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Red Internacional

En el fuero federal se emplió la persecución a activistas del “No a la Mina” en el marco de la investigación de los hechos ocurridos durante la visita del Presidente a Lago Puelo. Mientras, el Poder Judicial de Chubut investiga el “ataque” al móvil policial en que huyeron los supuestos infiltrados que, como denuncian los activistas, provocaron el incidente.

Lunes 12 de abril | 11:02
Guido Otranto, Jorge Criado y Carlos Díaz Mayer

El miércoles 7 de abril el juez federal Guido Otranto, a cargo del Juzgado Federal de Esquel, envió el pedido de notificación a cargo de la Policía Federal a trece imputados en la causa “NN/Sobre averiguación de delito”, referida a los hechos ocurridos el 13 de marzo durante la visita presidencial a la Comarca Andina.

La causa entiende sobre la rotura de los vidrios del furgón de la Administración de Parques Nacionales que transportaba a la comitiva presidencial a su salida del Centro Cultural de Lago Puelo en medio de una protesta de vecinos indignados por la presencia del gobernador Mariano Arcioni a solo cuatro días de los incendios que arrasaron cerca de 400 casas.

Algunos de los citados a declarar los días 21, 23 y 26 de abril fueron víctimas de la campaña de estigmatización impulsada por el ministro de Seguridad provincial, Federico Massoni, en su conferencia de prensa virtual el 16 de marzo, y sufrieron allanamientos en sus domicilios el mismo día y en días posteriores cuando se trataba de entregar una simple notificación a comparecer en sede judicial.

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Algunas personas citadas esta vez no estuvieron en dicho pedido de notificación, con lo cual hay preocupación por posibles nuevos allanamientos “expeditivos”. Asimismo, el documento menciona el desconocimiento del domicilio de algunos de los acusados, por lo que solicita una “compulsa de las bases de datos” a fin de notificar a los citados para el 26 de abril, entre quienes se incluye a una menor de edad.

En paralelo, el juez penal de Esquel Jorge Criado, lleva adelante una causa en la que se investiga el “ataque” a la Renault Duster gris, perteneciente a la unidad de investigaciones de la Policía de Esquel. En esta causa están imputadas seis personas que sufrieron los allanamientos ordenados el pasado 16 y 18 de marzo. Se trata del móvil en que se denuncia escaparon los infiltrados que habrían lanzado las piedras contra el transporte presidencial, y que tuvo repercusión nacional a través de los medios.

El fiscal interviniente en esta causa no es otro que Carlos Díaz Mayer, cargo de la investigación sobre los incendios ocurridos en la Comarca Andina, un reconocido operador de intereses inmobiliarios en contra de comunidades mapuche, en cuyo historial se incluyen detenciones ilegales, heridos de bala de plomo y hasta torturas como en el caso de los detenidos en el marco del operativo contra la Pu Lof en Resistencia Cushamen en 2017.

Pero también Díaz Mayer fue uno de los defensores de las cortinas de humo que durante la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado lanzó la entonces ministra Patricia Bullrich para entorpecer su búsqueda y luego en el encubrimiento de las responsabilidades de la Gendarmería.

Un perfil que aparentemente comparte con el juez Criado, quien en 2020 fue denunciado ante el Inadi por discriminación contra una mujer de la comunidad mapuche en un caso que implica el intento de apropiación de sus tierras por parte de empresarios locales. La abogada Sonia Ivanoff, representante legal en aquella causa, declaró que “pueblos indígenas, mujeres y organismos y defensores de derechos humanos siempre le han generado (al fiscal) opiniones contrarias a los derechos humanos, y que revelan su pensamiento colonial, patriarcal y racista”.

Pero en el caso del Poder Judicial federal, la situación no es mucho mejor. Guido Otranto fue denunciado por mal desempeño de sus funciones por la familia Maldonado que a su vez pidió se lo aparte del caso luego de conocerse que había ordenado intervenir sus teléfonos. Su accionar en el caso incluyó dilación en los tiempos de investigación, falsas pericias, encubrimientos, y toda una serie de maniobras tendientes a impedir acceder a la verdad de lo ocurrido con Santiago aquel 1 de agosto de 2017 en el marco del operativo de la Gendarmería.

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En mayo de 2018, Myriam Bregman del PTS-FIT, Victoria Donda de Libres del Sur, junto al por entonces diputado del Frente para la Victoria y hoy secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, solicitaron al Consejo de la Magistratura el juicio político a Otranto por su desempeño en la causa Maldonado, entre otras irregularidades, ante la posibilidad de su nombriento como camarista en Río Negro.

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Ayer denunciante, hoy Pietragalla como parte del gobierno del Frente de Todos calla ante la opereta judicial de criminalizacion de la protesta que el mismo Otranto lleva adelante en defensa de plan minero de Alberto Fernández y Arcioni. Lo mismo podría decirse de Donda, titular del Inadi donde tramita la denuncia contra Criado.

Es por este prontuario de los miembros del Poder Judicial, y ante la evidente intención del Ejecutivo provincial y nacional de avanzar en la criminalización de quienes se manifestaron aquel 13 de marzo, que algunos de los imputados se convocan ante la sede judicial federal de Esquel este lunes a las 12.

Este entramado político judicial está en función de criminalizar la lucha antiminera y particularmente la lucha del pueblo mapuche por su territorio. Con esta triada judicial que goza de absoluta impunidad a pesar de su prontuario, el desarrollo de una causa armada en función de ello está asegurada. Sólo con la movilización y la lucha en las calles lograremos detener esta avanzada criminalizadora de la lucha y la protesta social.




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