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Más de mil organizaciones exigen al Gobierno español regularizar a los migrantes

Una red de autoorganización de migrantes y antirracistas exigen al Gobierno la regularización “permanente y sin condiciones” de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria.

Jose Lavín

Madrid

Viernes 19 de junio | 20:41

Son los migrantes quienes más sufren las consecuencias de los recortes y pérdida de derechos de años de gobiernos neoliberales del Partido Popular (PP) y Partido Socialista (PSOE), especialmente en el ámbito de sanitario, social, laboral y económico. Denuncian el actual agravamiento de las condiciones de vida de las casi 600 mil personas se encuentran en situación administrativa irregular en el Estado español.

La carta de #RegularizaciónYa ha sido presentada este viernes en el Congreso denunciando las extremas condiciones de precariedad laboral y de explotación que sufren las personas migrantes y refugiadas en el Estado español debido a la situación administrativa irregular. Exigen no sólo acabar con la situación irregular, sino que sean principios rectores “la preservación de la vida, la defensa de los bienes comunes, la solidaridad, la justicia social.”

El documento destaca el carácter estructural de la opresión y explotación que padecen, afirmando que los derechos por los que luchan “implican también reconocer las luchas de organizaciones de personas migrantes que denuncian el racismo en las estructuras institucionales y legales vigentes que las excluyen y les niegan derechos, y reivindicar sus demandas de reconocimiento e inclusión social.”
Señalan al Gobierno del PSOE, Unidas Podemos e Izquierda Unida por “dejarlos fuera” de todas las medidas tomadas como respuesta a la pandemia.

“Las medidas para hacer frente al impacto económico y social que ha venido adoptando el Gobierno desde el inicio de la emergencia sanitaria, han tenido el común denominador de dejar afuera a las personas y familias que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, en su mayoría personas migrantes y refugiadas.”

Destacan que cuando se les ha tenido en consideración ha sido de forma interesada e instrumental, “cortoplacista y sin garantizar condiciones mínimas de seguridad y prevención en el trabajo, como es el caso del Real Decreto- Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario o el Real Decreto ley 11/2020 cuyas medidas obvian la situación de infravivienda o sin techo en que vivimos muchas personas “sin papeles”. Se trata de políticas insolidarias, explotadoras, ciegas a nuestra realidad”.

Exigen medidas reales que cubran sus necesidades laborales y sanitarias. Entre ellas: la regularización extraordinaria, amplia y urgente, de carácter permanente para todas las personas en situación administrativa irregular en el Estado español; que el procedimiento que se implemente ponga en el centro a las personas migrantes como sujetos de derechos y que garanticen su acceso y promoción; la resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y protección internacional en trámite; la liberación inmediata de todas las personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros, archivo de los expedientes de devolución y expulsión y el cierre definitivo y permanente de estos centros; el traslado urgente a las personas que se encuentran en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla para garantizar su salud, así como sus derechos; y el fin de las devoluciones en caliente y/o exprés a las personas que llegan a Ceuta y Melilla y traslado seguro y de manera rápida a la península donde se les garantice un recurso de acogida efectivo. Reclaman, asimismo, la derogación completa de la Ley de Extranjería.

Concluyen que: “Frente al virus que no reconoce fronteras, derribemos las políticas que nos sitúan en condición de NO derecho, nos racializan y nos invisibilizan. Impulsemos la construcción de una sociedad que ponga la vida en el centro, como una alternativa que erradique el capitalismo, el despojo y la violencia estructural. Que promueva la calidad de vida como modelo de estado colectivo, justo, equitativo, con reconocimiento de los derechos humanos y el cuidado de la vida.”







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