero de 2015 | Edición del día

Así esta joven de 24 años que tenía 4 meses de embarazo y el anhelo de tener su bebé, era violentamente arrancada de este mundo. Su familia quienes hasta hoy exigen justicia, tuvieron que soportar las más absurdas dilaciones en las audiencias conclusivas, pero hoy después de dos años y 3 meses, este caso entro a juicio y lo que acontece en él, sigue siendo absurdo e indignante, más no una novedad para lo sabido de esta “justicia” patriarcal y selectiva.

Al entrar al juzgado 2 de sentencia en Sucre, lo primero que llama la atención es ver que el acusado dormita en su silla, mientras el resto escucha tenso cada palabra vertida en este juicio. Sin embargo, el comportamiento de Andrés Abastoflor cambia drásticamente en los momentos de receso; se lo ve despierto, ríe y obviamente camina con paso firme y mirada altiva.

Hay quienes dirán que el acusado esta medio “loco, borracho o drogado”, este último es el estado de conciencia en el que el que Abastoflor afirma haber perpetrado el crimen y en el que se supone se mantuvo durante 72 horas. Sin embargo, otro elemento que llama la atención, es que su abogado, Jaime Tapia, decidió no asistir al juicio delegando a su ayudante. Para justificar su ausencia Jaime Tapia afirma que: “a la defensa se le ha negado el derecho de presentar sus pruebas de descargo”. Sin embargo tanto el tribunal, la fiscalía y abogado acusador, sostienen que la defensa de Abastoflor no hizo uso de ese derecho, pese a que se le otorgo el tiempo reglamentario para presentar las pruebas de descargo (como lo hizo la defensa de Marcel Gallardo acusado de encubrir este crimen), además este reclamo debió hacerse en las audiencia conclusiva que tomaron dos años.

En una entrevista que sostuvo Izquierda Diario con integrantes del colectivo Feministas Callejeras, quienes se hallan vigilando este proceso y juicio, manifestaron: “La estrategia de la defensa es otra chicanera, ellos tuvieron la opción de presentar pruebas, pero ¡¿cuáles?! Se tiene una confesión del asesino, las pruebas presentadas son irrefutables y lo que afirma Abastoflor de que ‘drogado estaba y no me acuerdo’, solo ofende a la inteligencia. Suponemos que esta retardación es porque Andrés pertenece a una de las familias más ‘reconocidas’ y adineradas de Sucre; su clase determina su comportamiento con la justicia y sociedad, ellos piensan que las influencias sociales y económicas lo compran todo y lo harán así con la justicia. Es tan increíble su forma de proceder, que en la última audiencia conclusiva, los abogados de Abastoflor reclamaron por el plantón que realizamos”.

El caso de Sarah, ha causado mucha expectativa no solo en la ciudad de Sucre, sino en toda Bolivia. Pese a esto, en la última audiencia del 3 de febrero el juez determino un receso de 10 días, fecha donde toda Bolivia está en medio de la celebración de su carnaval, hecho que puede complicar la llegada de algunos profesionales que al momento del asesinato de Sarah trabajaban en el Instituto de Investigaciones Forenses de Sucre, y al pasar 2 años, algunos han sido removidos a otras ciudades, por lo tanto deben llegar a la capital en medio de festejos a dar su testimonio de unos de los crímenes más terribles que se han cometido en esta ciudad.

La forma en la que se llevó adelante este caso y el resultado con el que se cuenta hasta el momento son una muestra entre muchas del carácter patriarcal y selectivo de la justicia boliviana. Resulta una especie de prueba que se suma a una larga lista de casos de retardación e impunidad, elementos tan cuestionados sobre todo en lo que refiere a casos de feminicidios donde las cifras en Bolivia crecen terriblemente y se tienen tan solo dos sentencias desde la promulgación de la Ley 348 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, que queda en nada más que un papel mojado.
Ante ello y pese a todos los intentos de desgaste y maniobras legalistas con las que juegan los perpetuadores de este brutal hecho, se oyen voces de protesta y se hacen visibles en las calles chuquisaqueñas lemas como “Bolivia vigila, las calles gritan: ¡justicia para Sarah!”.




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